Los nuevos detenidos se suman a otras detenciones que se llevaron a cabo por la misma causa en un hecho de 2024 en la comisaría de Punta Lara.
La causa por los hechos ocurridos en 2024 en la comisaría Segunda de Ensenada, ubicada en Punta Lara, sumó dos nuevas detenciones. Se trata de efectivos policiales acusados de participar en un brutal ataque contra detenidos alojados en las celdas de esa dependencia, en un episodio que la Justicia investiga como parte de un patrón de violencia sistemática.
La investigación, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, comenzó con el arresto del entonces titular de la seccional, su segundo jefe y el imaginaria de turno. Sin embargo, las pruebas recolectadas señalaron la participación de más uniformados en los tormentos y apremios ilegales, que habrían sido aplicados como represalia frente a reclamos de mejores condiciones de alojamiento. Con estas detenciones ya son 5 los uniformados implicados.
Tres agentes de la Policía Bonaerense fueron detenidos por torturas y humillaciones sexuales en la comisaría Segunda de Ensenada. Fue tras un motín en octubre.
El fiscal de la causa confirmó a 0221.com.ar que hay dos nuevos detenidos y son los oficiales son Sergio Aguilar y Oscar Castillo, dos de los tres efectivos que habían sido apuntados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como partícipes de las torturas el 21 de octubre de 2024. En la denuncia aparecía un tercer uniformado pero aun no fue detenido porque el juez no autorizó la detención.
Según el expediente, los policías utilizaron escopetas con postas de goma, gas lacrimógeno y chorros de agua a alta presión a corta distancia, en medio de un apagón intencional. Las víctimas denunciaron también golpes de puño, patadas y agresiones con elementos policiales, además de la práctica conocida como “puente chino”.
El relato judicial describe que, tras desnudarlos por la fuerza, les colocaron precintos en las manos, las ataron a la espalda y los obligaron a tirarse boca abajo, uno encima de otro, en completa indefensión. En ese contexto, habrían recibido amenazas de agresión sexual y fueron forzados a realizar actos vejatorios entre sí.
La causa se inició por una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que alertó sobre los abusos. Según la presentación, las torturas “formaban parte de un patrón de violencia sistemática” contra los detenidos. No es la primera vez que se señalan este tipo de prácticas en la comisaría de Punta Lara: en 2019, ya se había denunciado que un detenido fue obligado a desnudarse, golpeado y sometido a ejercicios físicos bajo amenazas de violación.
En esta investigación, la Justicia también ordenó la detención de la subcomisaria Adriana Ponce, junto con otros dos oficiales, imputados por “tortura” y “falsedad ideológica de documento público”. Según fuentes judiciales, Ponce fue acusada por su responsabilidad en la dependencia, aunque no habría estado presente al momento de los hechos.
El expediente detalla que el primer cargo, “tortura”, está previsto en el artículo 144 ter, párrafo 1° del Código Penal, mientras que el segundo, “falsedad ideológica de documento público”, está contemplado en el artículo 293. Ambos delitos concurren de forma material, por lo que serán considerados de manera independiente al establecer la responsabilidad penal.