El debate se iniciará tras reordenamientos procesales. Uno de los acusados firmó un juicio abreviado. Otro llega con diez años de proceso y falta de mérito.
Después de una década de idas y vueltas judiciales, faltas de mérito y una causa que durante años avanzó a paso lento por los tribunales penales de La Plata, este miércoles se reperfiló finalmente el inicio del juicio oral para una presunta banda de falsos policías acusada de simular allanamientos para cometer robos a mano armada, principalmente de vehículos de alta gama y camiones con mercadería en tránsito.
El debate se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, con la acusación a cargo del fiscal Juan Pablo Caniggia, y tiene su origen en una investigación compleja instruida por el entonces fiscal Marcelo Romero —hoy jubilado—, que logró reconstruir, según la hipótesis acusatoria, el funcionamiento de una organización criminal integrada por al menos once hombres con roles diferenciados y una estructura jerárquica.
Vecinos de La Plata denuncian intentos de entraderas durante la madrugada y advierten que una banda de delincuentes mantiene en vilo a Villa Castells.
La causa por el crimen de Kim Gómez avanza en La Plata y el debate oral contra uno de los acusados iniciará en febrero.
La agenda del juicio debió ser modificada en las últimas horas. Uno de los imputados firmó un acuerdo de juicio abreviado, lo que obligó a reordenar el debate, que ahora comenzará el lunes 9 de febrero y se prevé que se extienda por no menos de cinco audiencias consecutivas. A ese escenario se sumó otra novedad procesal: el martes 3 de febrero por la tarde renunció la defensa de uno de los acusados, quien deberá ahora designar un nuevo abogado particular o aceptar la defensa oficial asignada.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, la banda funcionaba como una asociación ilícita estable, organizada para cometer delitos de manera reiterada contra la propiedad automotor. En la cúspide de esa estructura aparece Carlos Alberto Julio Locatelli, alias "El Viejo", señalado como el jefe u organizador.
Según la acusación, Locatelli actuaba como nexo central entre los integrantes, impartía directivas, definía los objetivos en función de la demanda del mercado negro, financiaba las operaciones y distribuía el dinero obtenido. Un elemento clave del expediente es que era propietario de un comercio del rubro “desarmadero”, que habría sido utilizado como engranaje fundamental del negocio ilícito: allí se reducían los vehículos robados, se desarmaban, se adulteraban numeraciones de motor y chasis y se ocultaban autopartes.
Como colaborador inmediato del organizador fue identificado Gustavo Horacio Branca, quien cumplía funciones de apoyo directo en la coordinación de las maniobras delictivas y en el contacto con el resto de los integrantes.
El brazo operativo de la organización estaba conformado por los denominados “brazos ejecutores”. En ese grupo, la acusación ubica a Federico Luis Ramírez (alias "Fede"), Leonardo Caruso (alias "Leo"), Claudio Miguel Díaz y Pedro Antonio Portolan, quien firmó un juicio abreviado.
El modus operandi era siempre similar: simulaban procedimientos policiales mediante la modalidad de "entradera". Para ello utilizaban chalecos con la inscripción "Policía", pasamontañas, armas de fuego y equipos de radiofrecuencia similares a los de las fuerzas de seguridad. De ese modo lograban que las víctimas abrieran las puertas de sus viviendas, creyendo que se trataba de un allanamiento legítimo.
Una vez dentro, reducían a los moradores y sustraían vehículos de alta gama. En otros casos, interceptaban camiones en la vía pública, secuestraban a los choferes y se apoderaban tanto del rodado como de la mercadería transportada.
La estructura criminal se completaba con un circuito logístico destinado a asegurar la impunidad y la ganancia económica. German Enrique Grossi, Ricardo Roberto Leonard (alias “Ricky”) y otros colaboradores identificados como “NN Sergio” y “NN el Polco” se encargaban del traslado y ocultamiento de vehículos y autopartes.
El desguace y la adulteración de numeraciones identificatorias quedaban a cargo de José Alberto Milone (alias “Beto”) y del propio Pedro Portolan. También aparece mencionado un sujeto identificado como “NN Felipe”, especializado en el despiece de camiones.
El destino final de lo sustraído era la comercialización en el mercado negro, ya sea de los vehículos completos o por partes, a valores muy inferiores al precio comercial.
Uno de los ejes centrales de la investigación fueron las escuchas telefónicas y el análisis de comunicaciones. La banda utilizaba un lenguaje en código para evitar ser detectada: “corazón” para el motor, “gallinita” o “plumita” para la grúa hidráulica, “sombrero” para la cabina del camión y “enfriar” para dejar un vehículo robado estacionado y verificar si tenía rastreo satelital.
Los informes de Nextel y VAIC, las transcripciones de escuchas, la geolocalización por impacto de celdas, el análisis de redes sociales, testimonios de víctimas y policías, tareas de inteligencia, allanamientos, pericias balísticas y seguimientos satelitales conforman el cuerpo probatorio que será analizado durante el juicio.
La acusación fiscal se estructura en cuatro hechos principales, todos imputados en concurso real. El primero refiere a la asociación ilícita. El segundo imputa un robo triplemente calificado —por el uso de arma de fuego, mercadería en tránsito y poblado y en banda— en concurso ideal con la privación ilegal de la libertad del chofer de un camión.
El tercer hecho corresponde a un robo doblemente calificado en una vivienda, mientras que el cuarto imputa otro robo de camión, también agravado y en concurso ideal con la privación ilegal de la libertad de la víctima.
En ese contexto, el abogado Ricardo Callabá, defensor de Federico Ramírez, volvió a insistir con la inocencia de su asistido y adelantó que pedirá la absolución.
“No hay pruebas que lo involucren. Lleva diez años procesado, estuvo detenido cinco días hasta que le dictaron la falta de mérito. Lo acusan de una entradera, pero al momento de ese hecho estaba en un salón de fiestas, en un cumpleaños. Tenemos testigos y fotos que lo acreditan”, sostuvo el letrado en diálogo con este medio.
El juicio se desarrollará en varias jornadas consecutivas en el fuero Penal de La Plata. Diez años después del inicio de la investigación, la causa llega finalmente al momento decisivo, con un debate que pondrá a prueba la solidez de la acusación y la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.