La Justicia Federal de La Plata investiga las muertes por fentanilo, una de las causas de mayor impacto en el sistema de salud.
A un año desde que la Justicia Federal de La Plata abriera la causa del fentanilo adulterado que habría causado más de un centenar de muertos, las actuaciones se encuentran encaminadas al juicio oral, cuyo pedido podría elevarse antes de la feria judicial de invierno.
El voluminoso expediente, al que tuvo acceso 0221.com.ar, detalla con rigor los distintos momentos desde ese 13 de mayo de 2025 e incluye la imputación inicial de 17 personas, de las cuales 13 siguen en esa estando en esa situación, con seis prisiones preventivas, dos de ellas domiciliarias.
El delito de base atribuido a los procesados es la “adulteración de sustancias medicinales destinadas al uso público sanitario, agravada por muerte de al menos 20 personas, en concurso real con adulteración peligrosa para la salud pública”. Tal calificación da sustento a la insistencia de los familiares de las víctimas por instalar que el caso remite a “fentanilo adulterado” en lugar de “fentanilo contaminado”, como en general se lo viene denominando desde que se conocieran las primeras noticias.
En el expediente se explica que las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas.
Esa referencia a "al menos 20 muertes" de la que se habla en el auto de procesamiento de los acusados –sin embargo– está acotado a lo que surgió en la primera etapa de la investigación.
Fuentes judiciales mencionaron a este portal que la investigación iniciada con 18 muertos en el Hospital Italiano de La Plata se extendió a distintos puntos del país, con epicentro en Rosario y un crecimiento exponencial que se verá reflejado en los próximos movimientos del expediente, cuando las imputaciones se extiendan a alrededor de 90 fallecidos más.
El número asombra. De acuerdo a las fuentes consultadas para esta nota la investigación encabezada por el titular del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, Ernesto Kreplak, tiene en el radar a por lo menos 114 fallecidos y 49 sobrevivientes, a quienes se les habría suministrado la sustancia que contenía las bacterias mortales. Por lo que en total serían más de 160 afectados.
Hasta ahora, la Justicia contabiliza 114 fallecidos y 49 pacientes afectados por el fentanilo adulterado en distinto centros de salud del país
La trama de este caso que movió los cimientos del sistema de salud en Argentina tiene una profunda raigambre en La Plata, a partir de una advertencia del Hospital Italiano que derivó en una denuncia formal de la ANMAT (Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica) y la apertura de la causa mencionada.
Un análisis actualizado a un año del inicio de la misma revelado a 0221.com.ar por fuentes cercanas a la investigación indica que, en esta primera etapa, la elevación a juicio que se concretaría antes de mitad de año tiene en foco a los responsables de los laboratorios que produjeron los lotes de fentanilo contaminado.
De forma complementaria se trabaja una segunda línea con las responsabilidades que pudieron haber tenido funcionarios de los organismos de control, especialmente la ANMAT, si se avanza en la hipótesis de que hubo advertencias previas que no se tuvieron en cuenta.
De acuerdo a lo que indicaron las mismas fuentes, no se descarta que ambas líneas –producción y control– confluyan en un mismo juicio si el tiempo que demande a la Cámara Federal la aprobación de la primera elevación permite el desarrollo de la segunda con su correspondiente caudal probatorio. Actualmente restan tomar medidas de pruebas y resolver indagatorias.
Algo más improbable es que en esa misma instancia se incluya una tercera capa de responsabilidades que se está trabajando, y es la que pudieran haber tenido los centros asistenciales que aplicaron las dosis que derivaron en muertes o en graves complicaciones en los pacientes.
En esos casos –explicaron las fuentes– las imputaciones no serían por la provisión del fentanilo, sino por el manejo posterior de la crisis sanitaria –mencionan por ejemplo un posible ocultamiento de pruebas e información–.
Se investigan tres capas de responsabilidades: los laboratorios productores del fentanilo, los órganos que debieron controlar y las clínicas que lo suministraron
Inicialmente el laboratorio del Hospital Italiano de La Plata detectó la presencia de una contaminación microbiana del Fentanilo HLB con las bacterias Klebsiella Pneumoniae y Ralstonia Picketti que generaron el brote que resultó mortal.
Esa situación se identificó a partir de los análisis realizados en diez de doce ampollas pertenecientes a los establecimientos HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, los cuales fueron rápidamente suspendidos.
La secuencia reconstruida en el expediente, cuya primera foja se escribió el 13 de mayo del año pasado, indica que todo comenzó con lo que, en principio, fue detectado como un brote infeccioso inusual. Pacientes internados en distintos sectores críticos del Hospital Italiano de La Plata empezaron a presentar fiebre, bacteriemia e hipotensión. En la mitad de los casos, el cuadro derivó en un shock séptico fatal.
El propio hospital realizó estudios de laboratorio que dieron resultados alarmantes. Las muestras fueron enviadas a la autoridad sanitaria nacional y luego confirmadas por el Instituto Malbrán. El foco estaba puesto en un medicamento de uso habitual en terapias intensivas que había suministrado a todos los pacientes afectados por el brote: el fentanilo.
Con el correr de los días la causa creció con la aparición de situaciones similares en centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce, Pinamar, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Formosa y otras provincial, lo que terminó de dimensionar la magnitud nacional de la tragedia.
La causa avanzó rápidamente cuando el juez puso el foco en los responsables de los laboratorios, quienes son los actualmente procesados. El expediente sumó el auto de procesamiento el 25 de septiembre del año pasado, el cual está actualmente apelado y a la espera de una resolución de la Cámara Federal.
Mientras tanto, en lo que en tribunales es leído como una estrategia de demora, uno de los principales principal acusado, el dueño de HLB Pharma Ariel García Furfaro, pidió recurrentemente ampliar su declaración, hecho que se concretó en los últimos días, demandando más de una jornada para abundar sobre la teoría de la conspiración y el sabotaje dentro del laboratorio.
En el auto de procesamiento de Kreplak –que como se dijo está apelado y a la espera de resolución–, se describe la investigación que avanzó sobre 17 personas vinculadas a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre directivos, responsables técnicos, profesionales de control de calidad y personal operativo.
El núcleo más comprometido quedó conformado por el propio García Furfaro, principal figura empresarial del grupo; su hermano Diego Hernán García; su madre Nilda Furfaro, vicepresidenta de HLB Pharma; Javier Martín Tchukrán, técnico químico; José Antonio Maiorano, farmacéutico; y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo.
Todos fueron procesados por adulteración de sustancias medicinales agravada por muerte, considerados responsables centrales en la producción, liberación y comercialización de partidas contaminadas. En estos casos, el juez dispuso prisión preventiva –en algunos casos domiciliaria– al considerar acreditado un alto nivel de responsabilidad funcional, riesgo procesal y capacidad de entorpecer la investigación.
Según la resolución, Ariel García Furfaro ocupaba el rol de máxima conducción dentro del entramado empresario y recibió además un embargo récord de 1 billón de pesos, reflejo del peso patrimonial y la magnitud de su presunta responsabilidad penal.
Su hermano Diego fue señalado como pieza clave en decisiones de producción y operación, mientras que su madre –bajo prisión domiciliaria– quedó bajo sospecha por su posición ejecutiva dentro del holding. Ansaldi, Maiorano y Tchukrán fueron considerados “engranajes técnicos esenciales” –en Laboratorios Ramallo S.A o HLB Pharma Group SA– para sostener procesos productivos que, según el expediente, presentaban graves irregularidades sanitarias.
En un segundo escalón quedaron procesados sin prisión preventiva varios responsables técnicos y profesionales de ambos laboratorios, entre ellos María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Sclafani y Eduardo Darchuk.
Para el juzgado, su participación estuvo ligada a funciones de control, validación, garantía de calidad o supervisión microbiológica, aunque con menor incidencia decisoria que el núcleo directivo. Todos continúan sometidos al proceso con restricciones de salida del país, obligaciones de comparecencia y embargos multimillonarios.
En estos casos, la resolución judicial remarca que, aunque no se acreditó un dominio estructural de la maniobra, sí existieron responsabilidades relevantes por omisiones, controles insuficientes o participación en circuitos que permitieron la circulación de medicamentos peligrosos.
Por otro lado, el magistrado dictó falta de mérito para Damián Roberto García, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano y Víctor Pablo Boccaccio. Si bien recuperaron la libertad o evitaron el procesamiento formal, continúan vinculados a la investigación y sujetos a restricciones cautelares mientras se profundiza la producción de prueba.
El auto de procesamiento construye así una estructura de responsabilidades diferenciadas: en la cima, el directorio y conducción empresarial; en un segundo plano, los responsables técnicos y de calidad; y en un tercer nivel, figuras aún bajo evaluación judicial.
La magnitud de la investigación, que quedará en la historia de las causas judiciales relacionadas con delitos que impactan en el sistema de salud argentino, queda reflejada en los términos con el que en la causa se menciona una acción delictiva que no responde a errores individuales aislados, sino a una presunta organización empresarial que permitió la fabricación y distribución de fentanilo contaminado con consecuencias fatales para pacientes de distintos centros de salud del país.
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