A ocho días del inicio de la investigación, 0221 reconstruyó gran parte de la pesquisa en curso. Un barrido completo y una foto que varía constantemente.
La causa judicial por las muertes con fentanilo contaminado en La Plata avanza con un cúmulo de medidas de prueba, peritajes clave y una batería de oficios que marcan el rumbo de una investigación sensible y de alto impacto.
Bajo la órbita del juez federal Ernesto Kreplak, el expediente se inició tras la denuncia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por la muerte de pacientes en el Hospital Italiano local y continúa ahora con el análisis minucioso de los insumos secuestrados y las posibles responsabilidades penales de los involucrados.
La ANMAT detectó severas irregularidades en Laboratorios Ramallo, que fabricaba fentanilo para HLB Pharma. Iniciarán una causa por posible narcotráfico.
Todo comenzó el lunes 13 de mayo de 2025, cuando la noticia de nueve personas fallecidas en un mismo centro médico privado de la ciudad estremeció a la opinión pública. Los primeros informes médicos apuntaban a una misma sustancia: el fentanilo. Presuntamente contaminado, ese potente opioide habría sido administrado en condiciones irregulares, lo que derivó en una serie de muertes en cadena. Las alarmas se encendieron en el nosocomio, pero muy pronto la investigación comenzó a escalar en el ámbito nacional: el número de afectados superó el medio centenar en distintos puntos del país y la Justicia Federal tomó cartas en el asunto.
Ese mismo día, la ANMAT dictó la disposición 3158/2025 prohibiendo de manera inmediata la distribución, uso y comercialización de todos los productos registrados por la firma HLB Pharma y suspendiendo las actividades productivas del Laboratorio Ramallo, ambos implicados en la trazabilidad del fentanilo aplicado. En paralelo, la directora del organismo, Nélida Agustina Bisio, radicó una denuncia penal ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, que quedó a cargo del juez Kreplak.
En su declaración judicial, Bisio reveló detalles alarmantes: desvíos críticos en el circuito de producción, fallas reiteradas en los controles de calidad y antecedentes de sanciones administrativas contra la firma HLB Pharma, ya advertida por la ANMAT en ocasiones anteriores. Esos datos se convirtieron en el punto de partida de una causa que, desde entonces, no dejó de sumar volumen.
A las pocas horas de iniciada la causa, Kreplak ordenó allanamientos simultáneos en los domicilios y sedes operativas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Allí se secuestraron insumos médicos, documentación técnica, libros contables, historiales de producción, lotes de fentanilo y equipos utilizados en la elaboración del producto. También se confiscaron muestras de lotes que estaban en distribución y que podrían haber llegado a otros centros de salud.
Los elementos secuestrados fueron enviados a peritajes químicos, bacteriológicos y anatomopatológicos. El objetivo de estas pericias es establecer con precisión si la sustancia estaba contaminada, de qué manera y en qué etapa de la cadena de producción se produjo el posible desvío. También se ordenaron autopsias a los cuerpos de las víctimas fatales para determinar con certeza si el fallecimiento fue causado por una sobredosis, por una contaminación o por un virus intrahospitalario.
El propio Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak, se involucró en la causa con una serie de pericias técnicas y se encuentra colaborando con la fiscalización de los antecedentes sanitarios. Según trascendió, las autoridades provinciales buscan descartar la hipótesis de una infección hospitalaria y dejar en claro que el problema se originó en el circuito de elaboración y distribución del medicamento.
Mientras la Justicia avanza con la investigación, el número de pacientes afectados por fentanilo contaminado no deja de crecer. Según un relevamiento de la ANMAT, ya hay más de 50 personas que reportaron síntomas compatibles con la aplicación de opioides alterados, en diferentes puntos del país. Algunos sufrieron cuadros de toxicidad grave, otros debieron ser internados y hay quienes permanecen con secuelas. Hasta este miércoles, la cifra de fallecidos había ascendido a 15 (14 en La Plata y uno en Rosario).
Estos nuevos casos dispararon la hipótesis de que no se trató de un hecho aislado, sino de una posible red de distribución fallida o irregular a escala nacional. Los investigadores judiciales siguen con atención el trazado de los lotes secuestrados en los allanamientos, y analizan si hubo negligencia o dolo en la cadena de custodia del fármaco.
En ese marco, el juez Kreplak emitió una batería de oficios a diversas entidades, tanto del sector público como privado, que pudieran haber tenido contacto con los productos investigados. El objetivo de esta etapa es reconstruir la ruta del fentanilo y delimitar las posibles responsabilidades civiles, comerciales y penales.
Fuentes del caso confirmaron que una de las figuras penales que se baraja para la imputación es la del artículo 204 del Código Penal Argentino. Ese artículo establece penas de seis meses a tres años de prisión para quien, estando autorizado a vender sustancias medicinales, las suministrare "en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica". Si bien se trata de un delito excarcelable, su inclusión en un contexto de múltiples muertes podría agravar el encuadre legal.
Sin embargo, no se descarta que se sumen figuras más graves. Según explicaron voceros de la investigación, si se comprobara que hubo intencionalidad o una negligencia manifiesta, la calificación legal podría mutar hacia delitos contra la salud pública, homicidio culposo o incluso dolo eventual. Todo dependerá del resultado de las pericias científicas en marcha y del análisis de los documentos secuestrados.