La familia de Ainara Buschiazzo pidió que su expareja sea imputada por instigación al suicidio. El planteo sentaría un precedente inédito en la Justicia.
La familia de Ainara Buschiazzo, la joven que se quitó la vida el 10 de febrero de 2025 en Berisso, solicitó formalmente a la Justicia un cambio de calificación legal y la imputación de su expareja, por el delito de instigación al suicidio, previsto en el artículo 83 del Código Penal.
El planteo fue presentado ante la UFI N° 1 por sus padres, Carlos Javier Buschiazzo y Silvina Edith Marcoz, y su hermano Lautaro, en carácter de particulares damnificados, con el patrocinio letrado de los abogados Cristian Ariel González y Gastón Leandro Jesser, ambos matriculados en el Colegio de la Abogacía de La Plata.
La familia de la joven que recibió un disparo en Altos de San Lorenzo organiza una marcha para pedir por el esclarecimiento de su presunto suicidio.
La Municipalidad realizará talleres destinados a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años en situación de vulnerabilidad en clubes de barrio de la ciudad.
La solicitud se apoya en una amplia batería de pruebas incorporadas al expediente, entre ellas pericias sobre el teléfono celular de la víctima, informes psicológicos, testimonios y el análisis completo de las últimas conversaciones que Ainara mantuvo con el joven en los días y horas previas a su muerte, documentación a la que 0221.com.ar accedió de manera exclusiva.
Según surge del escrito judicial, Ainara mantuvo durante aproximadamente un año y medio una relación de pareja atravesada por violencia de género de carácter psicológico, ejercida de forma sistemática, cotidiana y prolongada en el tiempo.
Las pericias realizadas sobre su teléfono celular permitieron reconstruir intercambios de mensajes que, en algunos períodos, se extendían durante más de 16 horas diarias, en un vínculo marcado por el control permanente, la manipulación emocional y una fuerte asimetría de poder.
La familia sostiene que el joven ejercía un control constante sobre la víctima: exigía pruebas de su ubicación, supervisaba sus vínculos sociales, cuestionaba sus tiempos de respuesta y la sometía a descalificaciones reiteradas. Ese esquema, según el planteo, derivó en un aislamiento progresivo, una pérdida de autonomía y un quebranto sostenido de su autoestima.
Uno de los ejes centrales del pedido de imputación es la reiteración de expresiones instigadoras, especialmente la frase "matate", que -de acuerdo a la pericia- fue utilizada al menos 18 veces a lo largo de la relación y en dos oportunidades el mismo día del fallecimiento de Ainara.
En contrapartida, los registros muestran a la joven expresando de manera reiterada su agotamiento emocional, suplicando que cesaran los conflictos y el hostigamiento. Mensajes como "basta", "no doy más", "dejame en paz" y "quiero estar bien" se repiten en las horas previas al desenlace.
Los abogados describieron ese cuadro como un estado de burnout o desgaste psíquico extremo, provocado por la exposición prolongada a situaciones de violencia psicológica intensa, que habría dejado a la víctima sin recursos emocionales para afrontar la situación.
En su presentación, la familia citó como antecedente el fallo dictado en la provincia de Catamarca, donde se confirmó una condena por instigación al suicidio en un contexto de violencia de género, aun sin una orden directa e inmediata.
Ese criterio, remarcaron los letrados, resulta aplicable al caso de Ainara, ya que la figura penal puede configurarse a partir de un proceso sostenido de violencia psicológica, dominio y hostigamiento que vuelve previsible el resultado fatal.
De prosperar el pedido y concretarse la imputación, la causa podría convertirse en el primer caso de estas características en la Justicia de la provincia de Buenos Aires, investigado formalmente bajo la figura de instigación al suicidio con perspectiva de género.
Además del cambio de calificación legal, la familia solicitó una serie de medidas de prueba consideradas clave para el avance de la investigación: pericias psicológicas y psiquiátricas retrospectivas sobre la víctima, evaluaciones del imputado, un análisis integral de los chats con enfoque en violencia de género, oficios a plataformas digitales y la ampliación de declaraciones testimoniales.
Mientras la fiscalía analiza el planteo, el expediente vuelve a poner en el centro del debate el impacto de la violencia psicológica extrema y la responsabilidad penal que puede derivarse de vínculos marcados por el hostigamiento, el control y la dominación.