Empresarios, técnicos, farmacéuticos e ingenieros quedaron bajo la lupa judicial por la fabricación y distribución del fentanilo contaminado.
La causa por el fentanilo adulterado producido por Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma se convirtió en uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente argentina, con un origen marcado por las muertes registradas en La Plata y advertidas por el Hospital Italiano, que detectó la contaminación bacteriana en la sustancia.
La investigación judicial, iniciada tras ese alerta del centro asistencial platense por un brote infeccioso inusual, determinó que al menos dos lotes del medicamento estaban contaminados con bacterias multirresistentes, provocando un brote nacional con decenas de víctimas fatales y cientos de casos sospechosos.
Familiares de víctimas del fentanilo contaminado presentaron un proyecto de ley para el seguimiento de medicamentos desde la fabricación hasta el paciente.
Diputados presentarán un proyecto en la Legislatura para otorgar una pensión a víctimas del fentanilo adulterado, en medio del avance de la causa judicial.
El auto de procesamiento del Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, sostiene que la adulteración fue consecuencia de múltiples incumplimientos graves en las buenas prácticas de fabricación, controles falseados, omisiones sistemáticas y una estructura empresarial orientada a sostener la producción pese a las reiteradas alertas regulatorias.
El voluminoso expediente detalla con rigor los distintos momentos desde el 13 de mayo de 2025 e incluye la imputación inicial de 17 personas, de las cuales 13 siguen en esa situación, con seis en prisión preventiva, dos de ellas domiciliarias. "La instrucción de la causa ha logrado demostrar que la contaminación microbiana de los lotes 31.202 y 31.244 Fentanilo HLB tuvo lugar al momento de su fabricación en Laboratorios Ramallo SA", afirma el auto de procesamiento.
El delito de base atribuido a los procesados es la “adulteración de sustancias medicinales destinadas al uso público sanitario, agravada por la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con adulteración peligrosa para la salud pública”.
En el expediente se explica que las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas.
La investigación iniciada con 18 muertos en el Hospital Italiano de La Plata –el cual fue aceptado como querellante– se extendió a distintos puntos del país con un crecimiento exponencial. Cuando la causa se eleve a juicio es probable que las imputaciones sean por alrededor de 90 fallecidos más para sumar por lo menos 114.
El núcleo más comprometido en la causa quedó conformado por el propio Ariel García, principal figura empresarial del grupo; su hermano Diego Hernán García; su madre Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma; Javier Martín Tchukrán, técnico químico; José Antonio Maiorano, farmacéutico; y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo.
En un segundo escalón quedaron procesados sin prisión preventiva varios responsables técnicos y profesionales de ambos laboratorios, entre ellos María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Sclafani y Eduardo Darchuk.
Por otro lado, el magistrado dictó falta de mérito para Damián Roberto García, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano y Víctor Pablo Boccaccio. Si bien recuperaron la libertad o evitaron el procesamiento formal, continúan vinculados a la investigación y sujetos a restricciones cautelares mientras se profundiza la producción de prueba.
A continuación, el perfil de cada imputado, su función dentro de la cadena de responsabilidades y las principales líneas de defensa que expusieron ante la Justicia.
Considerado por el juez como la figura central del conglomerado HLB Pharma–Laboratorios Ramallo, era el dueño y principal responsable estratégico del grupo empresario. Según el auto de procesamiento, controlaba decisiones operativas, comerciales y productivas.
Fue el que más veces y durante más tiempo declaró. De acuerdo a lo que surge del expediente, intentó desvincularse de la contaminación, sostuvo que el laboratorio contaba con recursos suficientes y deslizó una hipótesis de sabotaje interno o externo, acusando de ello a un ex directivo del laboratorio. Negó negligencia estructural y responsabilizó a terceros por una eventual contaminación deliberada.
Para la Justicia federal, fue “la figura principal de esta tragedia sanitaria” y lo ubica como el verdadero dueño del grupo, más allá de las formalidades societarias o de los cargos distribuidos entre familiares y allegados. Además de su posición societaria, la investigación detectó que mantenía intervención directa en decisiones operativas sensibles.
En su declaración indagatoria negó haber promovido condiciones inseguras, sostuvo que la empresa contaba con equipamiento de primer nivel, inversiones millonarias, protocolos de limpieza y recursos suficientes para garantizar estándares de calidad.
No obstante, el juez consideró que esa estrategia defensiva choca con un cúmulo de pruebas sobre reiteradas alertas previas, incumplimientos en buenas prácticas de fabricación, registros deficientes, controles ambientales insuficientes y liberación de productos sin documentación adecuada. La resolución subraya que las fallas no fueron episódicas, sino parte de un esquema sostenido de desvíos de calidad y omisiones sistemáticas.
Por ello fue procesado con prisión preventiva como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales agravada por la muerte de al menos 20 personas (podría ampliarse a otras 94), en concurso con adulteración peligrosa para la salud pública. También se dispusieron embargos multimillonarios e inhibición general de bienes.
Es hermano de Ariel Fernando, con fuerte presencia en la estructura gerencial y operativa de Laboratorios Ramallo. De acuerdo a lo que indica el expediente, distintos testimonios y comunicaciones lo ubican impartiendo órdenes directas de producción, con directivas operativas y decisiones productivas.
Aunque su perfil público era menos visible que el de Ariel, el expediente sostiene que ejercía funciones gerenciales directas. Declaraciones testimoniales de responsables del área de producción señalaron que era quien impartía verbalmente órdenes de fabricación, interviniendo en aspectos medulares del funcionamiento industrial.
La resolución judicial además incorporó evidencia extraída de teléfonos celulares, mensajes y geolocalización, que lo ubican de manera reiterada en el laboratorio entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, justamente durante el período de elaboración de los lotes contaminados y la posterior crisis sanitaria.
Durante su indagatoria, Diego García negó haber tenido responsabilidad penal en la adulteración del fentanilo y buscó relativizar su nivel de decisión dentro del conglomerado. Sin embargo, para el juez, las pruebas reunidas desmienten cualquier caracterización secundaria de su rol. Por eso fue procesado con prisión preventiva como coautor de la adulteración.
Es madre la de Ariel, Diego y Damián García (este último desvinculado parcialmente por falta de mérito) y aparece en la causa como una figura clave dentro de la arquitectura societaria del holding farmacéutico. Aunque su defensa intentó reducir su papel a una participación meramente formal, el expediente la ubica como vicepresidenta de HLB Pharma Group SA, accionista minoritaria junto a Ariel García y parte del núcleo familiar que controlaba las principales decisiones empresariales.
Para la Justicia, su presencia en el directorio no era decorativa: integraba la conducción de una estructura comercial y productiva atravesada por reiteradas irregularidades, sanciones regulatorias y antecedentes de incumplimientos en materia de buenas prácticas de fabricación.
Nilda Furfaro, madre de Ariel, Diego y Damián García, aparece en el expediente como vicepresidenta de HLB Pharma Group SA y parte del núcleo familiar que controlaba las principales decisiones empresariales
En su declaración indagatoria, buscó despegarse de la operatoria técnica y de producción, enfatizando que no intervenía en procesos de elaboración, controles microbiológicos ni decisiones profesionales específicas. Sin embargo, el auto de procesamiento remarca que su rol societario dentro de HLB implicaba responsabilidades institucionales ineludibles en una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos de uso crítico.
Para el juez, la estructura de dirección del holding no puede escindirse de las consecuencias derivadas de la fabricación y distribución del fentanilo. Por eso fue procesada con prisión preventiva domiciliaria, bajo la acusación de coautora en la adulteración de sustancias medicinales.
Es un técnico químico que aparece en el expediente como uno de los cuadros técnicos más relevantes dentro de Laboratorios Ramallo y como un engranaje importante en la estructura operativa que permitió la producción del fentanilo adulterado. Su perfil combinaba conocimiento técnico con capacidad de intervención concreta sobre procedimientos industriales, limpieza, validaciones y dinámica de fabricación.
Para la Justicia, no se trataba de un simple ejecutor subordinado, sino de un actor con responsabilidades específicas sobre procesos sensibles dentro de la planta, cuya actuación resultaba determinante para garantizar —o incumplir— las buenas prácticas de manufactura exigidas para medicamentos inyectables de uso crítico.
En su declaración indagatoria buscó presentarse como un profesional limitado por decisiones superiores, argumentando que respondía a una estructura jerárquica encabezada por la familia García y otros responsables empresariales.
El procesamiento con prisión preventiva dictado en su contra refleja que el juzgado lo considera parte del grupo central de coautores funcionales de la maniobra investigada. Según la resolución, Tchukrán habría contribuido desde su rol técnico a sostener un sistema de fabricación con desvíos severos respecto de las normas sanitarias, posibilitando que productos contaminados alcanzaran el circuito hospitalario nacional.
Ocupó un lugar particularmente sensible por su condición de farmacéutico y director técnico, una función que es resaltada en el auto de procesamiento dentro de la estructura regulatoria de la industria medicinal. Ese rol implica una alta responsabilidad profesional sobre el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, la validación de procesos, la documentación sanitaria y la liberación de productos.
Para la Justicia, Maiorano no era un actor periférico, sino uno de los principales responsables técnicos del andamiaje institucional que debía garantizar que medicamentos críticos como el fentanilo fueran elaborados bajo condiciones seguras y dentro de estándares estrictos. Su rol lo colocaba como un nexo esencial entre la operación industrial de Laboratorios Ramallo y las obligaciones regulatorias exigidas por ANMAT.
Durante su defensa, buscó delimitar responsabilidades y planteó que muchas decisiones excedían su órbita o correspondían a niveles empresariales superiores. Sin embargo, el juez interpretó que su rol técnico-profesional implicaba una obligación indelegable y lo procesó con prisión preventiva como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, en concurso con adulteración peligrosa para la salud pública.
Surge en la investigación judicial como una de las funcionarias técnicas con responsabilidad jerárquica dentro de Laboratorios Ramallo, ubicada en un punto clave entre la estructura de producción, los controles de calidad y la documentación regulatoria. Para el juzgado federal, su rol excedía el de una empleada administrativa o subordinada sin capacidad de decisión.
La resolución le otorga un rol en coordinación técnica y validación de procesos, como una profesional con intervención concreta en procesos esenciales vinculados a la liberación de productos, el cumplimiento de normas sanitarias y la validación documental exigida para medicamentos de uso crítico. Uno de los aspectos más comprometedores para Ansaldi fueron las conversaciones extraídas de teléfonos celulares y grupos internos de WhatsApp del laboratorio.
La causa del fentanilo contaminado mantiene 13 procesados, de los cuales seis tienen prisión preventiva, dos de ellos domiciliaria
En su defensa, Ansaldi intentó minimizar su responsabilidad, presentándose como una profesional que actuaba dentro de una estructura jerárquica superior y plateand que muchas decisiones escapaban a su órbita directa.
Sin embargo, la resolución destaca que sus responsabilidades técnicas y administrativas le otorgaban un conocimiento suficiente sobre la gravedad de los incumplimientos fue procesada con prisión preventiva domiciliaria como coautora de la adulteración.
El voluminoso expediente incluye otros siete imputados procesados sin prisión domiciliaria. Wilson Daniel Pons, María Victoria García, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Sclafani y Eduardo Darchuk integraban el núcleo técnico y operativo intermedio de Laboratorios Ramallo, con responsabilidades distribuidas en áreas de garantía de calidad, control microbiológico, producción, documentación industrial y validación de procesos.
A diferencia del grupo empresario y directivo encabezado por Ariel y Diego García, la Justicia entendió que estos acusados tuvieron una participación funcional relevante en la fabricación y liberación del fentanilo contaminado, pero sin acreditar en esta etapa procesal riesgos suficientes de fuga o entorpecimiento como para justificar prisión preventiva. Por ello fueron procesados como coautores, aunque permanecen en libertad bajo fuertes restricciones cautelares, como inhibición de bienes, prohibición de salida del país, comparecencias periódicas y cauciones juratorias.
En términos generales, todos compartieron una línea defensiva similar: buscaron presentarse como cuadros técnicos subordinados a decisiones superiores, sin autonomía real sobre políticas empresariales, producción global o estrategia comercial. Sus declaraciones tendieron a remarcar que actuaban dentro de una estructura jerárquica vertical, encabezada por propietarios, directores o gerentes de máxima autoridad, intentando reducir su responsabilidad a funciones específicas o ejecutivas.
Sin embargo, el juez consideró que sus conocimientos profesionales, firmas en protocolos, manuales de calidad, controles de proceso y documentación crítica los convertían en piezas indispensables dentro del sistema productivo que permitió la adulteración bacteriana de los lotes investigados.