El 27 de julio de 2017 a las 23.30, Marta Ramallo denunció en la comisaría platense de Villa Ponsati que su hija, Johana Luján Ramallo, faltaba desde la noche anterior. Johana tenía 23 años, una hija pequeña y vivía al límite. Era pobre y se prostituía en una de las zonas rojas de La Plata. Era adicta a la cocaína, no hacía ningún tratamiento y su estado de salud era alarmante.
Este martes comenzó fresco y lluvioso en La Plata. Los expertos anticiparon cómo se desarrollará la tormenta y a qué hora finalizarán las precipitaciones.
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No se sabe cuánto tiempo sobrevivió. Algunos testigos contaron en la justicia que la vieron poco tiempo después de su desaparición. Y según sostiene el médico que peritó sus restos en la morgue de La Plata cuando aparecieron –hace un año–, la muerte podría haberse producido entre septiembre de 2017 y enero de 2018, aproximadamente.
Pero el rompecabezas no avanza. Si de la galería de nombres de varón que frecuentaban a Johana en la escoria de la zona roja (dealers, cafishos, clientes, un tatuador, un abogado, un remisero, un amigo) no terminan de salir las respuestas sobre sus últimos días, de las piezas recuperadas de su cuerpo tampoco están surgiendo las pistas sobre su muerte.
Del cadáver sólo hay dos partes, hasta ahora. Aparecieron en agosto de 2018 en Palo Blanco, Berisso, y no producto de la pesquisa. El 1° de agosto, un pescador vio un miembro superior derecho y avisó en la comisaría Segunda de Berisso. A los veinte días, otro lugareño detectó un miembro inferior derecho. La Policía pudo recoger en la zona el DNI legible de un varón, pelo y ropa. Pero pasaron más de ocho meses hasta que se identificó a Johana.
Hace tres meses, en abril, el juez federal Adolfo Ziulu, a cargo de la causa, recibió del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el resultado de una pericia de ADN positivo. Era la primera novedad del caso. La identificación se hizo con el miembro inferior que apareció en Palo Blanco (es decir, el segundo de los hallazgos), cuya existencia era conocida por la querella desde el principio. Para muchos de quienes militaban la búsqueda de Johana, la conmoción fue total: Johana no estaba desaparecida, el cadáver estaba incompleto y la información llegaba ocho meses tarde. Apenas unos días antes habían preguntado en la calle, como cada 26, “dónde está Johana”.
QUÉ PASÓ DESPUÉS DEL ADN
La repetición de rastillajes en Palo Blanco dispuesta por Ziulu para completar la recolección de restos de la víctima y otras evidencias pese al tiempo transcurrido fue infructuosa. La consecuencia más importante que tuvo la identificación de Johana es que se reunieron en la causa federal restos humanos íntimamente relacionados entre sí que sin embargo permanecían desvinculados, ocultos en la burocracia judicial.
Eso sucedió con el expediente referido al miembro superior (el primero de los restos encontrados en 2018 en Palo Blanco), que además conservaba huellas dactilares. Su estremecedor hallazgo había salido en medios locales y nacionales. En la morgue de La Plata, los peritos hicieron una evaluación calcada de todos los restos que llegaron desde Palo Blanco (arribaron a una conclusión calcada en ambos casos: los restos habían estado “entre 45 y 60 días” en un medio húmedo). Pese a todas las similitudes, las causas tramitaron aisladas, en distintas fiscalías, y sin conexión con la causa Johana.
Casi nueve meses más tarde, después de un ADN positivo que llegó de Buenos Aires, se reunieron dos partes de un cadáver que alguien separó, que quizá el río devolvió, que el azar quiso reunir, que la burocracia volvió a separar, y que en 2019 ya nadie sabía bien en qué dependencia se guardaban. Javier Grubisa, el médico que peritó los hallazgos de Palo Blanco en la morgue de La Plata ni bien aparecieron, cuando eran NN, y que en esta nueva etapa declaró como testigo, sostuvo que el cadáver fue desmembrado adrede.
Como contó en exclusiva este medio, Grubisa dijo que “muy probablemente el miembro superior, y sin lugar a dudas el miembro inferior, fueron desprendidos por la acción mecánica de un tercero luego de producida la muerte”. Y acotó el periodo para situar la muerte de Johana, que ubicó aproximadamente “nueve meses más menos 45 días” antes del examen de los restos, que se realizó durante de agosto de 2018. Por ahora, este testimonio parece el elemento forense más relevante.
De las nuevas pericias antropológicas y radiológicas solicitadas por el juez Ziulu al CMF de la Corte nacional después de que se confirmó la identidad de Johana no surgieron novedades. Tampoco de los dos expedientes abiertos en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desde que se inició la búsqueda de Johana, para investigar la posible connivencia policial señalada desde el principio por la querella. No hay ningún policía imputado en ese ámbito.
Otra consecuencia de la identificación de Johana es que el Estado nacional dejó de ofrecer una recompensa a cambio de datos para encontrarla pero no la reemplazó por una oferta de dinero a cambio de datos para esclarecer su muerte. El Estado provincial tampoco la ofrece. Entre la feria judicial y las diligencias electorales del juzgado que ahora la tiene a cargo, la causa Johana cumplió dos años. La hipótesis por la que está caratulada (el accionar de una red de trata de personas con fines de explotación sexual) no suma pruebas. No hay imputados. Y el denominador común sigue siendo el silencio. Alguien en La Plata tiene las respuestas sobre el desenlace de una historia donde se encastran la pobreza, el narcotráfico, la violencia machista y el descarte del cuerpo mutilado de una mujer cuya aparición se reclamaba en las calles.