La causa llega a su etapa decisiva en La Plata, con audiencias que evaluarán la responsabilidad penal de los falsos policías y sus cómplices.
Después de más de 10 años de investigaciones, idas y vueltas judiciales y varias reprogramaciones, este lunes comienza en La Plata el juicio oral contra una presunta banda de falsos policías acusada de simular allanamientos para cometer robos a mano armada, principalmente de vehículos de alta gama y camiones con mercadería en tránsito.
El debate se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, con la acusación a cargo del fiscal Juan Pablo Caniggia. La causa se originó en una compleja investigación del entonces fiscal Marcelo Romero, quien logró reconstruir el funcionamiento de una organización criminal con jerarquía y roles diferenciados.
El debate se iniciará tras reordenamientos procesales. Uno de los acusados firmó un juicio abreviado. Otro llega con diez años de proceso y falta de mérito.
La Justicia de La Plata fijó fecha para el juicio Juan Ignacio Buzali, quien es acusado de intentar matar a dos jóvenes a los que confundió con motochorros.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la banda estaba integrada por al menos once hombres y funcionaba como una asociación ilícita estable, organizada para cometer delitos de manera reiterada contra la propiedad automotor. Carlos Alberto Julio Locatelli, alias "El Viejo", aparece señalado como jefe y organizador de la estructura.
Locatelli, según la acusación, definía objetivos según la demanda del mercado negro, financiaba las operaciones y distribuía las ganancias. Además, era propietario de un desarmadero que habría servido como engranaje central del negocio: allí se reducían vehículos robados, se adulteraban numeraciones de motor y chasis y se ocultaban autopartes.
Como colaborador directo del organizador fue identificado Gustavo Horacio Branca, quien coordinaba maniobras delictivas y mantenía contacto con el resto de los integrantes. Por su parte, el brazo operativo estuvo conformado por Federico Luis Ramírez, Leonardo Caruso, Claudio Miguel Díaz y Pedro Antonio Portolan, este último con un juicio abreviado.
El modus operandi de la banda consistía en simular procedimientos policiales mediante entraderas. Utilizaban chalecos con la inscripción "Policía", pasamontañas, armas y equipos de radiofrecuencia para que las víctimas creyeran que se trataba de allanamientos legítimos. Una vez dentro, reducían a los moradores y robaban vehículos de alta gama. En otros casos, interceptaban camiones en la vía pública, secuestraban a los choferes y se apropiaban tanto del rodado como de la mercadería transportada. La logística del grupo incluía traslado, ocultamiento y desguace de vehículos y autopartes para su comercialización en el mercado negro a valores muy inferiores al precio de venta.
Entre los colaboradores logísticos se mencionan Germán Enrique Grossi, Ricardo Roberto Leonard y otros identificados como "NN Sergio", "NN El Polco" y "NN Felipe", especializados en el despiece de autos y camiones. José Alberto Milone y Portolan se encargaban de la adulteración de numeraciones y del desguace de vehículos.
La investigación se apoyó en escuchas telefónicas, análisis de comunicaciones, geolocalización, seguimiento satelital, pericias balísticas, testimonios de víctimas y policías, y el examen de redes sociales. La banda utilizaba un lenguaje en clave para evitar ser detectada: "corazón" para motor, "gallinita" para grúa y "enfriar" para estacionar vehículos robados.
La banda utilizaba un lenguaje en clave para evitar ser detectada: "corazón" para motor, "gallinita" para grúa y "enfriar" para estacionar vehículos robados
El juicio analizará cuatro hechos principales imputados en concurso real: asociación ilícita, robo triplemente calificado en un camión con privación ilegal de libertad, un robo doblemente calificado en una vivienda y otro robo de camión también agravado. La defensa de Ramírez adelantó que solicitará la absolución, alegando su inocencia y aportando pruebas que lo ubican en otro lugar al momento de los hechos.
La causa, que acumula más de 10 años de proceso, marca un hito en la Justicia platense y pondrá a prueba la solidez de la acusación y la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, mientras La Plata sigue de cerca el inicio del debate que promete no menos de cinco audiencias consecutivas.