La suspensión por 180 días de los 400 emprendimientos inmobiliarios de La Plata dispuesta por el intendente Julio Alak y la denuncia penal realizada en la Justicia abrió un panorama incierto tanto para los desarrolladores como para los que construyen, ya que no está claro qué pasará con los proyectos una vez concluido ese plazo. Mientras se tejen un sinfín de hipótesis, crece el malestar con un ex funcionario de la gestión de Julio Garro que era el enlace con el sector inmobiliario: Luis Barbier.
El decreto firmado por el intendente Alak suspendió el 10 de octubre las obras y los trámites administrativos de más de 400 barrios que se construyen en la ciudad y que fueron habilitados en años anteriores por rezonificaciones en zonas de la periferia norte, oeste y sur de La Plata que fueron votadas por el Concejo Deliberante, pero no lograron la convalidación del gobierno provincial.
La suspensión alcanza a 76 ordenanzas relacionadas con cambios al Código de Ordenamiento Urbano (COU), la normativa municipal que regula el uso del suelo en la ciudad, que fueron calificadas como "ilegales" por la gestión actual y que ahora serán revisadas una por una. Según denuncia la administración actual, los emprendimientos fueron autorizados sin contar con la provisión de servicios básicos, generando así problemas de planificación y conflictos urbanísticos.
El enlace con los desarrolladores
Se trata de ordenanzas que fueron presentadas durante la gestión de Julio Garro con el impulso del ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Barbier, quien se desempeñó en ese mismo cargo durante los dos mandatos de Juntos por el Cambio.
De bajo perfil, el ex funcionario manejó durante ocho años la lapicera que firmaba no sólo los proyectos inmobiliarios, sino también las obras públicas que se encararon en la ciudad desde la Comuna, lo que lo hizo forjar una estrecha con constructores, desarrolladores, ingenieros, arquitectos e inversores.
Es abogado, graduado en la UNLP y tiene un Máster en derecho administrativo en la Universidad Austral. Al igual que muchos funcionarios de Juntos, su origen fue peronista y antes de llegar al Municipio en 2015 ejerció diversos cargos públicos en Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el CEAMSE.
Barbier, que además es hermano de la concejal de Juntos Lucía Barbier, fue una pieza clave en el avance de los permisos para los nuevos desarrollos inmobiliarios que, año a año, eran girados al Concejo Deliberante para asignarle indicadores urbanísticos a zonas rurales, donde el COU no permitía construir.
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Los hermanos Lucía y Luis Barbier en un evento social realizado este año en La Plata
Los expedientes también llevaban las firmas de la secretaria de Planeamiento, María Botta, y del secretario de Coordinación, Oscar Negrelli. Sin embargo, el que manejaba el vínculo con los desarrolladores era Barbier.
El proceso de revisión de las 76 ordenanzas forma parte de la primera etapa del plan que encaró el Municipio para elaborar un nuevo COU junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación CEPA, como contó 0221.com.ar. El objetivo es resolver primero la situación de esos 400 emprendimientos que quedaron en stand by.
Los reclamos de la oposición
La parálisis de los 400 desarrollos inmobiliarios fue motivo de debate entre oficialismo y oposición en la última sesión del Concejo Deliberante. Tanto el bloque libertario Buenos Aires Libre como el de la UCR + PRO presentaron distintos proyectos para pedir información al Ejecutivo que todavía no presentó públicamente el listado de los 400 emprendimientos alcanzados por la suspensión y que incluyó ordenanzas que, a criterio de la oposición, no deberían estar en el paquete.
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El ex secretario de Obras Públicas, Luis Barbier, jurando en el cargo cuando Julio Garro asumió su segundo mandato.
También hubo cruces por la denuncia penal que el Municipio realizó para que se investigue si hubo connivencia entre funcionarios y desarrolladores y sobre la que hay hermetismo.
El que abrió el debate fue el presidente del bloque libertario, Guillermo Bardón, quien le reclamó al Municipio haber incluido en el decreto ordenanzas que "nada tienen que ver con los negocios inmobiliarios a los que apunta el Municipio" como las referidas al Polo Electoral y la planta de baterías de litio de la UNP. Por el contrario, le reprochó al oficialismo no haber incluido la normativa que autorizó el desarrollo inmobiliario del grupo IRSA, que prevé construir un shopping, oficinas y un complejo habitacional en Camino Belgrano y 514 de Gonnet.
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En el Concejo se debaten diferentes proyectos nacidos tras la denuncia del Ejecutivo
El libertario también pidió al Ejecutivo que informe públicamente cuáles son los barrios en suspenso por 180 días para que los platenses "no sigan comprando lotes de buena fe" en los barrios que están frenados por su situación legal.
La concejala del PRO -Libertad, Belén Muñoz, cuestionó en duros términos la suspensión de las ordenanzas y le reclamó al Ejecutivo por la parálisis en que está sumida la Dirección de Obras Particulares. Sostuvo que la sanción y convalidación de un nuevo COU puede llevar años y "en el medio los propietarios, los desarrolladores, los profesionales seguimos en un gris, no hay ninguna respuesta con expedientes viejos ni nuevos".
En la misma línea, el concejal de la UCR + PRO, Javier Mor Roig, consideró que no es necesario suspender los efectos generales de las ordenanzas para ordenar la situación. El edil, que supo presidir la comisión de Planeamiento del Concejo durante buena parte de la gestión de Garro, precisó que la suspensión que alcanza, por ejemplo, a 43 ordenanzas relacionadas con barrios PROCREAR y que la parálisis genera preocupación en los propietarios que "no pueden ampliar ni vender su propiedad", pero también en los profesionales y los trabajadores que "no tienen trabajo" y están a la espera de que se resuelva la situación.
