En un nuevo capítulo que sacude a la política en La Plata y pone en foco los vínculos entre gestión pública y desarrolladores inmobiliarios, la denuncia radicada por la gestión del intendente Julio Alak por presunto "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" avanza con pasos firmes y fue ratificada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
Según fuentes judiciales, la presidenta del Colegio de Abogados y actual secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata, Marina Mongiardino, presentó formalmente la ratificación de los cargos. El proceso apunta a desentrañar un esquema mediante el cual, durante la gestión municipal de Juntos (2015-2023), se habrían autorizado desarrollos inmobiliarios sin el visto bueno legal necesario, lo que podría haber derivado en un perjuicio económico estimado en $1.500 millones.
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El abogado Marcelo Peña adelantó que se solicitará cambiar la Fiscalía que lleva adelante la investigación.
Foto: AGLP
Para que ello ocurra ya están preparando el pedido de declinación. "Nos vamos a presentar con una ONG como amicus curiae para ser parte en el expediente", confirmó Peña a este medio. Así, la idea es llevar la causa ante la Procuración General y que su titular Julio Marcelo Conte Grand (nombrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal) designe en qué departamento judicial seguirá el trámite de la denuncia.
Conte Grand llegó a su cargo con la ayuda de un sector del peronismo provincial, pero su génesis política se encuentra en el PRO, que fue fundado por Mauricio Macri y es el espacio que cobija al exintendente Julio Garro y la mayoría de los posibles citados a indagatoria.
Denuncias por orden
El núcleo de la acusación se centra en la presunta creación de barrios cerrados mediante ordenanzas que no cumplían con los requisitos de validación provincial. Estas maniobras habrían servido de base para que desarrolladores avancen en la comercialización de terrenos bajo la apariencia de legalidad. De acuerdo con las declaraciones, dichas ordenanzas fueron clave para permitir urbanizaciones que no cumplieran con la normativa vigente, perjudicando tanto al erario público como a los futuros habitantes de estos barrios.
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El intendente Julio Alak suspendió en octubre pasado más de 400 desarrollos inmobiliarios en La Plata.
El actual secretario de Infraestructura de La Plata, Sergio Resa, también fue llamado a declarar y detalló cómo se gestó el proceso de denuncia y el entramado administrativo que posibilitó la autorización de estos proyectos. El funcionario subrayó las irregularidades que, según la investigación, violaron expresamente la normativa que regula el uso del suelo en la provincia.
En octubre, en un intento por frenar las consecuencias de estas presuntas irregularidades, el actual jefe comunal suspendió la ejecución de obras en más de 400 barrios nuevos de La Plata, muchos de ellos cerrados. La medida, formalizada por Decreto, afectó más de 1.200 expedientes relacionados con desarrollos inmobiliarios y detuvo la presentación de nuevos proyectos por un período de 180 días.
En la Provincia, el ministro de Gobierno Carlos Bianco apoyó la decisión y alertó sobre las implicancias de las prácticas de algunos desarrolladores. "El problema es que estaban fuera de regla”, señaló Bianco en una conferencia de prensa y agregó que la falta de convalidación provocaba situaciones que calificó como "una estafa".
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El secretario de Infraestructura, Sergio Resa, reveló que se violaron las normativas sobre el uso de suelo.
Foto: AGLP
El funcionario explicó que, para legalizar desarrollos de barrios cerrados, es fundamental que los códigos de ordenamiento territorial sean aprobados por el Concejo Deliberante y luego por la Provincia. Solo después de este proceso y con una validación formal se puede iniciar la construcción o venta de lotes. "Sin esa convalidación, todo lo demás es ilegal", afirmó Bianco, subrayando la importancia de respetar los procesos para proteger a los compradores.
El impacto en La Plata
La denuncia y sus avances han dejado al descubierto un entramado complejo que involucra no solo al quien fue el secretario de Obras Públicas y cuya firma llevaban todas las autorizaciones, Luis Barbier, sino también a otros funcionarios y empresarios y actores vinculados al desarrollo inmobiliario. Los investigadores buscan establecer cuántas de estas ordenanzas se aprobaron sin pasar por el proceso debido y qué beneficios económicos se generaron a partir de estas prácticas. Las proyecciones apuntan a un posible impacto de millas de millones en
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El exsecretario de Obras Públicas de La Plata, Luis Barbier, es uno de los principales apuntados por las denuncias.
Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en las gestiones municipales, en especial cuando se trata de urbanizaciones que implican cambios significativos en la ciudad y afectan tanto a los ciudadanos como al patrimonio público. La suspensión de las obras ha generado incertidumbre en los desarrolladores y residentes, pero también ha sido vista como un paso.
El avance de lacausa será determinante para sentar precedentes sobre la responsabilidad de los funcionarios en la aprobación de proyectos inmobiliarios y el papel de las empresas en la planificación y desarrollo urbano. Se espera que las próximas etapas de la investigación revelen más detalles y nombres involucrados, reforzando la importancia de que la justicia actúe con celeridad y precisión.
