La Cámara de Senadores avanzará contra la decisión presidencial tras el rechazo en Diputados y buscará blindar al Garrahan y el presupuesto universitario.
En la sesión que se realizó el pasado 21 de agosto, la Cámara de Senadores le puso un freno al presidente Javier Milei e insistió con dos proyectos que el Ejecutivo había vetado. La Cámara alta respaldó en esa jornada la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.
El Senado dejó en aquel encuentro un mensaje contundente: la emergencia pediátrica obtuvo 62 votos a favor, mientras que el blindaje del financiamiento universitario alcanzó 58 adhesiones sobre un total de 72 bancas. Ambas iniciativas superaron cómodamente los dos tercios requeridos, y sobre ese escenario es que ahora se volverá a tratar el veto de Milei.
Estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de las universidades se suman a la Marcha Federal Universitaria en reclamo de más financiamiento.
Desde la estación de trenes y en micros desde distintos puntos de La Plata, arrancó la tercera Marcha Federal Universitaria por la Ley de Financiamiento.
En el caso del financiamiento al Hospital Garrahan, los siete senadores libertarios y la legisladora del PRO Carmen Álvarez Rivero votaron en contra, mientras que el peronista disidente Juan Carlos Romero y el jefe del PRO, Alfredo De Ángeli, estuvieron ausentes.
La votación por los recursos para las universidades tuvo un escenario distinto. Allí Romero se abstuvo, lo mismo que las senadoras del PRO Andrea Cristina y Victoria Huala. Los diez votos negativos sumaron a los libertarios, Rivero, la radical Carolina Losada y el misionero Martín Goerling. De Ángeli volvió a ausentarse.
Después del rechazo al veto de Milei que sentenciaron los diputados el último jueves, el Gobierno nacional tiene un escenario complicado en el Senado cuando vuelvan a tratarse las medidas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo.
Uno de los puntos clave de la ley sobre el Garrahan dispone "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".
También se establece "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial" con equiparación para funciones críticas. El texto aclara que esa recomposición no podrá ser inferior al poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.
El personal de Salud pública y privada quedará eximido del pago de Ganancias por actividades críticas, horas extras y guardias. Además, la norma declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de más de $65.000 millones hasta diciembre.
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada también fija que el presupuesto universitario se actualizará al 1º de enero de 2025, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) entre mayo y diciembre de 2024. Durante este año, las subas serán bimestrales.
El Ejecutivo, además, deberá recomponer salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje nunca inferior a la inflación del período. La norma obliga a convocar paritarias trimestrales y asegura actualizaciones mensuales que acompañen el IPC.