La sentencia por un caso en Punta Lara reaviva el debate sobre las investigaciones de la Justicia, el control de la instrucción y la presunción de inocencia.
El pasado 19 de julio de 2024 un remisero fue asaltado a punta de cuchillo en la localidad de Punta Lara, en el partido de Ensenada. Un año después, el Tribunal Oral Criminal I de La Plata, en debate oral unipersonal a cargo del juez Hernán Decastelli; condenó a 8 años y medio de prisión a A.E.G., un vecino de la zona que había solicitado el viaje esa noche.
La sentencia, sin embargo, dejó un fuerte sabor a injusticia: el propio acusado señaló durante todo el proceso quién fue el verdadero autor y aportó pruebas que —según la defensa— nunca se valoraron en su justa medida.
Lo detuvieron en La Plata, en base al "olfato" o instinto policial. Piden aplicar el concepto de "bagatela", que coteja la gravedad del delito con los recursos invertidos en el proceso.
Franco Robledo fue declarado inocente tras un debate público en La Plata. La falta de pruebas concretas y la desaparición de la prenda fueron determinantes.
El condenado es papá de cinco hijos, con empleo registrado desde hace más de 12 años y sin antecedentes penales. Su abogado, Ignacio Fernández Camillo, sostuvo que su cliente explicó desde el primer momento lo que ocurrió: "Pidió un remís y un vecino se subió con él diciendo que lo acompañaba a comprar medicación. Fue ese vecino quien atacó al chofer con un cuchillo", indicó.
El letrado aseguró que las cámaras de seguridad, los informes bancarios que acreditaban la compra de medicación y el testimonio del propio acusado eran consistentes y lo exculpaban. "Nadie controló el trabajo de los fiscales de instrucción. No se investigó a fondo a la persona que él identificó como autor del robo, y hoy tenemos a un inocente preso", expresó en su alegato.
Uno de los puntos más controvertidos de la condena es que el acusado tenía un fuerte arraigo: trabajo estable, familia consolidada y un destino de viaje comprobado esa noche. Incluso, testigos y cámaras lo situaban en circunstancias que resultaban incompatibles con la autoría del robo. Sin embargo, el Tribunal valoró de manera distinta esos elementos y lo encontró culpable.
La defensa insiste en que la investigación nunca profundizó sobre el verdadero autor, quien hoy se encuentra detenido por otro hecho violento y es acusado de violar un domicilio y apuñalar a una persona. "Es paradójico: el autor está preso, pero por otro delito. Mientras tanto, un inocente paga por un hecho que no cometió", remarcan en el entorno del condenado.
La condena será apelada ante el Tribunal de Casación bonaerense. Mientras tanto, A.E.G. permanece detenido en una cárcel común cumpliendo una pena que podría ser producto de una investigación deficiente.
El caso vuelve a poner en debate la calidad del trabajo fiscal, la valoración de pruebas en los juicios orales y el riesgo de que personas inocentes sean condenadas por fallas estructurales del sistema. La defensa plantea que la falta de control en la instrucción penal derivó en una sentencia que vulnera principios básicos como el de inocencia y el debido proceso.
¿Se puede sostener una condena tan severa sin pruebas contundentes de participación directa en el hecho? ¿Por qué no se avanzó en la investigación del sospechoso señalado desde el inicio? ¿Qué garantías tiene un ciudadano común frente a un proceso judicial donde las falencias pueden costarle la libertad durante casi una década? Son algunos de los cuestionamientos que surgen del fallo.
En Punta Lara, los vecinos que conocen al condenado lo describen como un trabajador y sostén de familia. En los tribunales de La Plata, el caso ya empieza a ser citado como un ejemplo de posible condena injusta, un recordatorio de que la justicia también puede equivocarse cuando las pruebas son ignoradas o mal valoradas.