Se reprodujeron grabaciones que comprometen a tres acusados. Un comisario admitió falencias y el juez recordó el fallo que fija límites a las escuchas telefónicas.
El juicio oral a la presunta banda de falsos policías y piratas del asfalto que simulaba allanamientos para robar autos de alta gama y camiones en La Plata sumó este jueves uno de los capítulos más sensibles del debate: salieron a escena las escuchas telefónicas que habían aparecido tras haber sido dadas por perdidas en el arranque del proceso.
La reproducción de los audios reordenó el tablero dentro de la sala del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata. Según pudo reconstruirse durante la audiencia, los acusados Carlos Alberto Julio Locatelli, alias “El Viejo”, Claudio Díaz y Ricardo Roberto Leonard aparecen como los más comprometidos en las grabaciones incorporadas como prueba. En cambio, Germán Enrique Grossi y Federico Ramírez no figuran en ninguna de las escuchas reproducidas hasta el momento, un dato que fue subrayado por las defensas en pleno debate.
Vecinos de La Plata denuncian intentos de entraderas durante la madrugada y advierten que una banda de delincuentes mantiene en vilo a Villa Castells.
El debate se iniciará tras reordenamientos procesales. Uno de los acusados firmó un juicio abreviado. Otro llega con diez años de proceso y falta de mérito.
El proceso tiene en el banquillo a Locatelli -señalado como el organizador de la presunta asociación ilícita-, Claudio Díaz, Germán Grossi, Ricardo Leonard y Federico Ramírez. El resto de los imputados fue condenado en juicios abreviados. La acusación está a cargo del fiscal Juan Pablo Caniggia y el veredicto quedará en manos del TOC I de La Plata, integrado por Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Hernán Decastelli, con la secretaría de Pablo Agustín Cappelletti.
Durante la audiencia declaró el comisario Pablo González, quien aportó detalles sobre la investigación, el trabajo del personal policial y el uso de las escuchas telefónicas. En su testimonio reconoció que muchas veces el personal con el que se trabaja no es el idóneo por falta de capacitación, una afirmación que no pasó desapercibida para el tribunal.
Consultado por el defensor Ricardo Callaba, González admitió que no conoce a Federico Ramírez, que Ramírez no aparece en las escuchas telefónicas reproducidas en el debate y que no recuerda en qué lugar se secuestró el teléfono a nombre de Federico Ramírez que, según quedó acreditado en audiencias previas, era utilizado por su padre Francisco Ramírez, alias “El Negro Panti”, un conocido pirata del asfalto del conurbano sur ya fallecido.
Uno de los pasajes más salientes de la jornada se produjo cuando el juez Ramiro Fernández Lorenzo realizó una serie de preguntas aclaratorias al testigo González sobre cómo se justificó el pedido de intervenciones telefónicas en la causa y qué criterios se utilizaron para solicitar esas medidas de injerencia en la privacidad. El comisario no supo responder con precisión.
Ante esa falta de respuestas, y con tono respetuoso, el magistrado le recomendó leer el fallo “Quaranta” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado el 31 de agosto de 2010 y firmado, entre otros, por la ex jueza Carmen Argibay. Ese precedente fijó un límite constitucional a las intervenciones telefónicas, al establecer que solo pueden ordenarse cuando están debidamente justificadas y basadas en elementos objetivos de prueba, ya que se trata de una medida de extrema gravedad que afecta derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad. El mensaje del tribunal fue claro: no cualquier sospecha habilita una escucha, y las órdenes judiciales deben estar fundadas en indicios concretos.
En relación con la falta de capacitación del personal policial mencionada por el testigo, el propio juez Fernández Lorenzo fue tajante al señalar que “es una falencia del Estado”, dejando expuesta una problemática estructural que atraviesa muchas investigaciones complejas.
Las escuchas telefónicas son uno de los pilares de la causa que investigó la presunta organización dedicada a entraderas, robos de camiones, desguace de vehículos y comercialización de autopartes en el mercado negro. Durante la instrucción se las utilizó para reconstruir roles, jerarquías internas y un lenguaje en clave para referirse a motores, cabinas, grúas hidráulicas y al “enfriado” de los vehículos robados.
En el debate oral, sin embargo, ese material está siendo examinado con lupa. Las defensas vienen cuestionando la forma en que se pidieron las intervenciones, la capacitación del personal que intervino en la investigación y la fidelidad de las transcripciones, y ahora suman un dato que impacta en la situación de algunos imputados: dos de los acusados que llegaron a juicio no aparecen en los audios reproducidos hasta el momento.
El juicio continuará este viernes con una nueva audiencia en la que se seguirá con la reproducción de escuchas telefónicas y la producción de pruebas por parte de la fiscalía y las defensas. Con cada audio que se incorpora, el escenario del debate se mueve, y el tribunal empieza a marcar límites claros sobre cómo deben haberse obtenido y justificado las pruebas que hoy se discuten en la sala, a 10 años del inicio del expediente.