La fiscal impulsó el encierro de cinco policías que llegaron en libertar al juicio oral desarrollado en La Plata. Una acusada, absuelta. Los detalles.
Con duros pedidos de condenas y detenciones se realizaron en La Plata los alegatos del juicio oral a 10 policías acusados de una feroz inspección en los calabozos de la comisaría Cuarta de Berisso, con asiento en el barrio de Villa Argüello. Una acusada, absuelta, otros dos hablaron antes del veredicto.
En el Juzgado Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de la jueza María Belén Piccone, se llevaron adelante este martes los alegatos finales en el juicio oral que tiene en el banquillo a diez policías acusados de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público. Los hechos que originaron la causa ocurrieron el 10 de marzo de 2018 en la mencionada seccional, donde un grupo de detenidos denunció haber sido víctima de graves abusos y humillaciones durante una requisa.
Señaló que le plantaron un arma de fuego y estuvo cuatro años preso. Firmó un juicio abreviado para recuperar la libertad. Indagatoria en el juicio oral.
La fiscal de juicio Victoria Huergo pidió penas de hasta siete años de prisión para los principales implicados y planteó un detallado análisis de los hechos y de las pruebas recolectadas. Por su parte, los abogados defensores Fernando Viale y Guillermo Mareco centraron sus estrategias en cuestionar los testimonios de las víctimas y en sostener que las acciones policiales fueron parte de un procedimiento reglamentario.
Durante su exposición, la fiscal Huergo realizó un contundente repaso de los hechos ocurridos aquel domingo 10 de marzo de 2018 a las 11:15 horas. Subrayó que se trató de un claro caso de violencia institucional, donde las víctimas, privados de su libertad, fueron sometidos a tratos crueles y degradantes que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia.
"Las personas privadas de su libertad no están invalidadas como sujetos de derecho", remarcó la fiscal. En esa línea, añadió que "no se discute la potestad estatal de requisar calabozos o personas, sino si se cumplió o no con el trato digno y respetuoso que deben recibir los detenidos".
Huergo puso en contexto los relatos de seis personas que declararon como víctimas de la requisa. Según detalló, los detenidos fueron golpeados, despojados de cigarrillos y alimentos, e incluso se reportó la destrucción de una dentadura postiza. En uno de los episodios más impactantes, un detenido al que le habían amputado una pierna fue forzado a desplazarse saltando hacia atrás, ya que los oficiales no le permitieron colocarse la prótesis. Parte de la misma le fue devuelta después por el propio comisario de la seccional.
"Hubo actos gravemente humillantes", enfatizó la fiscal, y recordó que las requisas están reguladas por normativas que exigen incluso la presencia de personal médico, lo cual no se cumplió en este caso.
A partir de los testimonios de las víctimas y de otras pruebas incorporadas al expediente, Huergo solicitó penas severas para los principales acusados. Pidió siete años de prisión para Ángel Daniel Barrientos; cinco años para Ubaldo Alfredo Farías, Oscar Damián Jara y César Orlando Pacheco; y cuatro años y seis meses para Lucas Eduardo Cángaro, a quien señaló como reincidente.
Para Rodrigo Nicolás Ponce, Agustín Sabini, Cristian Jonatan Vicente y Juan Martín Brelis, la fiscalía pidió penas de cuatro años sin solicitud de detención inmediata. En cambio, Huergo desistió de acusar a Solange Andrea Medina, quien quedó desvinculada del caso. Fue asistida por el letrado Christian Romano.
Entre los agravantes, la fiscal tuvo en cuenta la cantidad de víctimas y la diversidad de agravios cometidos: golpes, insultos, desnudez forzada y destrucción de pertenencias. Como atenuantes, consideró la carencia de antecedentes penales en la mayoría de los acusados, aunque aclaró que no es un aspecto meritorio para funcionarios públicos.
Por su parte, los abogados defensores intentaron desestimar los argumentos de la fiscalía. Fernando Viale, uno de los representantes legales, aseguró que "la fiscal expresó generalidades que no se corroboran con la causa" y que lo sucedido en la comisaría "se trató de una requisa normal". Según sostuvo, los detenidos suelen quejarse de los procedimientos como parte de una "tradición" carcelaria.
"Siempre les molesta a los detenidos que los requisen, hay un folclore de quejarse", afirmó el abogado, y agregó que ninguno de los internos realizó denuncias por agresiones en un primer momento. Con ese argumento, solicitó la absolución de sus defendidos por "inexistencia de los hechos".
En la misma línea, Guillermo Mareco, defensor de César Orlando Pacheco, cuestionó la credibilidad de los testimonios de los detenidos por su "condición de personas en conflicto con la ley". Además, argumentó que su asistido no participó directamente de los hechos y sostuvo que, en caso de condena, se le aplique el mínimo de la pena y se le permita esperar la sentencia en libertad.
En la etapa final del juicio, los acusados tuvieron la oportunidad de decir sus últimas palabras antes del veredicto. La mayoría optó por el silencio, salvo dos excepciones: César Orlando Pacheco y Oscar Damián Jara.
Pacheco declaró: "Siempre trabajé en el marco de la ley, tengo la conciencia tranquila, estoy en paz con Dios", mientras que Jara fue más breve y afirmó: "Siempre confiamos en la justicia".
La jueza María Belén Piccone anunció que la lectura del veredicto y la posible sentencia se llevarán a cabo el próximo viernes 27 de diciembre al mediodía. Será un día clave para los acusados, las víctimas y para el debate sobre la violencia institucional en el ámbito de las fuerzas de seguridad.
El juicio por los hechos ocurridos en la comisaría Cuarta de Berisso no sólo pone en la mira la conducta de los efectivos policiales involucrados, sino que también reabre el debate sobre el trato que reciben las personas privadas de su libertad. La fiscal Huergo fue categórica al afirmar que la dignidad humana debe respetarse en todos los ámbitos, independientemente de la situación legal de cada individuo.
La causa salió a la luz gracias a la intervención de la fiscal Virginia Bravo, quien estaba de turno el día de los hechos y tomó declaración inmediata a los detenidos tras advertir irregularidades. Las lesiones sufridas por los internos fueron luego documentadas por médicos forenses que declararon durante el debate oral.
"Por suerte estuvo de turno de fiscal Virginia Bravo, quien notó algo raro, y les tomó declaración a todos los presos. Virginia Bravo, una fiscal con todas las letras", consideró su par Huergo.
A lo largo del juicio, quedó en evidencia la complejidad de este tipo de casos, donde las denuncias de violencia institucional deben enfrentar el peso de las estructuras de poder y la desconfianza que muchas veces recae sobre las víctimas por su condición legal.
Con la sentencia a la vuelta de la esquina, las expectativas están puestas en la decisión que tomará la jueza Piccone. Lo que está en juego no es sólo la responsabilidad penal de los acusados, sino también un mensaje claro sobre el límite que debe establecerse frente a la violencia institucional en el ámbito de las fuerzas de seguridad.
La lectura del veredicto y posible sentencia está prevista para el viernes 27 de diciembre al mediodía.