Familiares de víctimas del fentanilo contaminado presentaron un proyecto de ley para el seguimiento de medicamentos desde la fabricación hasta el paciente.
Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado se presentaron en el Congreso para impulsar la ley de trazabilidad integral que permita controlar cada medicamento de alto riesgo, desde su origen hasta la administración al paciente. Pese a que fueron invitados los jefes de bloque, la asistencia legislativa fue reducida.
El encuentro tuvo como eje el reclamo de respuestas políticas ante una emergencia sanitaria que, según los familiares, todavía no derivó en cambios estructurales. La diputada nacional, Marcela Pagano, encabezó la convocatoria.
El dueño de los laboratorios que vendieron el fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro, declara en La Plata tras la ampliación de la cantidad de víctimas.
El fentanilo contaminado ya dejó más de 114 muertes y la Justicia retoma la indagatoria a García Furfaro mientras suma pericias y busca definir responsabilidades.
Los familiares resumieron el planteo con una frase que llevaron a la Legislatura: “El Congreso ya tiene el diagnóstico y aún no actúa”. El reclamo ocurre mientras la Justicia Federal avanza con nuevas indagatorias y busca reconstruir responsabilidades dentro del circuito sanitario.
La causa tramita ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. El expediente apunta a una serie de alertas previas, fallas de control y decisiones administrativas que no habrían frenado la producción ni la circulación de medicamentos cuestionados.
Participaron de la presentación los diputados nacionales, Esteban Paulón (Partido Socialista) y Romina del Plá (FIT-U), el diputado bonaerense Christian Castillo (FIT-U) y, de manera virtual, el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria). Las familias interpretaron esa presencia limitada como una señal del lugar que ocupa el tema en la agenda parlamentaria.
Entre 2018 y 2024, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) registró 118 reportes por desvíos de calidad en medicamentos del grupo HLB–Ramallo. Según el comunicado, el 86% fue confirmado y también existieron al menos 65 expedientes por irregularidades graves.
En noviembre de 2024, una inspección detectó fallas críticas y recomendó inhibir al laboratorio para producir medicamentos estériles. Esa medida no se aplicó de manera efectiva. En febrero de 2025, la advertencia emitida no implicó una inhabilitación ni llegó adecuadamente a los efectores de salud. Durante ese período, el laboratorio continuó con la producción y la distribución de medicamentos. Entre esos productos estaba el lote vinculado al brote infeccioso. La alerta no surgió del sistema de fiscalización, sino del Hospital Italiano de La Plata, cuando la crisis ya estaba en marcha.
Las familias también señalaron que el organismo de control perdió capacidad operativa. Según el texto, la ANMAT tuvo más de 120 desvinculaciones en 2 años y cuenta con alrededor de diez inspectores para más de 300 laboratorios nacionales.
El punto central del proyecto es crear un sistema obligatorio para seguir cada medicamento de alto riesgo durante todo su recorrido. La propuesta busca registrar el camino desde la materia prima, la fabricación y la distribución hasta la llegada al paciente dentro del sistema de salud.
El planteo incluye la identificación unívoca de cada ampolla con tecnologías de serialización. El esquema contempla un código global GTIN, un número de serie único y una codificación Data Matrix, para reconstruir el recorrido completo del producto ante cualquier alerta sanitaria.
Los familiares sostienen que la falta de una herramienta unificada demoró la identificación del producto contaminado, complicó el retiro de ampollas y dificultó saber qué pacientes habían recibido el lote investigado. La Justicia debió intervenir para reconstruir esa trazabilidad.
A fines de 2025, el Congreso creó una Comisión Especial de Investigación que elaboró 20 recomendaciones. El informe propuso trazabilidad integral obligatoria, fortalecimiento de la ANMAT, mejores sistemas de alerta, digitalización y coordinación federal. Ninguna de esas medidas se convirtió en ley.
En la audiencia, Yedlin mencionó un proyecto para reforzar la ANMAT con recursos, inspectores y capacidades técnicas. La iniciativa todavía no cuenta con media sanción. La diputada Silvana Giúdici, ausente en la reunión, presentó mediante un asesor otra propuesta sobre alertas y eventos adversos.
Las familias consideran que esas respuestas resultan parciales si no modifican el control sobre la producción, la distribución y la fiscalización. Su proyecto apunta a prevenir desvíos antes de que el medicamento llegue al paciente y a acelerar el retiro de productos comprometidos.