El Tribunal Oral Criminal III de La Plata absolvió a un hombre acusado de abusar de su hija. Estuvo detenido por una denuncia armada en una separación.
El 10 de mayo de 2021, un hombre fue detenido en La Plata acusado en lo que resultó una falsa denuncia de haber abusado sexualmente de su hija. La denuncia había sido presentada por su exesposa en medio de un conflictivo proceso de separación y rápidamente se transformó en una causa penal que lo privó de la libertad durante más de 4 años.
Desde ese momento, la vida de Ezequiel Ríos quedó marcada por un calvario judicial. La investigación inicial se apoyó en testimonios tomados en el fuero de Familia y en un procedimiento clave: la Cámara Gesell en la que fue entrevistada la niña. Pero aquella prueba terminó siendo cuestionada por la defensa, que advirtió irregularidades que vulneraban el derecho de defensa.
La iniciativa ya cuenta con el apoyo de 15 legisladores nacionales. Es impulsada por el abogado Marcelo Peña, un destacado penalista de La Plata.
Franco Robledo fue declarado inocente tras un debate público en La Plata. La falta de pruebas concretas y la desaparición de la prenda fueron determinantes.
La declaración de la menor fue obtenida durante la pandemia de COVID-19, en un contexto inusual: no se realizó en las condiciones que exige el protocolo de Cámara Gesell, sino a través de videofilmaciones sin el control de la defensa. Este aspecto resultó determinante en el juicio oral, ya que la prueba quedó viciada de nulidad.
"Fue un proceso totalmente irregular, donde la palabra de la defensa nunca fue escuchada y donde se pretendió construir un caso a partir de un procedimiento inválido", sostuvo Matías Pietra Sanz, abogado que asumió la defensa técnica del acusado.
El letrado remarcó que las denuncias contra su defendido surgieron después de la separación conyugal y que existían indicios de que se trataba de una maniobra para apartarlo de la vida de su hija.
Durante el juicio oral, que se llevó adelante ante el Tribunal Oral Criminal III de La Plata —integrado por los jueces Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini—, la fiscal Leila Aguilar tomó una decisión clave: desistió de sostener la acusación.
Ese gesto no significó un incumplimiento de sus deberes, sino todo lo contrario. Los fiscales no tienen la obligación de acusar a cualquier precio, sino que están sujetos al deber de objetividad. En la práctica, esto implica que, si no existen pruebas firmes para sostener una imputación, el Ministerio Público Fiscal puede y debe desistir de la acusación.
"Cuando la fiscal se dio cuenta de que no había elementos probatorios, cumplió con lo que corresponde: retiró la acusación porque lo que estaba en juego era la libertad de una persona inocente", destacó Pietra Sanz.
La decisión del Tribunal Oral Criminal III fue contundente: absolver al acusado y ordenar su inmediata libertad. Tras más de 4 años de encierro, el hombre volvió a caminar en libertad, aunque con una vida profundamente marcada por la injusticia sufrida.
"Estuvo detenido más de 4 años por una denuncia falsa que surgió en el marco de una separación. Esto muestra la gravedad de utilizar a los hijos como instrumento en conflictos de pareja y la necesidad de que la justicia actúe con celeridad y responsabilidad", remarcó el abogado defensor.
Para el letrado, el caso deja una enseñanza doble: la importancia de garantizar que las pruebas se produzcan en condiciones válidas y la necesidad de recordar que el derecho penal no puede usarse como herramienta en disputas familiares.
El expediente refleja, en última instancia, las falencias de un sistema que permitió que un hombre estuviera años preso sin pruebas suficientes. La irregularidad en la Cámara Gesell, la demora en llegar al juicio oral y la carga devastadora de una acusación de abuso sexual contra un padre muestran la magnitud del daño que puede generar una denuncia falsa.
La defensa insistió en que este caso no debe ser leído como un obstáculo para que las víctimas de delitos sexuales denuncien, sino como un llamado de atención para que las investigaciones se realicen con el máximo rigor y respeto por las garantías procesales.
El hombre ahora enfrenta el desafío de reconstruir su vida, recuperar los vínculos familiares dañados y superar el estigma de haber estado injustamente detenido. Pero su absolución también se transforma en un precedente sobre el rol fundamental que cumplen la defensa, la fiscalía y los jueces cuando logran corregir el rumbo de una causa que nunca debió llegar a juicio.
La defensa adelantó a este medio que demandarán a la expareja por "falsa denuncia" y pedirán sanciones para el fiscal de instrucción y el juez de Garantías que actuaron en la etapa de investigación. Esta historia de horror, lejos de terminar, parece que empieza a reescribirse con el pedido de reparación y sanciones para los presuntos responsables.