El fiscal cerró la investigación y solicitó la elevación a juicio de la dueña de Al Tecno por estrago culposo y desobediencia.
El fiscal Fernando Padován pidió la elevación a juicio oral de la causa contra Roxana Aloise, la empresaria acusada por el incendio y derrumbe del depósito de Aloise Tecno ocurrido el 16 de julio de 2025 en la esquina de Diagonal 77 y 48, un siniestro que provocó daños millonarios, obligó a evacuar a vecinos, movilizó a decenas de dotaciones de bomberos y mantuvo en vilo a toda la ciudad.
La acusación del titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Delitos Culposos de La Plata, sostiene que la imputada debe responder por los delitos de estrago culposo agravado en concurso real con desobediencia, figuras previstas en los artículos 189 y 239 del Código Penal. En su requerimiento, Padován concluyó que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral ante un juzgado correccional. El planteo debe ser analizado por el juez de Garantías del caso, luego de estudiar el planteo de la defensa.
La decisión representa un avance decisivo en una investigación que se extendió durante meses y que tuvo como una de las principales impulsoras a la querella encabezada por el abogado y docente de la UNLP Diego Martín Dousdebes, representante de Claudia Verónica Salvi, propietaria del inmueble lindero que resultó gravemente afectado por el derrumbe. Su hija, Martina Piccoli, residía allí al momento del incendio y logró escapar instantes antes del colapso de la estructura.
La madrugada del 16 de julio de 2025 marcó uno de los episodios más impactantes de los últimos años en la ciudad. El fuego se inició en el depósito de electrodomésticos de Al Tecno y rápidamente se propagó por el edificio. Bomberos de La Plata, San Carlos, City Bell, Berisso y Lisandro Olmos trabajaron durante horas para controlar las llamas, mientras que personal de Defensa Civil, SAME, Policía Bonaerense, Policía Federal y especialistas en rescate desplegaban un amplio operativo de emergencia.
Pese al esfuerzo de las dotaciones, la estructura sufrió daños irreversibles y terminó colapsando parcialmente. Los informes elaborados con participación de especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) concluyeron que existía un grave riesgo de derrumbe, con columnas y vigas comprometidas, desprendimiento de losas y caída de muros sobre la vía pública.
Entre las viviendas afectadas estuvo la propiedad de la familia Salvi-Piccoli. La investigación determinó que Martina Piccoli tuvo que ser evacuada de urgencia y que parte de la estructura incendiada cayó sobre su casa.
En el requerimiento de elevación a juicio, Padován realizó un extenso repaso de la evidencia acumulada durante la investigación. Uno de los elementos centrales es el informe técnico de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina, que determinó que el fuego se habría iniciado antes de las 4.16 de la madrugada del 16 de julio de 2025 y ubicó el origen en la planta baja, destinada a oficinas.
Según los peritos, la hipótesis compatible con la evidencia es una contingencia eléctrica generada en la reactancia de un plafón de iluminación, que derivó en un incendio generalizado que afectó toda la estructura y provocó el colapso de los pisos superiores, tal como este medio anticipó.
También fueron incorporadas las grabaciones de cámaras de monitoreo urbano y privadas, los registros de alarmas, fotografías, inspecciones policiales y pericias realizadas durante los días posteriores al siniestro. La fiscalía destacó especialmente que los registros fílmicos descartaron la intervención de terceros ajenos al establecimiento.
Entre los testimonios valorados aparecen los de vecinos que observaron movimientos en el depósito minutos antes del incendio. Uno de ellos declaró haber visto una camioneta estacionada marcha atrás y personas cargando o descargando mercadería poco antes de que comenzaran las explosiones. Otro testigo presencial relató que observó cómo se incendiaban electrodomésticos y que debió alertar a vecinos y bomberos cuando el fuego recién comenzaba.
La acusación también incorpora la declaración de Martina Piccoli, quien contó que fue despertada por los gritos de un vecino cuando el incendio ya estaba declarado. Según su testimonio, logró salir de la vivienda apenas con su celular y sus llaves y luego observó por televisión el derrumbe del depósito sobre sectores de su casa. La joven sostuvo que, de haber ocurrido el incendio en otro horario o de no haber sido alertada a tiempo, podría haber muerto atrapada por el humo o los escombros.
El otro eje fundamental de la acusación es el delito de desobediencia. La Municipalidad de La Plata aportó documentación que acredita que el depósito había sido clausurado el 25 de junio de 2025 por carecer de habilitación municipal y por presentar deficiencias en materia de seguridad. Posteriormente, el Juzgado de Faltas confirmó la clausura preventiva, decisión que fue notificada en el lugar.
Según el expediente, los inspectores verificaron que se trataba de un depósito de electrodomésticos sin habilitación y sin las medidas de seguridad correspondientes.
Para sostener la acusación por desobediencia, Padován valoró especialmente las declaraciones de los empleados Nicolás Agustín Avilés y Marisol Dávalos. Ambos afirmaron que recibieron personalmente las notificaciones de clausura y que informaron telefónicamente la situación a Roxana Aloise. También declararon que, pese a ello, la actividad comercial continuó normalmente por orden de la empresaria.
Avilés sostuvo que después de la clausura todos volvieron a trabajar con normalidad y que la faja municipal ya no estaba colocada pocos días después. Dávalos, por su parte, declaró que durante la inspección municipal del 25 de junio recibió instrucciones telefónicas de Roxana Aloise para impedir el ingreso de los inspectores y no firmar documentación.
También aseguró que, pese a la clausura, el personal continuó trabajando por decisión de la empresa. Ambos coincidieron además en señalar que el establecimiento no contaba con alarma contra incendios, sino únicamente con un sistema de alarma contra robos.
Para atribuirle responsabilidad penal, el fiscal incorporó un informe de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas que acredita que Roxana Aloise era presidenta de Al Tecno S.A. al momento de los hechos.
Durante su declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, realizada el 19 de marzo de 2026, la imputada hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio y no respondió preguntas.
Padován también evaluó los testigos propuestos posteriormente por la defensa, pero concluyó que sus declaraciones no lograron desvirtuar los elementos de cargo reunidos durante la investigación.
Con el requerimiento de elevación ya presentado, la causa ingresó en una nueva etapa procesal. Ahora la defensa tendrá la posibilidad de formular planteos y oponerse al pedido fiscal, mientras que el particular damnificado encabezado por Diego Dousdebes continuará impulsando el expediente en representación de Claudia Verónica Salvi y su hija Martina Piccoli.
Si la elevación queda firme, el caso será enviado a un Juzgado Correccional de La Plata, donde se realizará el juicio oral para determinar si Roxana Aloise es penalmente responsable por el incendio que destruyó el depósito de Al Tecno, provocó el derrumbe de parte de la estructura y puso en riesgo la vida de vecinos del centro platense.
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