La Fiscalía pidió elevar a juicio la causa por el incendio y derrumbe del depósito de Aloise Tecno en La Plata.
El fiscal platense Fernando Padován requirió que la causa por el incendio y derrumbe ocurrido el 16 de julio de 2025 en el depósito de Aloise Tecno, ubicado en 48 entre diagonal 77 y 3, avance hacia la instancia de juicio oral. La acusada es Roxana Aloise, presidenta de la empresa, imputada por los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real.
Según el requerimiento presentado, la instrucción ya reunió todos los elementos necesarios para sostener la acusación. No obstante, antes de la realización de un eventual debate oral todavía podrán abrirse instancias de negociación entre las partes para analizar posibles salidas alternativas previstas por la ley.
A más de siete meses del incendio del depósito de Aloise Tecno, la vecina denuncia demoras judiciales y una protección a la principal acusada.
Verónica Salvi, la dueña de la casa dañada en medio del incendio del depósito de Aloise, en diagonal 77 y 48, mostró cómo era antes del incendio.
La investigación determinó que el fuego se inició en un predio que funcionaba como depósito de electrodomésticos y que, de acuerdo con la acusación, operaba sin habilitación y sin medidas adecuadas de seguridad contra incendios.
Uno de los puntos centrales del expediente es que el establecimiento había sido clausurado por la Municipalidad de La Plata semanas antes del siniestro. La documentación incorporada a la causa indica que el 25 de junio de 2025 inspectores municipales constataron irregularidades y dispusieron una clausura preventiva, posteriormente ratificada por el Juzgado de Faltas.
Para la Fiscalía, pese a esas órdenes, la actividad continuó normalmente. En ese sentido, dos trabajadores declararon que recibieron instrucciones para impedir el ingreso de inspectores y que las fajas de clausura fueron retiradas para seguir operando. Los testimonios también señalaron que el depósito carecía de sistemas de detección y prevención de incendios. Según relataron, la única alarma existente estaba destinada a prevenir robos.
Entre las pruebas incorporadas figura además un informe de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina. Los peritos concluyeron que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica en la planta baja, lo que desencadenó un foco que rápidamente se propagó y terminó provocando el colapso parcial de la estructura.
Las filmaciones analizadas durante la pesquisa permitieron descartar la participación de terceros en el inicio del fuego, según consta en el expediente.
La acusación también pone el foco en las consecuencias que tuvo el derrumbe para los vecinos linderos. Entre los casos relevados figura el de una joven que logró escapar de su casa tras ser alertada por un vecino y que posteriormente vio cómo parte del edificio incendiado se desplomaba sobre la misma, ocasionando severos daños materiales.
Con la etapa de instrucción concluida, Padován consideró acreditada la responsabilidad penal de la empresaria y pidió que el expediente sea remitido a un juzgado correccional para la realización del juicio oral. Sin embargo, la causa aún deberá atravesar instancias procesales previas en las que podrían discutirse alternativas para evitar el debate.