Distintas áreas provinciales y municipales intervinieron en un complejo de quintas ubicado en 185 y 80 de La Plata. Detectaron serias irregularidades.
El impactante operativo realizado las quintas ubicada en la zona de 185 y 80 de La Plata destapó una presunta red de explotación laboral y trabajo infantil que mantenía a alrededor de 100 personas viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas.
La investigación está a cargo de la UFI N°15, conducida por la fiscal Cecilia Corfield, bajo la carátula de “Trata de Personas – Trabajo Infantil” y la causa se inició a partir de una denuncia que llegó el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) y el Ministerio de Trabajo bonaerense, luego de que surgiera el dato de que una adolescente de 15 años trabajaba en la quinta.
Una pediatra de La Plata sufrió el robo de su auto en pleno centro. Los ladrones se llevaron herramientas de trabajo y el carnet de discapacidad de su hijo.
Un operativo en un sector de quintas del cinturón frutihortícola detectó hacinamiento, trabajo infantil y posibles casos de explotación laboral en La Plata.
Esa información fue corroborada mediante tareas de inteligencia realizadas por la Dirección de Trata de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Tras confirmar la situación, la Justicia ordenó el registro del lugar y el jueves se desplegó un operativo que se extendió durante toda la jornada, entre las 8 y las 20.
Además de detectas situaciones que podrían configurar el delito de trata de personas para la explotación laboral, fueron identificados al menos otros chicos que trabajaban en el lugar y otros que, se sospecha, estarían en la misma situación aunque no lo declararon.
En el predio los investigadores encontraron a unas 100 personas viviendo en condiciones extremas. La mayoría eran argentinos, muchos de ellos trabajadores golondrina provenientes de provincias del norte del país.
Según los testimonios recogidos durante el procedimiento, las víctimas eran explotadas laboralmente. Cobraban por bulto cosechado y cargado al camión para su comercialización: apenas $250 por cada cajón producido, cuando de acuerdo al convenio vigente debían percibir alrededor de $50.000 por una jornada laboral de ocho horas.
Además, los trabajadores estaban completamente en negro y numerosas familias convivían hacinadas en un mismo recinto.
Fuentes policiales que participaron del operativo señalaron a 0221.com.ar que las condiciones de salubridad eran críticas y describieron los espacios como lugares “más parecidos a un gallinero que a una vivienda precaria”.
Durante la inspección, los agentes hallaron cuatro complejos de construcciones precarias utilizados para alojar a los trabajadores y sus familias. Los investigadores detectaron signos evidentes de hacinamiento, inhabitabilidad y una alarmante situación de vulnerabilidad social, con chicos no escolarizados y familias enteras viviendo sin condiciones mínimas de higiene y seguridad.
Uno de los casos más graves fue el de una nena de 12 años con una discapacidad profunda y un botón gástrico, que debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Niños para su diagnóstico y tratamiento. Posteriormente fue derivada a otro lugar para continuar con la asistencia correspondiente.
También fue rescatado un hombre de unos 30 años con espectro autista, que se encontraba encerrado con candado dentro de una vivienda del predio.
Ante el cuadro detectado, intervino el Servicio Local de Niñez y Adolescencia junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Víctimas del Delito de Trata.
En el marco de la causa fueron identificadas y detenidas tres personas: dos integrantes de la familia propietaria del lugar y una mujer que, según trascendió, trabajaba como asistenta social contratada por ellos.
De acuerdo a la investigación, los acusados se mostraron reticentes al accionar policial, se negaron a entregar sus teléfonos celulares y obstaculizaron el procedimiento.
Por ese motivo, la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Bosnic, inició actuaciones por “Encubrimiento y Resistencia a la Autoridad” y ordenó la captura de los tres implicados.
En paralelo, la fiscal Corfield dispuso notificar a los cuatro involucrados bajo los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal, en calidad de imputados por el delito previsto en el artículo 148 bis del Código Penal, vinculado a la explotación laboral y el trabajo infantil.