La tragedia del fentanilo contaminado dejó al menos 18 muertes en La Plata, derivó en una megacausa federal y desató un reclamo nacional por justicia.
El 2025 quedó atravesado en La Plata por una de las peores tragedias sanitarias de las últimas décadas: el uso de fentanilo contaminado que provocó al menos 18 muertes en la ciudad, desató una megacausa judicial, expuso fallas estructurales en el control de medicamentos y empujó a decenas de familias a una lucha pública por justicia y reparación.
La noticia explotó el 13 de mayo y tuvo impacto nacional. Ese día se conoció que pacientes del Hospital Italiano de La Plata habían fallecido tras recibir fentanilo contaminado. El caso sacudió al sistema de salud y encendió alarmas en todo el país, pero el origen de la investigación se remonta a días anteriores, cuando las autoridades del propio hospital notificaron la situación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
La feroz interna de la UOCRA dejó un hospital devastado y 19 detenidos. La causa avanzó con procesamientos, detenidos, prófugos y un juicio listo para 2026.
El asesinato de Kim Gómez sacudió al país, reavivó el debate sobre imputabilidad, desató una fuerte pelea política y embanderó a su papá en un lucha social.
A partir de esa alerta temprana, la ANMAT emitió una advertencia a todo el sistema sanitario, prohibió de manera inmediata el uso del lote involucrado, ordenó su retiro y avanzó con una denuncia penal que quedó en manos de la Justicia Federal de La Plata. Desde entonces, el juez Ernesto Kreplak conduce una investigación que no dejó de crecer en volumen, gravedad y alcance.
La secuencia reconstruida en el expediente indica que todo comenzó con lo que, en principio, fue detectado como un brote infeccioso inusual. Pacientes internados en distintos sectores críticos del Hospital Italiano empezaron a presentar fiebre, bacteriemia e hipotensión. En la mitad de los casos, el cuadro derivó en un shock séptico fatal.
El propio hospital realizó estudios de laboratorio que dieron resultados alarmantes. Las muestras fueron enviadas a la autoridad sanitaria nacional y luego confirmadas por el Instituto Malbrán. El foco estaba puesto en un medicamento de uso habitual en terapias intensivas: el fentanilo.
El propio Hospital Italiano presentó resultados alarmantes tras el fallecimiento de los pacientes con el foco puesto en el fentanilo
El brote dejó al descubierto una falla grave en la cadena de producción, control y distribución de un medicamento crítico. El Ministerio de Salud instruyó la suspensión inmediata del uso del lote afectado, su retiro de todos los sectores hospitalarios y la notificación obligatoria de casos sospechosos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
Con el avance de la causa, el juez Kreplak aceptó al Hospital Italiano como querellante, una decisión clave que la reconoce formalmente como víctima. El centro de salud fue uno de los primeros en detectar un patrón anómalo: el área de Microbiología identificó bacterias que no formaban parte del ecosistema hospitalario habitual.
Los hallazgos se dieron en pacientes internados en Terapia Intensiva, Cuidados Vasculares y el Pabellón de Trasplantes. A partir de allí se activó el protocolo interno de investigación a cargo del Equipo de Control de Infecciones, que logró vincular los casos directamente con el suministro de fentanilo.
Del análisis de las historias clínicas surgió un dato determinante: todas las personas afectadas habían recibido ese fármaco. Los estudios detectaron la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Los lotes contaminados habían sido producidos por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Los estudios detectaron la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii
Mientras la investigación avanzaba, el número de muertes asociadas al fentanilo adulterado fue creciendo. Al mismo tiempo, comenzaron a difundirse imágenes y documentos que complicaron aún más a los laboratorios involucrados: anotaciones internas, fórmulas químicas, registros de calidad y material sensible que pasó a formar parte del expediente judicial.
También se conocieron datos que profundizaron el escándalo. Salió a la luz que el laboratorio detrás del fentanilo contaminado trasladaba medicamentos en un camión de pochoclos. Se detectó falsificación de certificados y se supo que la ANMAT había emitido más de un centenar de expedientes con observaciones técnicas sobre esas firmas.
Entre las irregularidades señaladas figuran faltantes de registros obligatorios, controles de calidad no documentados, trazabilidad incompleta de ingredientes e insumos y controles microbiológicos incompletos. A eso se sumaron chats internos que impactaron de lleno en la causa. En uno de ellos, el director de Manufactura de HLB Pharma y director general de Laboratorios Ramallo, Javier Tchukran, escribió: "Me parece que no queda otra cosa que mentir".
La preocupación creció cuando se confirmó que la Justicia federal había logrado confiscar apenas la mitad de las ampollas de fentanilo contaminado. Otras seguían "pendientes de ubicación". Recién en noviembre, la Policía Federal recuperó más de 82 mil ampollas durante allanamientos en droguerías, sanatorios y clínicas de La Plata, Junín, Olavarría, Bahía Blanca, Balcarce, Chivilcoy y también en Santa Fe, Córdoba y Formosa.
Ese operativo formó parte del Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado, instruido por el Ministerio de Seguridad nacional. Aún así, el alcance real de la distribución del medicamento adulterado sigue siendo uno de los puntos más sensibles del expediente.
El escándalo sumó otro capítulo cuando una ex trabajadora de HLB Pharma rompió el silencio y denunció que se falsificaban análisis microbiológicos, se reutilizaban filtros contaminados y se enviaban al mercado medicamentos infectados, mientras la ANMAT recibía informes manipulados.
Además, se supo que el laboratorio productor del fentanilo mortal había tenido una orden de clausura previa al episodio que nunca se ejecutó. En 2019, una inspección de la ANMAT detectó graves fallas en HLB Pharma y dispuso su cierre, pero la medida no se aplicó.
Con ese contexto, en La Plata comenzó a gestarse un descontento social que rápidamente tomó forma. El 31 de julio, familiares, amigos y allegados de las víctimas marcharon por primera vez para exigir justicia, sanciones a los responsables y reparación. La movilización partió desde el Parque San Martín y llegó hasta el Hospital Italiano, donde se registraron al menos 18 muertes.
Fue la primera manifestación pública desde que se inició la investigación judicial. Allí, las familias se reconocieron en el dolor, se abrazaron y caminaron juntas hasta el centro de salud. El mensaje fue claro y contundente: "Lo que hicieron los dueños del laboratorio no fue un error, fue un crimen".
Aunque el caso se conoció inicialmente por lo ocurrido en La Plata, con el correr de las semanas se confirmaron situaciones similares en centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce, Pinamar, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Formosa, lo que terminó de dimensionar la magnitud nacional de la tragedia.
El 13 de agosto, Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, habló públicamente por primera vez en una entrevista televisiva. Negó responsabilidades y pidió investigar si existió un sabotaje en la producción. En ese contexto, lanzó una frase que quedó marcada: "Si tengo algo que ver que me corten la cabeza".
Poco después, el juez Ernesto Kreplak procesó a 14 directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por la distribución de fentanilo contaminado. García Furfaro quedó detenido y recibió un embargo récord de un billón de pesos. Entre los imputados figuran también su hermano Diego García, acusado por adulteración con resultado de muerte, y su madre Nilda Furfaro, con rol gerencial, procesada con prisión domiciliaria.
La imputación central contra el empresario es por "adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte", en concurso con "adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud", delitos que prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión.
En paralelo, comenzaron a conocerse los primeros informes periciales. El Cuerpo Médico Forense elevó a la Justicia Federal un documento que estableció que el fentanilo agravó los cuadros médicos de las víctimas, lo que se conoce como "nexo concausal".
En ese informe se analizaron nueve muertes ocurridas en La Plata. Ocho pacientes presentaron ese nexo concausal: Néstor Gabriel Carri, Luis Eduardo Zabala, Celia Noemí Hernández, Luis Miguel Martínez, Héctor Alfredo Padín, Ludmila Angélica Paz, Stella Maris Saddemi y Renato Nicolini. La mayoría de los casos se registraron entre marzo y abril y los fallecimientos ocurrieron, a más tardar, en mayo.
El único caso considerado de "nexo causal fortuito" fue el de Silvina Paola Stella, una paciente de 57 años con cáncer renal metastásico en cuidados paliativos. Aunque presentó bacteremia asociada al brote, se determinó que su enfermedad de base explicaba el desenlace.
A ese listado se suman otras nueve víctimas oficiales en La Plata: Leonel Ayala, Santiago Castillo, Daniel Oviedo, Rodolfo Oscar Moya, Edith Inés Garcés, Bautista Mena Báez, Héctor Jorge Llanos, Oscar Álvarez y Claudio Marcelo Metzler. Además, hay familias que reclaman la incorporación de nuevos nombres al registro oficial.
El perito Juan Manuel De Rosa, que representó a varias familias, fue contundente: "El fentanilo ayudó, y de manera significativa. Contribuyó al daño que se provocó y en muchos casos en el fallecimiento".
En medio del avance judicial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta internacional por el fentanilo contaminado en Argentina y ordenó su retiro. El 22 de agosto, bajo un fuerte operativo de seguridad, García Furfaro fue indagado en los tribunales federales de La Plata, junto a otros imputados considerados piezas clave de la estructura empresarial.
Mientras tanto, las familias denunciaron la parálisis de la Comisión Investigadora en el Congreso. Tras semanas de presión, el 18 de septiembre Diputados creó finalmente una comisión con facultades para solicitar informes a la ANMAT, la Aduana y el Ministerio de Seguridad.
En el último tiempo, la cifra de muertes investigadas a nivel nacional ascendió a 173. El reclamo volvió a hacerse oír el pasado martes 16 de diciembre, cuando los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado realizaron una nueva marcha en La Plata. La concentración fue en Plaza Moreno y buscó mantener vivo el recuerdo de quienes murieron, además de reafirmar el pedido de justicia, sanciones a los responsables y una respuesta concreta del Estado.
Así, el caso del fentanilo contaminado se consolidó como uno de los operativos sanitarios y judiciales más extensos del país. Para La Plata, dejó una marca profunda: dolor, preguntas sin responder y una lucha que las familias aseguran no van a abandonar.
La AGN reactivó su participación en el caso y dará un paso clave para auditar a la ANMAT junto a familiares de las 173 víctimas registradas.
Al cumplirse 13 años de la tragedia en La Plata, los vecinos nucleados en asambleas vuelven a marchar por respuestas, obras y políticas de prevención.