Franco Robledo fue declarado inocente tras un debate público en La Plata. La falta de pruebas concretas y la desaparición de la prenda fueron determinantes.
El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 de La Plata absolvió este viernes a Franco Alejandro Robledo, el joven que enfrentó un juicio acusado de robar un calzoncillo usado. La decisión se basó en la falta de pruebas concluyentes. Un caso que se cerró tras casi cinco meses de polémica.
El fiscal Sergio Delucis fue quien desistió de sostener la acusación tras escuchar los testimonios en el debate. "Analizando la prueba en su conjunto hay más dudas que certezas, no se acreditó la autoría", expresó el representante del Ministerio Público.
Lo detuvieron en La Plata, en base al "olfato" o instinto policial. Piden aplicar el concepto de "bagatela", que coteja la gravedad del delito con los recursos invertidos en el proceso.
El acusado de robar esa prenda íntima realizó un insólito pedido al magistrado que tiene la causa. Un expediente que no deja de generar asombro en La Plata.
El juicio, que duró 105 minutos, fue el punto final de un proceso judicial que se extendió por casi cinco meses. La causa se había iniciado el 11 de septiembre de 2024 cuando Robledo fue detenido en inmediaciones de 72 entre 4 y 5, tras una denuncia por robo en una vivienda. Desde entonces, la polémica por la prenda incautada y la fragilidad de la investigación marcaron el caso en la justicia.
Uno de los puntos más llamativos del juicio fue el derrotero de la prenda que se transformó en el centro de la discusión. Según el expediente, el calzoncillo marca UOMO, color negro con elástico verde, fue presuntamente secuestrado por personal del Comando de Patrullas de La Plata en el momento de la detención de Robledo.
Luego, la prenda fue fotografiada y trasladada a la comisaría Novena, donde se le exhibió a la presunta víctima. Sin embargo, al recibirla, el denunciante no pudo confirmar si efectivamente era de su propiedad. Una vez en su casa, mostró la ropa interior a su esposa, quien tampoco pudo asegurarlo. Sin certeza alguna, el hombre decidió descartar el calzoncillo a la basura. Hoy, la prenda clave del caso podría estar enterrada en la CEAMSE, haciendo imposible cualquier pericia científica.
El defensor de Robledo, Ignacio Fernández Camillo, cuestionó duramente la falta de rigor en la investigación. "La desaparición de la prenda impidió la realización de una pericia de ADN que habría sido clave", remarcó el abogado. A lo largo del juicio, las contradicciones en torno a la captura del acusado y la procedencia del calzoncillo debilitaron aún más la acusación.
La víctima, al prestar declaración, admitió que nunca vio a Robledo dentro de su vivienda ni lo identificó en el lugar de los hechos. Solo manifestó que le entregaron la prenda en la comisaría y que inicialmente creyó que era suya. Sin embargo, luego de la intervención de su esposa, decidió tirarla. Esta falta de certeza, sumada a los testimonios contradictorios sobre la detención de Robledo, llevaron al fiscal Delucis a desistir de la acusación.
El juez Hernán Decastelli celebró la objetividad del fiscal y destacó su decisión de no sostener una acusación sin pruebas sólidas. "Acusar a una persona para que el juez absuelva no tiene sentido", subrayó el fiscal Delucis, quien reafirmó la obligación de los fiscales de actuar con objetividad.
Tras la sentencia absolutoria, Robledo, quien había permanecido detenido por más de un mes, se retiró del tribunal junto a su familia. "Muchas gracias doctor, nunca más me verá por acá", le dijo al fiscal antes de abandonar la sala. Su hija lo esperaba en casa para abrazarlo, cerrando un capítulo que, para él, fue un calvario judicial.
El caso Robledo generó debates en torno a la proporcionalidad de las prisiones preventivas y el principio de inocencia. La defensa argumentó que su cliente fue víctima de una investigación deficiente y de una detención prolongada sin pruebas contundentes.
Cabe recordar que, antes del juicio, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata había ordenado su excarcelación bajo caución juratoria, al considerar que no existían riesgos procesales. Los camaristas Ernesto Ferreyra y Miriam Ermili sostuvieron que el acusado tenía arraigo, trabajo y que las pruebas en su contra eran débiles.
Este insólito caso deja en evidencia la necesidad de una mayor rigurosidad en la recolección de pruebas y en la evaluación de las detenciones preventivas, para evitar que inocentes queden atrapados en procesos judiciales sin sustento.