La Corte Suprema puede resolver esta semana la causa por la Ley de Financiamiento Universitario y los fondos que las universidades reclaman al Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó el último martes en condiciones de resolver la causa contra el Gobierno por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las expectativas ahora están puestas en la próxima reunión de acuerdos del máximo tribunal, prevista para el jueves.
El conflicto gira alrededor de la aplicación de la norma, cuya ejecución el Gobierno cuestiona desde que la vetó parcialmente en 2025 y luego volvió a objetar cuando el Congreso insistió con su sanción. La posición oficial sostiene que la ley no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla.
La Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo fallo y la definición quedó ahora en manos de la Corte Suprema, antes de la Marcha Federal Universitaria.
La ley establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios. Sin embargo, su implementación fue limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. En respuesta, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y argumentó que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.
De acuerdo con la normativa vigente, en este tipo de expedientes la Corte no necesita girar el caso al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla. Tampoco existen plazos establecidos para que el máximo tribunal dicte sentencia.
Según trascendió, la Corte podría rechazar el recurso sin ingresar al fondo de la cuestión mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si adopta esa postura, quedará firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.
En paralelo al avance judicial, el Gobierno minimizó la movilización universitaria realizada este martes y la calificó como una “marcha política” impulsada por sectores opositores. Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos y replicó mensajes críticos contra la protesta en redes sociales, aunque evitó expresarse públicamente.
Mientras miles de personas se concentraban en Plaza de Mayo para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, desde Casa Rosada insistieron en que la manifestación buscó erosionar políticamente al Ejecutivo.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”. Además, sostuvo: “Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales, cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble".