En el expediente se reconstruyó cómo operaba la banda que sembró terror en Barrio Jardín. Detalles asombrosos plasmados en la resolución.
A más de seis años del homicidio que conmocionó a la ciudad, la Justicia penal de La Plata condenó a 13 años y seis meses de prisión a Miguel Alejandro Del Rosal, el adulto implicado en el crimen de Nicolás Pérez Gatti, el joven repartidor de 19 años asesinado la noche del 5 de octubre de 2019 en Barrio Jardín.
La sentencia, dictada en juicio abreviado por la jueza Analía Carrillo, del Tribunal Oral Criminal II, terminó de cerrar el capítulo penal de un expediente enorme, complejo y atravesado por testimonios, pericias, contradicciones y confesiones informales que, desde el primer momento, dibujaron el itinerario de una banda juvenil que operaba armada, en moto y en tándem entre La Plata y Berisso.
La fiscal avanza hacia el esclarecimiento del femicidio de Marisol Oyhanart y cita a indagatoria en La Plata a Diego Jonatan Bianchi tras nuevas pruebas.
El cierre del juicio oral en el fuero penal estuvo marcado por el calor, el llanto y una inesperada confesión del femicidio que sacudió a todos.
El fallo notificado formalmente el 5 de diciembre de 2025 se suma al veredicto del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, que en 2022 condenó al menor involucrado a 12 años de prisión efectiva por el mismo delito. Con ambas sentencias, el sistema judicial bonaerense terminó de determinar lo que la familia reclamó desde el primer día: que la muerte de Nicolás fue producto de un homicidio en ocasión de robo, ejecutado con un arma calibre 9 mm y con participación de dos agresores.
A las 22.10 del sábado 5 de octubre de 2019, Nicolás Pérez Gatti había terminado de entregar una pizza y cobrar $620 en la casa de una familia ubicada en 81 entre 116 y 117. Trabajaba desde hacía apenas dos meses en la pizzería La Italiana, de 80 entre 118 y 118 bis, y estaba a punto de regresar al local. No llegó.
Según reconstruyó la Justicia, dos jóvenes —uno de ellos menor— se desplazaban en una moto de baja cilindrada con fines de robo. Se acercaron a la moto del repartidor, lo interceptaron y en segundos se produjo un forcejeo en el que Del Rosal, armado, apoyó la pistola en la zona del cuello de la víctima. En ese instante, según contó un testigo de identidad reservada, pasó un auto, el agresor se puso nervioso y se "le escapó" un tiro.
El proyectil ingresó por el lateral del cuello y salió por el parietal derecho, produciendo destrucción de masa encefálica y lesiones que el perito calificó como “incompatibles con la vida”. Nicolás fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde murió a las 5.15 del día siguiente.
Los primeros testimonios —detallados con precisión quirúrgica en la sentencia— permiten reconstruir minuto a minuto la secuencia.
El cliente, quien acababa de recibir la entrega, escuchó el estruendo, salió y vio la moto de Nicolás caída encima de él, acelerada. Fue uno de los primeros en asistirlo. Su esposa declaró que entregó $630 al repartidor y que segundos después oyó un ruido “seco”, que no identificó como tiro.
Dos vecinos que salían de su casa a la misma hora, observaron una moto sospechosa sin luces, con dos jóvenes “delgados”, uno con chalina blanco y negro. Luego, al regresar, vieron la moto tirada y el cuerpo del repartidor. El monitoreo municipal aportó imágenes de diversas cámaras privadas y del COM que mostraron el paso de una moto 110 cc en dirección al lugar del crimen.
El acta policial secuestró en la vereda una vaina servida calibre 9 mm marca IMI, un seguro de martillo percutor, la billetera de la víctima, su celular y apenas $190, lo que confirmó que el robo no llegó a consumarse.
La autopsia y la pericia histopatológica confirmaron que el disparo fue a corta distancia o con tela interpuesta, algo compatible con la capucha que llevaba puesta el repartidor.
La sentencia dedica un extenso tramo a las pruebas que permitieron identificar a los autores. La más determinante fue el mosaico testimonial obtenido en los días y semanas posteriores, que incluyó: el testimonio de la pareja del hermano del menor, fue decisivo. La mujer declaró —y luego ratificó tres veces— que el domingo 6 de octubre, apenas horas después del homicidio, el menor se despertó alterado y dijo: “Me parece que maté a un chico en Barrio Jardín. Fui con Ale. Él le dio culatazos y se le escapó un tiro.” Agregó que pocos días después quiso esconder el arma en su casa: “Era una 9 mm”.
Las referencias al “Ale” llevaron a los investigadores a Miguel Alejandro Del Rosal, conocido como “El Petiso Transa”, un vendedor de objetos robados del barrio El Carmen. Un testigo de identidad reservada, tío político de la víctima, afirmó que escuchó de primera mano: “El menor iba manejando y el Ale iba con el arma. El Ale se bajó, le apoyó el arma en el cuello y como pasó un auto se asustó y se le escapó el tiro”.
Otros vecinos declararon haber visto a Del Rosal manejando motos sin plásticos, al menor portando una pistola 9 mm días antes del crimen, a la banda escondiendo la moto utilizada y posteriormente retirándola a pedido de familiares.
En la casa de la familia del menor y de allegados aparecieron municiones calibre 9 mm, una campera negra con vivos blancos (similar a la vista por testigos), un buzo Adidas con manchas hemáticas, una moto 110 cc guardada y “desinflada”. Pericias químicas confirmaron que la sangre del buzo era humana tipo A.
Uno de los elementos más sensibles del expediente fue la aparición de múltiples testimonios de vecinos que declararon bajo reserva de identidad. La razón era siempre la misma: miedo a represalias.
La sentencia consigna episodios de intimidación, audios de WhatsApp en los que se aludía a “buchones” y amenazas directas a testigos. El documento llega a detallar que un joven apodado “Monono”, cercano a los implicados, afirmaba haber sido presionado para “hacerse cargo” del homicidio.
Del Rosal —señalan varios testimonios— funcionaba como proveedor y receptor de objetos robados, y participaba en ocasiones de los asaltos. El menor, por su parte, era conocido en la zona por exhibir armas, amenazar a vecinos y manejar motos alteradas para evitar identificación.
El 24 de octubre de 2025, las partes —fiscalía, defensa y particulares damnificados— acordaron un juicio abreviado. La familia de Nicolás, representada por los abogados Cristian González y Gastón Jesser, prestó su consentimiento a la vía alternativa.
La jueza Carrillo analizó toda la prueba recolectada en la IPP, los testimonios directos e indirectos, as pericias, los elementos secuestrados, y la congruencia de las confesiones informales. Finalmente dictó condena por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma y por la intervención de un menor.
Los padres de Nicolás —Mónica Gatti y Leonardo Pérez— siguieron cada instancia del proceso. Participaron activamente en marchas, pedidos de justicia y reuniones con investigadores. Su compromiso fue decisivo para destrabar declaraciones que, por miedo, no habían llegado a la Justicia.
Durante la investigación juvenil, representados también por Jesser y González, acompañaron el proceso que culminó en 2022 con la condena al menor. Un caso que expuso la fragilidad de los repartidores y el avance de bandas juveniles armadas
El homicidio de Pérez Gatti se convirtió en símbolo de los riesgos crecientes para repartidores y trabajadores en moto. La secuencia —rápida, violenta, desbordada— expuso la dinámica de bandas que combinan juveniles armados, motos sin identificar, zonas de fuga y circulación entre barrios vulnerables.
La causa, que insumió miles de fojas, reveló un ecosistema de delitos: robos, venta de objetos sustraídos, armas circulando sin control, intimidación a vecinos y vínculos interfamiliares entre implicados.
El fallo del Tribunal Oral II se apoya en ese entramado probatorio para ubicar a Del Rosal en el centro del hecho y para sostener, en palabras de la jueza: “La certeza que la instancia requiere respecto a la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría penal.”
Con la pena de 13 años y 6 meses para Del Rosal y los 12 años para el menor condenado en 2022, el doble proceso penal llega a su fin. La Justicia dio por acreditado que ambos actuaron en conjunto durante el asalto fallido que terminó con la vida de Nicolás Pérez Gatti.
Seis años después, la familia encuentra un cierre en los tribunales. El barrio, quizá, un poco de alivio tras una causa que reveló la violencia enquistada en sus calles.