La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) resolvió una medida de fuerza para los docentes de todo el país. Habrá una multitudinaria movilización.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) reunió a los secretarios generales de sindicatos de todo el país y definió avanzar con un paro docente a nivel nacional. Aunque la fecha aún no está confirmada, se resolvió que la medida será acompañada de acciones de movilización y visibilización en todo el territorio argentino.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), conducido por Roberto Baradel, confirmó lo resuelto en el plenario: "El plenario de secretarios generales de CTERA resolvió convocar a un paro nacional docente". La medida dependerá de lo que definan junto a las demás organizaciones nacionales y, desde el 6 de octubre, habrá protestas en las calles.
El Congreso dio un paso clave para citar a la secretaria del presidente, Karina Milei y al ministro de salud, en la causa por presuntos sobornos.
Los gremios reclaman la convocatoria a paritarias y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), suspendido por el gobierno de Javier Milei. También suman críticas a la gestión libertaria por la falta de diálogo con el sector. Mientras tanto, en la provincia el conflicto se profundiza con la interna sindical de SUTEBA.
A nivel local, la medida podría repercutir en las escuelas de La Plata, aunque la fecha del paro nacional todavía no fue definida por la conducción de CTERA. Desde los gremios adelantaron que, de confirmarse, la adhesión sería amplia y afectaría el normal dictado de clases en distintos establecimientos educativos de la región.
La agrupación Multicolor del SUTEBA, lista disidente dentro del gremio de educadores, presentó una notificación judicial en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) para garantizar el derecho a huelga, luego de que pusieran faltas injustificadas y descontaran parte del sueldo por adherir a paros. "Estamos pidiendo que notifiquen a todos los servicios educativos de la provincia que el derecho a huelga está garantizado", señalaron los dirigentes.
El gobierno provincial sostiene que esas medidas no son legales, ya que la agrupación no conduce el sindicato central y solo controla algunas seccionales y no tiene competencia para llamar a un paro provincial.