Tras un juicio sin pruebas en su contra, el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata absolvió a Pablo Sebastián Pérez. La fiscal retiró la acusación.
Ocho años después del crimen de Catalina Meza Ferreyra, de 62 años, y al cabo de un debate que dejó al desnudo la fragilidad probatoria que lo había llevado al banquillo, Pablo Sebastián Pérez escuchó en La Plata el veredicto más importante de su vida: absolución.
Ocurrió este jueves 14 de agosto, en la sala SUM del fuero Penal, en el primer piso del edificio de calle 8 entre 56 y 57, ante el Tribunal Oral en lo Criminal III, presidido por Andrés Vitale e integrado por Ernesto Domenech y Santiago Paolini.
Tras el femicidio de Berisso, la Policía allanó la casa de la mamá del asesino, luego de constatar que faltaba el arma en la escena del crimen.
La escena clave del día no fue un alegato encendido, ni una pericia definitiva, ni una declaración inesperada. Fue el retiro de la acusación por parte de la fiscal Leila Aguilar, quien honró su deber legal de objetividad.
Los fiscales no están obligados a acusar sin pruebas. El planteo fue acompañado por la abogada de la familia de la víctima, un dato excepcional que terminó de marcar el rumbo del expediente. Con ese cuadro, los jueces absolvieron a Pérez.
El impacto humano de la decisión se impuso sobre cualquier tecnicismo. Pérez rompió en llanto al conocer la absolución. Agradeció a Dios, dijo que “nunca estuvo en la escena del crimen”, que es “totalmente ajeno” al hecho y recordó que pasó un año detenido con prisión preventiva y más de siete años bajo la sombra de la sospecha. Denunció que su nombre circuló en los medios como sospechoso y reclamó que “se limpie” su buen nombre y honor. “Trabajo todo el día en el Hipódromo de La Plata, nunca le hice mal a nadie”, alcanzó a decir, con la voz quebrada, frente al tribunal, la fiscalía, la querella y su hija, presente en la sala.
Entonces ocurrió algo infrecuente. Con la venia del presidente del Tribunal, el juez Santiago Paolini tomó la palabra y miró al hombre absuelto: “Nada de lo que usted dijo le es ajeno a este Tribunal; por eso, le pido perdón en nombre del Estado”, expresó. La frase condensó el sentido último de la jornada y dejó sentado un gesto institucional poco habitual en los tribunales penales.
Para entender por qué la fiscal retiró la acusación y por qué la querella acompañó, hay que volver al origen. El asesinato de Catalina Meza Ferreyra ocurrió a fines de octubre de 2017 en La Loma, calle 40 entre 25 y 26, en pleno casco urbano de La Plata. Los asaltantes ingresaron al primer piso con una escalera que llevaban en el vehículo, amordazaron, ataron y ahorcaron a la mujer con un pañuelo; la casa fue revuelta y se llevaron unos 900 dólares. El marido, Horacio Riciti, había salido a caminar y volvió en un lapso de 45 minutos; junto a la policía halló a su esposa en la habitación, atada y “como desmayada”. La ambulancia tardó más de 40 minutos y nada pudo hacer. La conmoción en el barrio fue inmediata: vecinos declararon que oyeron ruidos y dieron aviso a la policía, que llegó a los pocos minutos.
En aquella primera hora vertiginosa se produjo la confusión decisiva: los autores huyeron en un Renault Clío y, según la policía, un hombre de 46 años fue detenido en un terreno lindero al intentar escapar, mientras otros cómplices caían en 44 y 211 más tarde. En ese mapa entró Pablo Sebastián Pérez, que vivía en Alejandro Korn y viajaba a La Plata cada vez que surgía una changa en el Hipódromo. Su auto era similar al utilizado por los asesinos. Ese parecido, convertido en hipótesis, terminó por pegarse a su nombre.
Pero el expediente nunca consiguió convertir esa hipótesis en prueba. Peritaron su vehículo “al milímetro”, se le extrajo ADN y se cruzaron muestras: no apareció un solo rastro que lo incriminara. Ni huellas, ni material genético, ni testimonios sólidos lo ubicaron dentro de la vivienda de la calle 40. Todo indica que se confundieron de auto y de persona. A pesar de ello, Pérez pasó un año en prisión preventiva y el proceso se estiró casi ocho años.
La causa tuvo dos líneas de imputados. Gerardo Ezequiel Nievas Torres fue condenado en juicio abreviado y ya cumple condena. La otra línea condujo a Pérez, quien llegó a debate en libertad por decisión del juez de Garantías, aunque con el peso público de ser “el otro sospechoso” del crimen que conmovió a La Plata.
El rol acusador fue ejercido con los límites que impone la ley. La objetividad de la fiscal —lejos de ser un matiz teórico— se tradujo en una decisión concreta cuando, agotada la prueba en debate, no quedó nada que sostuviera una acusación responsable. En el mismo sentido, la abogada de la familia de la víctima acompañó el criterio: una señal fuerte de que la búsqueda de verdad no se confunde con la búsqueda de culpables a cualquier precio.
Más allá de la absolución, el daño ya había sido hecho. Un año de encierro preventivo no se borra con una sentencia liberatoria. Tampoco siete años largos de incertidumbre, con la identidad expuesta en medios y el estigma de ser “el sospechoso del caso Meza Ferreyra”. Pérez trabaja en el Hipódromo, hacía viajes de Alejandro Korn a La Plata en su auto y armaba su vida alrededor de changas que no admiten demasiadas ausencias. El proceso penal lo detuvo todo.
El pedido de disculpas del juez Paolini abre una pregunta que excede este expediente: ¿cómo se repara el daño cuando el sistema se equivoca?. El veredicto de hoy no reescribe el pasado, pero fija una responsabilidad institucional y, sobre todo, marca un estándar: sin prueba, no hay acusación; sin acusación, no hay condena posible; y sin condena, la presunción de inocencia recupera su plenitud.
Con la absolución de Pérez, el caso recupera coherencia probatoria: Nievas Torres permanece condenado en su carril procesal, mientras que el hombre que nunca fue ubicado científicamente en la escena deja de cargar con una sospecha construida sobre apariencias. El tribunal alzó la voz para pedir perdón y la fiscalía honró el mandato de objetividad. Que la querella —la representación de la familia— haya acompañado añade una validación ética al resultado.
Quedan, sin embargo, lecciones prácticas: la necesidad de depurar con rigor las identificaciones vehiculares en investigaciones con fugas en auto, la prudencia en la comunicación pública de identidades mientras la prueba es frágil y la importancia de peritajes exhaustivos antes de avanzar con medidas de coerción graves. En este expediente, las pericias terminaron siendo la tabla de salvación del inocente.
Catalina Meza Ferreyra perdió la vida en un puñado de minutos; su esposo, Horacio Riciti, relató esa noche con precisión y dolor; un barrio entero se conmocionó. Hoy, el sistema penal hizo algo que también repara: evitó una condena sin sustento y desactivó una imputación de cartón. Pérez se fue de la sala con lágrimas y alivio. En sus palabras, todavía temblorosas, dejó un pedido que no depende de un tribunal: que se limpie su nombre.
Lo demás —las responsabilidades por el crimen ya juzgadas y las que queden por depurar— seguirá su curso. La absolución de hoy no borra el dolor, pero impide agregar otro: el de condenar a un inocente. Y eso, en un sistema que se pretende republicano y garantista, no es un detalle: es el núcleo del contrato social que, esta vez, se honró en voz alta.