El juez federal Ernesto Kreplak dictó el procesamiento sin prisión preventiva de José María Spinelli, Juan Manuel Formino y Joaquín Nicolás Hoz por su presunta participación en una asociación ilícita fiscal y de lavado de activos que operó entre 2020 y 2024, cuya principal acusada es la contadora Natalia Foresio.
Entre las medidas cautelares, el magistrado dispuso el embargo de dos palcos 307 y 426 en el estadio Jorge Luis Hirschi de Estudiantes, valuados en más de $2 millones y adquiridos con fondos de la empresa BAKIM SRL que es considerada uno de los vehículos centrales de la maniobra.
De acuerdo con la resolución judicial, los palcos figuran a nombre de Spinelli y otros miembros de su entorno familiar, pero el pago fue cubierto por la citada firma con dinero que, según la investigación, provenía de depósitos en efectivo sin justificación ingresados en sus cuentas bancarias. Los investigadores sostienen que este tipo de adquisiciones forman parte de la estrategia de "puesta en circulación" de fondos ilícitos para darles apariencia de legalidad, utilizando bienes de lujo o de alto valor simbólico como pantalla.
Estadio UNO tribuna 57
Ignacio Amiconi | AGLP
"No existe relación alguna entre la compra de los palcos y el objeto social de BAKIM SRL", señaló Kreplak en su fallo y remarcó que no se presentó documentación que respalde el uso de dinero de la firma para cubrir un gasto personal de sus socios o allegados.
La red de empresas y "usinas" comandada por Natalia Foresio
La investigación que se lleva adelante desde hace meses describe un complejo esquema dividido en dos niveles:
- Asociación ilícita fiscal: liderada por la contadora Foresio, quien se habría dedicado a emitir facturación apócrifa a través de "usinas" —empresas sin capacidad operativa real— para reducir cargas tributarias y facilitar la canalización de fondos no declarados.
Natalia Foresio
La contadora Natalia Foresio goza de arresto domiciliario conseguido por sus defensores
- Organización de lavado de activos: encabezada por Spinelli (jefe), Formino (organizador) y Hoz (miembro), utilizaba empresas como BAKIM SRL, Kristtal Nortte SAS y Captain Hops SAS para mover el dinero ilícito, cubrir pagos, simular operaciones y financiar gastos personales.
En los 4 años comprendidos entre 2020 y 2024 la empresa BAKIM SRL recibió más de $2.200 millones en efectivo, emitió más de 13 mil cheques al portador y realizó operaciones sin sustento comercial con clientes y proveedores vinculados, todo por lo cual está siendo investigada.
Embargos millonarios en La Plata
Además de los palcos en UNO, el juez dispuso un embargo general sobre bienes por cifras récord: $50 mil millones para Spinelli, otros $50 mil millones para Formino y $20 mil millones más para Hoz.
El listado de bienes alcanzados por la medida cautelar incluye una serie de exclusivos departamentos, parcelas y hasta vehículos:
- Doce unidades funcionales en Osten Towers, en La Plata, por un total de U$S1.915.040, ocho a nombre de BAKIM SRL y cuatro de Formino.
- Una unidad en el complejo "El Nido BH" (CABA) por $32 millones y U$S30.000, a nombre de la esposa de Spinelli.
- Una parcela de viñedos en Mendoza, a nombre de Formino y Micaela Spinelli.
- Una nave industrial en el Parque Industrial II de Moreno, comprada por U$S300.000 y vendida por U$S720.000.
- Una camioneta Toyota Hilux, registrada por Captain Hops SAS, con cédulas a nombre de Spinelli, sus hijas y Hoz.
- Transferencias por más de $50 millones al Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza y a futbolistas.
Los próximos pasos de la Justicia Federal
Con el procesamiento y los embargos ya dictados, el caso avanza hacia una etapa de definiciones en la Cámara Federal de La Plata, donde se revisarán las apelaciones de las defensas y los investigadores buscan ampliar la pesquisa hacia otras empresas satélite y posibles testaferros que habrían operado en la misma red.
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Ernesto Kreplak (de saco), es el juez federal de La Plata a cargo de la investigación
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Mientras tanto, los bienes embargados —incluidos los palcos del estadio UNO— permanecerán bajo control judicial como garantía de un eventual decomiso o reparación económica si llega la condena.