El gobierno de Axel Kicillof postergó el cobro de sanciones a Edelap, Edea, Eden y Edes en busca de garantizar la sustentabilidad del servicio.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender el cobro de multas y sanciones a distribuidoras eléctricas como Edelap, Edea, Eden y Edes. La medida, publicada en el Boletín Oficial, regirá hasta la entrada en vigencia de la próxima Revisión Tarifaria Integral (RTI) y busca garantizar la sustentabilidad del servicio en medio de la transición tarifaria.
La decisión, oficializada este jueves en el Boletín Oficial por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor del primer cuadro tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente de empeorar la economía y criticó sus mensajes de campaña.
El entendimiento fue anunciado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; y con ello terminan los juicios iniciados contra el Estado provincial.
La normativa indica que las distribuidoras no deberán acreditar a los usuarios las penalizaciones acumuladas desde junio de 2017 ni las que se apliquen en adelante, tampoco pagar sanciones administrativas firmes. Sin embargo, estas obligaciones no se eliminan: se registrarán en cuentas contables específicas que estarán bajo auditoría del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y de la cartera de Infraestructura.
El objetivo es aliviar la situación financiera de las empresas en plena transición tarifaria, vigente desde 2020 tras la emergencia económica y sanitaria. El gobernador Axel Kicillof pidió en las últimas semanas acelerar el proceso de RTI para normalizar el esquema de tarifas eléctricas.
El destino de los montos acumulados se definirá en la próxima revisión, que evaluará si deben acreditarse a los usuarios, destinarse a inversiones u otro fin previsto en la normativa.
El gobierno provincial busca ordenar las tarifas del servicio eléctrico, atrasadas desde la gestión de María Eugenia Vidal y profundizadas por el impacto de la pandemia. A fines de agosto se dispuso avanzar en la RTI para fijar valores más justos en función de los costos reales.
Aunque la Legislatura no autorizó a Kicillof a extender la etapa de transición tarifaria, la Subsecretaría de Energía ya trabaja con cooperativas y distribuidoras para poner en marcha la revisión. Estas entidades sostienen que el nuevo esquema permitirá equilibrar costos y garantizar la continuidad del servicio.
En paralelo, la Provincia firmó acuerdos con Edenor y Edesur para reconocer de forma excepcional las deudas derivadas de la antigua Tarifa Social Eléctrica. Se trata de los montos acumulados entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2024, durante el traspaso al nuevo esquema de bonificaciones. El convenio implica un pago total de $24.737 millones, que se abonarán en cuatro cuotas trimestrales hasta junio de 2026. En detalle, el acuerdo con Edenor asciende a $17.691 millones, mientras que el de Edesur equivale a $7.046 millones.
La medida tendrá carácter cancelatorio, final y definitivo respecto del viejo régimen de tarifa social y busca evitar que los usuarios más vulnerables deban afrontar refacturaciones con costos adicionales.