El Juzgado Civil y Comercial 7 de La Plata dictó una medida que impide a la empresaria desprenderse de bienes mientras avanza una causa por daños y perjuicios.
El juez Federico Martínez, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 7 de La Plata, decretó la inhibición general de bienes de la empresaria Roxana Aloise, en el marco de la causa civil iniciada por las damnificadas del voraz incendio y derrumbe ocurrido el 16 de julio de 2025 en el depósito de Aloise Tecno (Altecno S.A.), ubicado en Diagonal 77 y calle 48, pleno centro platense.
La medida fue solicitada por Martina Piccoli y su mamá, Claudia Verónica Salvi, esta última en representación de su otra hija, Mariana Piccoli, quienes denunciaron haber sufrido graves perjuicios materiales y morales como consecuencia del siniestro que destruyó el inmueble lindero donde residían. Ambas están representadas por el abogado Diego Dousdebes, reconocido letrado del fuero local.
En las últimas horas se conoció el origen del incendio y derrumbe del depósito de Aloise Tecno en La Plata, que mantuvo al país en vilo. Detalles exclusivos.
El magistrado dispuso también una prohibición de innovar, ordenando conservar el estado actual de los bienes que forman parte del acervo hereditario de Vicente Aloise, padre de Roxana y titular registral del predio donde funcionaba el depósito. Esta medida, según el juez, busca evitar que se altere la situación patrimonial mientras se sustancia el reclamo civil, según se desprende de la resolución a la que accedió 0221.com.ar.
La resolución judicial implica que Roxana Aloise no podrá vender, donar, hipotecar ni transferir bienes a su nombre hasta tanto se defina la cuestión de fondo. En términos procesales, una inhibición general de bienes es una medida cautelar que se comunica al Registro de la Propiedad Inmueble y tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de una eventual condena.
En este caso, la decisión se adoptó para “evitar que la demandada se desprenda de los bienes adjudicados en el sucesorio de Vicente Aloise”, según el texto firmado por el juez Martínez. La medida, que fue ordenada con carácter urgente, se notificará también al Juzgado que tramita la sucesión y regirá desde el momento de su inscripción registral.
El magistrado sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial bonaerense: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y falta de otro remedio procesal idóneo. “Si se llegase a alterar la situación de hecho o de derecho podría incidir en la sentencia, convirtiéndola en ineficaz o de ejecución imposible”, advirtió en su resolución.
Además, el juez dispuso que la medida se mantendrá bajo exclusiva responsabilidad de la parte actora, con una contracautela juratoria, es decir, un compromiso formal asumido por las demandantes al momento de iniciar la acción.
Las presentaciones judiciales detallan que Claudia Salvi y su esposo, Enzo Piccoli, habían adquirido en 2021 una vivienda en Diagonal 77 para que sus hijas pudieran cursar estudios universitarios en La Plata. Allí residía Martina Piccoli al momento del incendio, mientras que su hermana Mariana se encontraba realizando una pasantía en el exterior.
Según la demanda, la familia se encontraba en proceso de venta del inmueble cuando ocurrió el siniestro, que redujo la propiedad “a escombros y cenizas”. En la presentación patrocinada por el Dr. Dousdebes, se reclaman daños materiales, pérdida total del inmueble, mobiliario, electrodomésticos, lucro cesante y daño moral y psicológico, entre otros rubros.
Los damnificados acompañaron al expediente una tasación inmobiliaria, informes de dominio y copias de las actuaciones penales que tramitan en paralelo.
Uno de los elementos centrales del expediente es el informe de la Municipalidad de La Plata, incorporado a la causa penal, que confirma que el depósito de Altecno S.A. no contaba con habilitación municipal vigente y había sido clausurado el 25 de junio de 2025, menos de un mes antes del incendio, por falta de medidas de seguridad y riesgo estructural.
La clausura no habría sido respetada: según se desprende de la investigación, la actividad comercial continuó. El incendio, que movilizó a más de 20 dotaciones de bomberos, destruyó por completo el edificio y afectó viviendas contiguas, entre ellas la de las hermanas Piccoli. La escena fue registrada por vecinos y medios de comunicación, que captaron el momento del derrumbe y la densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
El fallo dictado por el juez Martínez corresponde a la causa civil, expediente que tramita en el fuero civil y busca una reparación económica integral. En paralelo, en el fuero penal se tramita la investigación caratulada “Aloise, Roxana s/ incendio o estrago culposo”, a cargo de la Unidad de Instrucción Fiscal N°12, dirigida por el fiscal Fernando Padován, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del juez Agustín Crispo.
En esa investigación, Aloise se encuentra formalmente imputada por el delito de estrago culposo, figura prevista en el Código Penal para los casos de incendios o explosiones originados por negligencia o imprudencia que generan daños graves. Según fuentes judiciales, la fiscalía analiza peritajes sobre las condiciones eléctricas, estructurales y de seguridad del galpón siniestrado.
Otro eje del fallo es la relación entre el incendio y el expediente sucesorio “Aloise Vicente s/ Sucesión ab-intestato”, en el cual Roxana Aloise fue declarada heredera. El depósito incendiado forma parte de ese acervo hereditario, motivo por el cual el Juzgado Civil entendió necesario preservar los bienes del patrimonio familiar hasta que se definan las responsabilidades.
“La prohibición de innovar tiende a resguardar la inalterabilidad de la situación de hecho o de derecho planteada y, en consecuencia, a impedir que la sentencia se torne ilusoria”, sostuvo el juez Martínez en su resolución, citando precedentes de la Suprema Corte bonaerense y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los próximos días, la medida será notificada a todas las partes intervinientes y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, donde quedará registrada la inhibición general de bienes de Roxana Aloise, que permanecerá vigente mientras se sustancie el juicio civil y hasta tanto exista una sentencia firme o se disponga su levantamiento.
A tres meses del incendio que conmocionó a La Plata, las derivaciones judiciales se multiplican. El fuero penal busca determinar si hubo responsabilidad empresarial en el origen del siniestro, mientras que el fuero civil intenta garantizar la reparación de las víctimas.
En ese marco, la decisión del Juzgado Civil 7 de inhibir los bienes de la principal acusada se interpreta como una señal de protección patrimonial preventiva ante la magnitud de los daños ocasionados y la posibilidad de que, sin esa medida, la eventual sentencia condenatoria careciera de efecto práctico.
La ciudad aún recuerda el humo negro que cubrió el cielo platense aquel 16 de julio, día en que un depósito sin habilitación cambió para siempre la vida de varias familias y puso bajo la lupa a una de las firmas más conocidas del rubro tecnológico de la región.