La Justicia Penal aceptó a vecinos y comerciantes como particulares damnificados en la causa. Podrán impulsar pruebas y pedir condena.
La causa penal abierta tras el feroz incendio y derrumbe que destruyó el depósito de electrodomésticos en diagonal 77 y 48 de La Plata dio un nuevo giro que complica aún más el escenario para la única imputada hasta el momento, Roxana Aloise, titular de Aloise Tecno.
La mujer, señalada como principal responsable por el fiscal de la investigación, aún no fue citada a declaración indagatoria, pero en las últimas horas sumó dos malas noticias: por un lado, la ratificación de su condición de acusada en el expediente y, por otro, la aceptación formal de varios damnificados como particulares damnificados, una figura que les permitirá impulsar la investigación, solicitar medidas de prueba e incluso pedir una condena de prisión en un eventual juicio oral.
El galpón que se prendió fuego pertenecía Vicente Aloise y estaba en sucesión. Apuntó contra su hija Roxana, actual inquilina y única procesada.
Entre ellos se encuentra Verónica Salvi, la vecina cuya vivienda colapsó parcialmente y quedó inhabitable tras el siniestro y posterior derrumbe. Su abogado, Diego Dousdebes, confirmó a 0221.com.ar que su asistida fue aceptada en ese rol procesal y ya presentó medidas para sumar prueba documental a la causa.
"La etapa de ahora es la instrucción, donde se empieza a ver si hay un delito, quiénes serían los responsables y establecer las pruebas para que esta causa llegue a juicio. En principio, a quien se le atribuye la responsabilidad es a Roxana Aloise", señaló el letrado.
Dousdebes explicó que su cliente perdió más del 50% de su vivienda y que la destrucción total es inminente. “Luego su hija tiene otros daños, que se tuvo que ir del lugar, más el daño psicológico que es incalculable. Vamos a buscar la responsabilidad para que respondan por los daños ocurridos”, afirmó.
El letrado destacó que existen dos vías paralelas para reclamar: la civil, en la que se exige una reparación económica por los perjuicios sufridos, y la penal, que procura determinar la existencia de un delito y sancionar a los responsables. En este caso, se investiga un posible estrago culposo agravado, ya que el depósito había sido clausurado por la Municipalidad de La Plata pero seguía siendo explotado comercialmente.
“Hasta ahora es un acto imprudente, porque había sido clausurado y lo estaban explotando igual para generar beneficios propios. La señora Aloise está notificada; esperamos que en las próximas semanas se normalice el requerimiento a citación indagatoria para que tenga su derecho a defensa”, agregó Dousdebes.
Además de Salvi, un grupo de comerciantes y vecinos de la zona también fue aceptado como particular damnificado. Están representados por el abogado Axel Hurtado, quien confirmó que presentará medidas de prueba para sumar a la investigación penal. Se trata de más de 190 personas afectadas de manera directa o indirecta por las llamas y sus consecuencias, entre pérdidas materiales, daños estructurales y perjuicios comerciales.
En este sentido, Dousdebes remarcó que, aunque cada damnificado lleva adelante su propio planteo individual, la aceptación como particular damnificado les da la posibilidad de actuar en el expediente penal, algo que puede marcar el rumbo de la investigación. “Hoy la titular resulta responsable de los daños ocurridos de manera culposa por el incumplimiento de un deber. Por eso se le atribuye la responsabilidad”, insistió.
Otro punto clave que la investigación deberá dilucidar es el rol de los organismos de control municipales. Según Dousdebes, la responsabilidad penal recaerá sobre los titulares registrales del depósito. No obstante, advirtió que, si se detectara incumplimiento de deberes por parte de funcionarios públicos, eso configuraría un delito distinto y podría abrir causas paralelas.
“La existencia de una clausura visualiza el ejercicio de un control hecho. Distinto sería que haya muchas denuncias y que no haya habido ninguna intervención previa. Hoy, con los elementos a la vista, es una investigación penal que recién nació. Los plazos son largos, estamos recién arrancando y pueden surgir otras responsabilidades”, explicó el abogado.
El incendio y posterior derrumbe en diagonal 77 y 48 no solo destruyó un depósito y varias viviendas aledañas, sino que también modificó la vida diaria de todo el barrio. Las pérdidas económicas son cuantiosas y los daños psicológicos, profundos. Ahora, con la aceptación de particulares damnificados y la expectativa de una próxima indagatoria a Roxana Aloise, el expediente comienza a tomar velocidad en el fuero Penal platense.
La clave estará en determinar si hubo negligencia o imprudencia grave por parte de la imputada y, eventualmente, si otros actores —públicos o privados— compartieron responsabilidades. Mientras tanto, el reclamo de justicia de los vecinos se fortalece con esta nueva herramienta procesal que les permite ser protagonistas activos de la investigación.