El presidente Javier Milei envió el Presupuesto 2026 que modifica la inversión en ciencia y educación. Consideran que está "un tercio debajo" de lo necesario.
El Gobierno elevó al Congreso nacional el Presupuesto 2026, que asigna $4,8 billones a las universidades de todo el país y prevé la eliminación de los pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología. La medida generó un fuerte rechazo en el sector y las autoridades académicas, que entienden que esa cifra es, a todas luces, insuficiente.
A tan solo un día de la Marcha Federal Universitaria, la discusión de la Ley de Leyes ya avizora un nuevo frente de conflicto: el Artículo N°30 de la iniciativa elevada por el Ejecutivo argentino deroga la obligación establecida en la Ley N°26.206 de destinar al menos un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sistema educativo, vigente desde 2006 pero cumplida apenas un año desde entonces; y también deja sin efecto los pisos del 0,52% del PBI para ciencia y tecnología y el 0,2% para educación técnico profesional y los fondos de los institutos de Defensa.
El gremio le pidió por nota al jefe comunal que convoque a los sindicatos y otorgue una recomposición salarial para los empleados comunales.
En cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció que se destinarán $4,8 billones a las casas de altos estudios. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que las universidades necesitan $7,32 billones en 2026 para garantizar salarios, gastos operativos y programas.
"Los anuncios no son una buena noticia. El presupuesto está un tercio por debajo de lo que las universidades requieren para funcionar normalmente", señaló el secretario general de Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Carlos De Feo, quien advirtió que la eliminación de la Ley de Financiamiento Universitario "desarticula de manera permanente sistemas estratégicos como la ciencia y la defensa".
En paralelo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) implementó un plan de restricción de gastos operativos que prohíbe el uso de calefacción y aire acondicionado, y limita proyectos de extensión e investigación, excepto en hospitales universitarios.
La secretaria general de la Asociación de Docentes, Extensionistas e Investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (ADEIUNAJ), Clara Chevalier, alertó sobre la crisis. "Hay docentes universitarios que hacen delivery para llegar a fin de mes", sentenció la dirigente y se sumó, con ello, a las declaraciones del propio presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, quien al aire del programa Primer Intento en el streaming de 0221.com.ar también dio cuenta del rápido y dramático deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios.
El Presupuesto 2026 también se cruza con la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por Milei y revertida en Diputados. Según el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci, su implementación requería apenas un 0,14% del PBI: "Era una inversión marginal que aseguraba la continuidad del sistema hasta fin de año".
El proyecto aprobado incluye recomposición salarial para docentes y nodocentes y una suba escalonada del presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
En ese marco, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también criticó la decisión presidencial. "El costo asignado es del 0,1% del PBI, mientras que la rebaja en Bienes Personales significó un 0,41% del PBI", apuntó al respecto el dirigente universitario.
Ahora, la discusión pasó al Senado. Si la Cámara alta respalda la postura de Diputados, el veto presidencial quedará sin efecto y el Ejecutivo estará obligado a promulgar la norma.