Lo detuvieron en La Plata, en base al "olfato" o instinto policial. Piden aplicar el concepto de "bagatela", que coteja la gravedad del delito con los recursos invertidos en el proceso.
Policías. Patrullero. Un fiscal. Un juez de Garantías. Una defensa oficial. Camaristas. Penitenciarios. Horas de trabajo. Todo este despliegue de recursos se movilizó en La Plata en el marco de una causa judicial por el presunto robo de un calzoncillo usado que tiene a una persona tras las rejas hace tres semanas. Y esto continúa generando gastos al erario.
Tal como informó 0221.com.ar, Franco Robledo (26) está acusado en la Justicia de sustraer esa prenda íntima, pero él asegura que es de su propiedad, que la llevaba puesta en su cabeza, tipo gorra, para cubrirse del frío. Fue demorado en base a lo que parece ser un caso de “olfato policial”, una figura muy cuestionada en ámbitos judiciales.
Asegura que la prenda íntima es de su propiedad. Fue demorado en La Plata y llevado ante la Justicia. La defensa presentó un habeas corpus pero fue rechazado.
La defensa del joven señala que no está acreditado el delito y que, en caso de acreditarse, debe aplicarse la “teoría de la bagatela”. Se trata de un principio en derecho penal que establece que no todas las conductas formalmente tipificadas como delitos deben ser penalizadas, ya que algunas pueden considerarse de menor importancia o relevancia para el orden jurídico y social.
El concepto de "bagatela" se refiere a actos insignificantes o triviales, aquellos que, aunque técnicamente encajan en la descripción de un delito, carecen de la entidad suficiente para ser considerados verdaderos atentados contra el bien jurídico protegido.
La teoría de la bagatela se basa en la idea de mínima intervención penal, según la cual el derecho penal debe intervenir solo en casos donde exista un daño relevante para la sociedad o para un bien jurídico significativo. El derecho penal es considerado el último recurso del sistema jurídico para la resolución de conflictos.
La teoría de la bagatela se puede aplicar en casos como:
En algunos sistemas legales, si alguien roba un caramelo en una tienda, la conducta en teoría encajaría en el delito de hurto. Sin embargo, la insignificancia del hecho podría llevar al juez a aplicar la teoría de la bagatela y no castigar penalmente al autor del hecho, por considerarlo irrelevante.
Uno de los principales debates sobre la teoría de la bagatela radica en dónde trazar la línea entre lo que se considera una conducta irrelevante y una que debe ser sancionada. Además, algunos críticos consideran que puede generar cierta desigualdad ante la ley, ya que, en ocasiones, decisiones basadas en la bagatela pueden depender del criterio subjetivo del juez o fiscal.
En resumen, la teoría de la bagatela pretende garantizar que el sistema penal no se sature con la persecución de infracciones de menor importancia y se enfoque en delitos que afecten significativamente a la sociedad.
Uno de los aspectos llamativos del caso es la aparente endeblez probatoria ya informada: una persona dijo que le rompieron un ventiluz y, como el acusado tenía el calzoncillo puesto en la cara, eso bastó para que personal policial lo demorara. Todo apunta a una aprehensión en base al “olfato policial”.
El olfato policial es una expresión coloquial que se refiere a la capacidad intuitiva o instintiva de algunos agentes de las fuerzas de seguridad para detectar comportamientos sospechosos o posibles crímenes sin tener evidencias inmediatas o claras. Es una habilidad que, según se cree, se desarrolla con la experiencia y el tiempo, y les permite a los policías o investigadores anticiparse a posibles situaciones delictivas o criminales basándose en pequeños detalles o comportamientos que pasan desapercibidos para otras personas.
Aunque esta "intuición" no tiene una base científica precisa, se asocia con una combinación de observación, conocimientos previos, patrones repetidos y una especie de "sexto sentido" en situaciones críticas. En muchas ocasiones, el "olfato policial" puede ser el punto de partida para una investigación más formal que luego será sustentada con pruebas. Sin embargo, también es un concepto que puede ser criticado si se usa de forma subjetiva o sesgada en investigaciones o acciones policiales.
El acusado fue interceptado en el mediodía del 11 de septiembre último cuando caminaba por calle 62 entre 4 y 5. Llevaba un calzoncillo en la cabeza, a modo de gorra. Un patrullero que circulaba por esa zona frenó cuando cruzó al joven.
En ese marco, personal policial se bajó del móvil y lo puso contra la pared. Lo revisaron y le preguntaron por la prenda que llevaba puesta como si fuera un elemento de protección contra el frío.
Robledo respondió que lo estaba usando con esa finalidad, pero los agentes comenzaron a indagar a vecinos de la cuadra y como uno de ellos dijo haber sufrido la rotura de un vidrio de una ventana, los uniformados lo detuvieron en base al puro olfato policial.
"En el presente hecho no hubo víctimas, sino una persona supuestamente damnificada (en estricto, no existió una afectación directa a una persona), y la materialidad es la del supuesto robo de un calzoncillo. Me resulta incomprensible que continúe privado de la libertad, siquiera que se haya sostenido su detención y posterior prisión preventiva. La crisis que pasa el Servicio Penitenciario Provincial es total", señaló el abogado de Robledo, Ignacio Fernández Camillo en un escrito presentado en el marco de la causa penal.
El defensor del joven añadió: "Debe recordarse que, en virtud de la denominada presunción de inocencia, el señor Franco Robledo debe ser considerado un ciudadano inocente y, consiguientemente, las medidas de coerción que se dicten en su contra deben ser excepcionales". El joven ya conoce la cárcel, estuvo dos años detenido, pero resultó absuelto del delito que le imputaron.
En su presentación en sede judicial, el defensor particular citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que oportunamente señaló: “La (privación de libertad) está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática (...) Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente (...). La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de la responsabilidad penal”.
El pasado viernes, la defensa presentó un habeas corpus que aún no fue resuelto. Ante la demora, insistió con un pedido de “pronto despacho”, según confirmó el letrado en contacto con 0221.com.ar. Pero la Sala IV de la Cámara de Apelaciones local rechazó el habeas por considerar que la defensa oficial había consentido todo lo actuado. La defensa particular sostiene que el acusado estuvo en estado de indefensión y eso será materia de otro planteo ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata.
El detenido ya lleva 20 días en la Alcaidía Petinatto, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos. Todo por un calzoncillo usado, pese a que las máximas instancias del Poder Judicial bonaerense alertan sobre la creciente y extrema superpoblación carcelaria.