La tragedia sanitaria que conmueve al país volvió a poner bajo la lupa el historial de irregularidades de HLB Pharma Group, la firma del empresario Ariel García Furfaro, hoy detenido por la contaminación de fentanilo que derivó en casi un centenar de muertes -de las cuales al menos 15 de ellas fueron en La Plata-. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había recomendado su clausura en 2019.
En las últimas horas se confirmó que en 2019, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) inspeccionó la planta y concluyó que operaba en un nivel "NO aceptable" de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). La recomendación fue contundente: clausurar el establecimiento, prohibir la comercialización de sus productos en todo el país y retirar del mercado el Omeprazol que fabricaba sin autorización.
La medida, sin embargo, nunca se ejecutó durante la gestión de Mauricio Macri y de su ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Incluso, en julio de ese mismo año, la entonces jefa de Medicamentos de ANMAT, Gabriela Vedoya, había elevado el expediente sugiriendo la clausura, y en septiembre la Dirección de Inspección pidió inhabilitar la planta. Nada ocurrió.
Fentanilo
El laboratorio del fentanilo mortal había sido inspeccionado en 2019 y ordenaron su clausura, pero la medida no se ejecutó
Las fallas en la producción de HLB Pharma
El informe de ANMAT detallaba severas falencias: falta de un jefe de Garantía de Calidad, personal sin formación específica, deficiencias en la calificación de equipos, validación de procesos y limpieza, control de cambios, manejo de reclamos y devoluciones, y ausencia de estudios de estabilidad de los productos en el mercado.
Los antecedentes muestran que tanto HLB Pharma como Laboratorios Ramallo, también propiedad de García Furfaro, acumularon incumplimientos durante distintos gobiernos sin que se aplicaran sanciones.
HLB Pharma
El laboratorio HLB Pharma está siendo investigado por las al menos 96 muertes en el país por fentanilo contaminado
Hoy, tras la catástrofe sanitaria por el fentanilo adulterado, la Justicia investiga no solo a la empresa y a su dueño, sino también a los organismos de control que desoyeron durante años las advertencias que pudieron haber evitado la tragedia.
