Cae la tarde. Un chico que no pasa los quince años se desploma en el umbral de una vieja casa a metros de Plaza Matheu, en 1 y 66, corazón del barrio El Mondongo. Entrecierra los ojos. Entre los dedos huesudos de su mano derecha sostiene un tubo de birome cortado por la mitad. Los jeans que lleva puestos están embarrados, manchados con verdín, mugrientos, como su pelo revuelto. Quebró.
Como él hay otros y otras. Decenas, apenas adolescentes, siempre jóvenes, que merodean esa plaza, epicentro de la zona roja platense. Saben que ahí pueden conseguir las sustancias que consumen sus vidas. Están dispuestos a todo: a mentir, a prostituirse, a delinquir si es necesario. Pero sobre todo están solos, perdidos, como zombies. Son un botín perfecto de quienes prostituyen su necesidad o los usan como mulas para inocular veneno a otros. En ese abismo estaba Johana cuando desapareció, hace un año.
En este mismo escenario se acumulan todas las vulnerabilidades que el sistema prefiere no ver, no atender. Allí todo -o casi todo- lo que ocurre es obsceno, violento, denigrante. Y sigue ocurriendo; como si nada; como si se tratara de la rutina de un local de Starbucks.
Aunque con límites difusos, el espacio en cuestión corre por avenida 1 entre 61 y 71, y se estira en un trayecto de algunas cuadras por la diagonal 73 que atraviesa la Plaza Matheu a la altura de 1 y 66. Allí mujeres, travestis y transexuales ofrecen sexo en un horario que arranca antes del crepúsculo y se extiende, incombustible, hasta entrada la mañana. En los últimos años es notable la presencia de personas oriundas de países limítrofes como Perú, Ecuador y, en menor medida Bolivia y Paraguay, que, en muchos casos, al ser requeridas por las autoridades se comprueba que no poseen en regla sus papeles de residencia en el país, según lo informado por la policía.
Si bien no existe un registro público, ni -mucho menos- certero, desde el municipio se habla de un avance en la limitación de la actividad de la prostitución en el lugar en el marco de un plan para mejorar la seguridad. De acuerdo con esas estimaciones, del centenar de trabajadoras sexuales que había a principios de 2016, se pasó a menos de la mitad en estos días.
Desde hace casi dos décadas existe un proyecto que plantea la necesidad de trasladar la zona roja a otro sector de la ciudad en busca de -como toda solución- morigerar el trastorno que implica para los vecinos el desarrollo de la actividad. Al igual que en gestiones anteriores, la idea prendió en el gobierno municipal comandado por Julio Garro. Pero el tiempo pasa y la medida parece -una vez más- lejos de efectivizarse.
En junio pasado el intento de avanzar en la constitución de una mesa de diálogo sólo consiguió de los vecinos el anuncio de un estado de “rebeldía fiscal” como enésima señal de protesta por la “falta de seguridad” en el barrio. Desde la asamblea de El Mondongo emplazaron al intendente Julio Garro: “Le dimos sesenta días para trasladar la zona roja y resolver la inseguridad”, cuenta Daniel Domínguez, referente de la asamblea vecinal. Ese plazo se agota en agosto.
Entre los anuncios incumplidos que le reprochan a Garro está, precisamente, el proyecto de trasladar la zona roja al Paseo del Bosque, que el jefe comunal anunció al comienzo de su gestión y reiteró al menos en otras dos oportunidades delante de los propios vecinos. La idea estudiada sería instalar un corredor sobre la avenida 122 entre 52 y 60. Fuentes municipales aseguraron que se está trabajando en base a generar consensos con todas las partes y esto es lo que hasta el momento ha retrasado la aplicación de la iniciativa.
Fue durante la intendendia de Pablo Bruera (dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015) cuando los vecinos comenzaron a reclamar una reubicación. A partir de aquel planteo, las autoridades estudiaron la alternativa de mudar la zona roja a una zona del Paseo del Bosque delimitada por la calle 115 entre 52 y 60. De hecho, el gobierno comunal llegó a anunciar, en mayo de 2014, el inicio de obras para adaptar el corredor. Esa posibilidad naufragó a fines de ese mismo mes, luego de que la comunidad educativa del Colegio Albert Thomas junto a feligreses de la parroquia Nuestra Señora del Valle realizaron una recolección de firmas e hicieron un abrazo al establecimiento educativo. Aquel año los vecinos hicieron una campaña de escrache a clientes de la prostitución vía Twitter que fue muy publicitada. Años antes, durante la intendencia al mando de Julio Alak (que gobernó la ciudad entre 1991 y 2007), cuando la actividad se había hecho fuerte alrededor de la estación de colectivos, se había planteado un traslado a la ruta 36 que tampoco prosperó.
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DELITOS CONEXOS
La comercialización de droga en la zona roja trae consigo otros delitos que aparecen en el mismo escenario: desde arrebatos y robos callejeros, entraderas y salideras, hasta homicidios. Las peleas y disturbios en la vía pública son un moneda corriente que provoca las quejas de vecinos y comerciantes y, en ocasiones, tienen finales trágicos.
El 16 de julio de 2004, los jóvenes Martín Matías Miralles y Javier Alejandro Santiago se trenzaron con una travesti conocida como Giselle, e identificada por la justicia como Nélson Javier Fleitas, en la equina de 1 y 64 y la atacaron a golpes con una herramienta de hierro. Giselle murió días después. En la condena por el hecho -dictada en 2008- la Justicia consideró como agravante “la homofobia demostrada por los atacantes”.
En enero de 2010 dos travestis identificadas por la policía como Peter Angulo Paredes y Davis Vega Blanco Vargas asesinaron a baldozazos al efectivo policial Guillermo Germán Ledesma González Yurquina, en medio de un confuso episodio por el robo de un teléfono celular. La justicia condenó a Angulo y Vega, ambas de origen peruano, por “homicidio simple”.
Otro de los crímenes siempre recordado fue el de Carolina González Abad, una travesti conocida como La Moma, que fue hallada estrangulada, golpeada y apuñalada en su casa cercana a la zona roja platense el 19 de octubre de 2011. En la investigación se detuvo a dos hombres por el hecho, pero este año la Justicia cerró el caso sin culpables.
Sin lugar a dudas, el más resonante de los hechos de sangre ocurridos en la zona roja platense fue el asesinato del médico Francisco Guerrero, quien fue asaltado en la noche del 4 de abril de 2015 mientras caminaba junto a su pareja por 66 y 116 cuando fue sorprendido por dos sujetos que circulaban en una moto y, pese a no oponer resistencia, recibió un disparo a quemarropa en su pecho que acabó con su vida. La conmoción vecinal impulsó las reuniones mensuales para exigir mayor seguridad y mejorar las medidas de prevención que aún hoy se mantienen.
Ese mismo año se empezó a hablar de la "banda de los nenes” que aterrorizaba a vecinos y comerciantes de El Mondongo. Se trata de menores de barrios periféricos, muchos de ellos en situación de calle, sin familias ni Estado que los contenga. Desde entonces hasta hoy, en la asamblea de vecinos, que se reúne en el colegio Santa Margarita, suelen repetirse las excusas de jefes policiales que aseguran no tener herramientas ni potestad para actuar frente a una mayoría de delitos en los que se usa a menores de edad. En la última reunión la única autoridad presente fue el titular de la 9na, subcomisario Matías Sáez.
A lo largo de 2017 se registraron en la zona roja platense unos cincuenta procedimientos en los que intervinieron en forma conjunta la Justicia, la policía, el municipio y, en ocasiones, otras áreas del Estado como Niñez o Migraciones. Como saldo, se registró la detención de 70 personas acusadas por infracción a la Ley 23.737 de “Tenencia y tráfico de estupefacientes” y fueron secuestrados un kilo de cocaína y unos 500 gramos de marihuana, además de “elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias como balanzas de precisión, nylon cortado, tijeras y blísteres de medicamentos utilizados para mezclar con clorhidrato de cocaína; como también armas de fuego, armas blancas, vehículos, dinero en efectivo y billetes falsos”; tal como lo informó días atrás, la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de la comuna, desde donde se indicó que “dicha zona era el escenario de reiterados delitos asociados al narcotráfico”.
Según informó el titular de la mencionada área municipal, Darío Ganduglia, en lo que va del año “se redujo el delito”. Si bien en ese lapso fueron apresadas 52 personas, se registró una sensible baja en la cantidad de droga incautada que fue de 55,3 gramos de cocaína.
Los miembros de la Asamblea Vecinal de El Mondongo no creen lo mismo. “Acá ya no se puede vivir. Es un problema que lleva décadas y que cada día se va agravando. Hay cerca de cien vecinos que tienen sus casas a la venta porque ya no aguantan vivir así, rodeados de delincuencia”, indicaron.
A poco de la desaparición de Johana, la comuna puso en marcha una nueva modalidad de patrullaje denominada policiamiento, que contempla recorridas en una zona determinada y en días y horarios específicos según el mapa de situación, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Según Ganduglia hay permanentes operativos para prevenir el delito y combatir el narcotráfico en la ciudad, tendientes a reforzar la seguridad. Para seguir las numerosas causas abiertas en los tribunales por la comuna y los propios vecinos, el Ministerio Público cuenta con una Ayudantía Fiscal de Estupefacientes en la que trabajan los fiscales Brenda Ponce y Marcos Vogliolo.
Hoy nadie duda en afirmar que en la zona roja platense la prostitución se ha convertido en una actividad subsidiaria de la venta de estupefacientes. El propio Ganduglia lo puso en números: “el 90 por ciento de los casos que vemos tiene que ver con droga y el 10 por ciento con prostitución”. Lo mismo denuncian los vecinos del lugar. “La prostitución es una fachada para el negocio del narcomenudeo”, sostiene Domínguez; para quien la prostitución en El Mondongo ya cumplió más de medio siglo.
Desde la Asociación Civil Otrans, creada en 2013 con el impulso de la Facultad de Periodismo de la UNLP para defender los derechos de travestis, transexuales y transgéneros, se relativizó el vínculo -señalado por el resto de las fuentes- entre las mujeres que ofrecen sexo en la calle y el narcomenudeo. Según datos de esta organización, La Plata es el distrito del país donde se producen más detenciones, abusos y atropellos a las trabajadoras sexuales.
Otrans reclama mayores políticas inclusivas y el cumplimiento efectivo de la Ley provincial 14783 que establece un cupo laboral en el sector público, de al menos un 1% de los puestos, para el colectivo trans, travesti y transgénero. Para la titular de la entidad, Claudia Vásquez Haro, el asunto es bien complejo. “Hay pibas que son usadas y terminan como chivos expiatorios pero no hay una situación de narcotráfico organizado”, señaló. Y agregó: “las travestis no somos traficantes, somos las perjudicadas en toda esta situación. Hay chicas que denunciaron a policías por obligarlas a vender droga. Hay una policía corrupta y un poder judicial corrupto que son parte de esto. Hay policías que las captan porque saben que son la población más vulnerable. Lo dicen las compañeras y así lo han denunciado en sus declaraciones judiciales”. Por el momento Vásquez Haro prefiere no opinar sobre la reactivación de la iniciativa de traslado de la zona roja.
Caprichos del destino o no; el caso de desaparición de Johana Ramallo tiene puntos de contacto con otra de las desapariciones en democracia más paradigmáticas, también ocurrida en la ciudad: la de Miguel Bru. Ambos jóvenes frecuentaban la zona de la Plaza Matheu. Además, Miguel era estudiante de la Facultad de Periodismo y Johana, recibía capacitación laboral en la sede de esa casa de estudios, ubicada en 44 entre 8 y 9. Hoy, la facultad, donde se gestó la lucha por el caso Bru encabezada por su madre, Rosa Schoenfeld y sus compañeros de cursada, volvió a tener un rol clave en la difusión de un nuevo caso de desaparición: el de Johana Ramallo.
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