Se trata de un magistrado que actuó en resonantes causas de impacto nacional que tramitaron en la justicia de La Plata. Otro Tribunal Oral desintegrado.
La jubilación del juez Juan Carlos Bruni, quien supo estar en el centro de algunos de los casos judiciales más resonantes de la provincia de Buenos Aires, profundiza la crisis de vacantes en la justicia Penal de La Plata. La caída de un Banco, la condena a un violador serial y el crimen de la "pelopincho" pasaron por sus manos.
Bruni, con una carrera que abarcó más de tres décadas, estuvo al frente de numerosos expedientes. Entre ellos, destaca su actuación en el controvertido caso del Banco Crédito Provincial (BCP), una investigación que desde La Plata sacudió los cimientos financieros de la región y puso en la mira a las máximas autoridades eclesiásticas del país.
El BCP ofrecía a sus clientes altas tasas de interés por depósitos en bancos ubicados fuera del país. Los giros se realizaban a través de una agencia financiera de Montevideo, en Uruguay. Los ahorristas recibían todos los meses una liquidación con membretes de bancos del Caribe. Hasta que una investigación periodística sacó a relucir los manejos poco claros de dinero y se produjo la caída del Banco.
El expediente judicial del ex BCP comenzó en agosto de 1997 con las investigaciones - a cargo del juez penal Juan Carlos Bruni- por supuestas maniobras irregulares en el otorgamiento de 20.985 créditos, por un monto total de 64 millones de pesos, a personas que nunca los solicitaron ni los recibieron.
Los investigadores descubrieron además la presunta falsificación de saldos de tarjetas de créditos, que rondaría la suma de 16 millones de pesos y el posible desvío de depósitos al exterior por unos 100 millones.
En la causa, el juez Bruni ordenó la detención y el procesamiento de todos los integrantes de la cúpula directiva y gerencial de la entidad bancaria, entre ellas su presidente Francisco Trusso, pero luego la Cámara Penal dispuso excarcelaciones y libertades por falta de mérito.
Francisco y Pablo Trusso estaban imputados de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas, administración fraudulenta y autorización indebida. Por los mismos delitos habían sido imputados los restantes integrantes del directorio del BCP: Renato Dalle Nogare, Jorge Desimoni y Jorge Granitto.
Los ex gerentes de la disuelta entidad, Daniel Cóccaro, Miguel Panello, Sergio De Haro, Luis Gamallo y Juan Miguel Trusso, fueron acusados de cometer estafas reiteradas; al igual que los síndicos.
Antes de ser juez de Tribunal Oral, Bruni estuvo al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nro.9 del Departamento Judicial La Plata, que funcionó previo a la reforma judicial bonaerense que rige desde el año 1998.
Hacia 1997, con la caída del BCP y los Trusso, Bruni se hizo cargo quizás de la investigación penal más importante de su historia judicial. Nunca la igualó, porque luego ya formó un tribunal oral para los juzgamientos.
Para la mega causa BCP tuvo instructores judiciales especiales, contadores y peritos , la causa tenía decenas y decenas de expedientes, todo el subsuelo del edificio de calle 8 entre 56 y 57 era para esa causa.
Lo que destaca a Bruni, además de su pasión por Gimnasia y Esgrima La Plata, es que es uno de los pocos jueces que no era de carrera. Provino de la vieja escuela del abogado pateador de pasillos. Abogado penalista por excelencia. Tenía su cotizado y jerarquizado estudio justo en la esquina de 8 y 56, frente al fuero. Aun hoy se conserva ese viejo edificio donde funcionó ese buffet.
El ahora ex magistrado participó en recordados juicios orales como el del crimen de Analía Escamochero, hecho por el que fue condenado su marido, el contador Leonardo Crespo, en el año 2008. En esa época no se hablaba de femicidios y ese caso fue bautizado como “El crimen de la Pelopincho”. La mujer fue encontrada muerta en una pileta de lona en la vivienda familiar de Gonnet.
En junio del año 2013, tras un juicio oral, en un fallo sin precedentes, condenó a un acusado de robo a mano armada a la pena de reclusión por tiempo indeterminado luego de declararlo reincidente por quinta vez.
En 2017 condenó al violador serial Domingo Corillano, alias “El sátiro del can-can” (porque durante los ataques ocultaba su rostro con una media de mujer y que para los jueces era como “un sello de identidad” que les imprimía a sus hechos). Se trata de un chapista y ex convicto, acusado de violar a seis mujeres entre 2007 y 2009 en La Plata.
Con este retiro el Tribunal Oral Criminal (TOC) IV de La Plata quedó desintegrado y se suma a la lista que conforman junto a los TOC II y V del departamento judicial de la capital de la provincia de Buenos Aires. Las vacantes en el Poder Judicial bonaerense es un problema que se profundiza en el tiempo y pone en crisis el servicio de justicia, tal como este medio informó en reiteradas ocasiones.
El 15 de junio de 2023 se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata el “Congreso de la Magistratura y la Función Judicial”. La apertura estuvo a cargo del entonces titular de la Corte bonaerense, el exjuez federal Sergio Torres, quien trazó un panorama dramático en relación con la cantidad de cargos vacantes de jueces. “Nosotros tenemos actualmente 592 vacantes en la provincia. Y contando”, informó. Además, diagnosticó: “cuando nosotros tenemos una vacante se resiente el servicio de justicia, lo reemplazamos con subrogantes, con suplentes, nos cubrimos, pero todos sabemos que eso es insuficiente”. Torres reclamó “a las autoridades constitucionales competentes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) la urgente e inmediata cobertura de todas las vacantes disponibles en la provincia de Buenos Aires”.
En otro pasaje de su discurso quitó lastre a la responsabilidad del Consejo de la Magistratura (CdeM), organismo que él mismo presidió, al confirmar: “este año se elevaron 41 ternas para cubrir 65 cargos. Y esas vacantes son de exámenes que se tomaron entre junio, agosto y septiembre (de 2022), es decir, el Consejo el Consejo de la Magistratura está trabajando fuertemente para dar una respuesta a esas vacantes que tanto nos atormentan”.
Con alrededor de 2.180 cargos totales, el Poder Judicial bonaerense es el segundo más grande de América del Sur. Sólo se ve superado por el del poderoso y populoso estado de San Pablo (Brasil), según estimaron desde el Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.