Los hechos ocurrieron en la Unidad Penal N°18, pero la defensa del efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense asegura que fueron encuentros consentidos.
Este lunes comienza en los tribunales penales de La Plata un juicio que promete dejar mucha tela para cortar. Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) será juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) I, acusado de haber abusado sexualmente de dos internos en la Unidad Penal 18 de Gorina durante el año 2023.
La acusación, impulsada por el fiscal de juicio Jorge Paolini, sostiene que existieron múltiples episodios de "abuso sexual con acceso carnal agravado (hechos reiterados e indeterminados)" y de "abuso sexual simple agravado (hechos reiterados e indeterminados)". Se trata de imputaciones de suma gravedad, que, de ser probadas, podrían llevar a una condena de cumplimiento efectivo para el agente del escalafón administrativo.
Un trabajador del Servicio Penitenciario Bonaerense fue arrestado tras ser acusado de cometer reiterados ataques sexuales contra varias nenas.
Los agentes de Servicio Penitenciario Bonaerenses pasaban por el lugar y no dudaron en asistir a las víctimas para poder salir de su auto.
El caso llamó la atención desde que se conoció la denuncia: dos presos aseguraron haber sido víctimas de situaciones de sometimiento sexual por parte de quien tenía la responsabilidad de custodiarlos.
Sin embargo, desde el inicio del proceso la defensa planteó una estrategia diferente, que hasta ahora se mantiene en pie y que hoy volverá a exponerse en la sala de audiencias. El abogado del acusado, Ricardo Callaba, sostiene que no hubo abuso alguno. Según su versión, se trató de relaciones sexuales consentidas entre adultos dentro de la cárcel, y que los internos denunciantes utilizaron esa situación para armar una causa que, en rigor, sería una venganza personal.
De hecho, el letrado asegura que cuenta con una prueba clave: grabaciones que mostrarían al penitenciario teniendo relaciones con uno de los internos y evidencian -según su visión- que la relación fue voluntaria y consensuada y por lo tanto no puede hablarse de un delito de abuso sexual. "Estamos ante una acusación que no se sostiene, porque no existió coacción ni violencia. Las relaciones fueron consentidas y no hay víctima real", adelantó Callaba a 0221.com.ar. En ese marco, la defensa buscará instalar esta idea desde el inicio, con el objetivo de que los jueces entiendan que se trata de un caso de falsa denuncia o venganza.
El fiscal Paolini, en cambio, tendrá la misión de probar que, más allá de cualquier eventual acercamiento voluntario, la posición de poder que tenía el penitenciario sobre los internos invalida la posibilidad de consentimiento. Esa será la clave de la discusión jurídica que se abre desde hoy en el TOC I.
Durante las audiencias, el fiscal Paolini deberá evaluar la producción de prueba para definir si sostiene la acusación original, si modifica la calificación legal de los hechos o desiste de acusar. Entre los testimonios previstos se encuentran los de los dos internos que denunciaron los abusos. También se espera que se incorporen pruebas documentales y audiovisuales. En ese punto, tendrá un peso particular la grabación mencionada por la defensa, que podría inclinar la balanza en uno u otro sentido según cómo sea valorada por los magistrados.
El debate está programado para desarrollarse a lo largo de dos jornadas. La primera de ellas será este lunes, con la apertura formal, la exposición de la acusación, las respuestas de la defensa y los primeros testimonios. La segunda, prevista para el martes, podría incluir la presentación de las pruebas restantes y los alegatos finales de las partes.
Al cierre del proceso, los jueces del TOC I tendrán la palabra definitiva. Allí se sabrá si consideran que hubo abuso sexual en un contexto agravado por la condición de encierro de las víctimas, o si entienden que, como plantea la defensa, se trató de relaciones consentidas que no configuran delito.
Más allá del resultado judicial, el juicio vuelve a poner sobre la mesa un tema que suele quedar oculto tras los muros del sistema penitenciario: la intimidad sexual en las cárceles y el límite entre el consentimiento y el abuso en contextos de encierro. El proceso judicial, entonces, no solo decidirá sobre la inocencia o culpabilidad de un penitenciario platense, sino que también dejará planteado un debate más amplio: hasta dónde puede existir una relación sexual consentida dentro de una cárcel cuando uno de los protagonistas es un guardia y el otro, un detenido.
En ese marco, el juicio que comienza en La Plata promete ser seguido con atención no solo por el ámbito judicial, sino también por el SPB y por las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Con el inicio de las audiencias, los tribunales platenses se convierten desde este lunes en escenario de un caso que mezcla sexo, poder y encierro, y que buscará una respuesta judicial en apenas dos jornadas.