La denuncia que encendió las alarmas. Los allanamientos, las detenciones e indagatorias en La Plata. Radiografía de una investigación compleja.
El 12 de mayo de 2025 una denuncia ingresada en la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina (PFA) encendió todas las alarmas y dio inicio a una de las causas más delicadas de la historia en la Justicia Federal de La Plata. Radiografía del caso del fentanilo contaminado, una investigación compleja y que recién comienza.
El denunciante, Adrián Basualdo Galli, coordinador del área judicial de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), informó que el Hospital Italiano había detectado un brote de infecciones en pacientes que recibieron el opioide elaborad por el laboratorio HLB Pharma.
Las primeras pericias arrojaron que en doce de los veinte casos analizados el fentanilo afectó a los pacientes, ocho de los cuales eran del Hospital Italiano.
La calificación del Cuerpo Médico Forense aparece en los documentos enviados al juez federal Ernesto Kreplak y puede ser clave en el caso Fentanilo.
En total, 18 personas resultaron afectadas por bacterias inusuales para el ámbito intrahospitalario —Ralstonia Picketti y Klebsiella Pneumoniae MLB—, y varias murieron. El nexo común era inquietante: todos habían sido medicados con lotes específicos de ese medicamento.
La ANMAT, que tomó conocimiento formal de la situación el 2 de mayo a través de un correo electrónico de la jefa de Farmacia del hospital, Daiana Martínez, realizó los primeros análisis. El resultado fue contundente: diez de las doce muestras de fentanilo HLB estaban contaminadas. Ese dato encendió las alarmas y el caso escaló a la justicia federal.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Ernesto Kreplak; con la intervención de la Fiscalía Federal N°1, cuya titular es María Laura Roteta. Desde el inicio, la fiscal encuadró la investigación en los delitos contra la salud pública, específicamente en el artículo que sanciona la adulteración de medicinas.
El 13 de mayo, un día después de iniciada la investigación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ya había impulsado medidas de prueba clave: análisis complementarios, pedidos de informes y allanamientos preventivos. La querella, encabezada por los padres de una de las víctimas fatales (identificada como G.B.), se sumó con un planteo duro: detrás de la contaminación había responsables con nombre y apellido, no simples fallas de laboratorio.
En apenas 3 meses, la pesquisa avanzó sobre los lotes 31202 y 31244 de fentanilo producidos en la planta de Laboratorios Ramallo S.A., propiedad del conglomerado farmacéutico vinculado a los hermanos García Furfaro. A partir de esa pista, los investigadores reconstruyeron la cadena de producción y distribución y apuntaron contra directivos, empresarios y socios estratégicos.
La resolución del juez Kreplak, firmada el 20 de agosto de 2025, identificó a los principales responsables y ordenó un operativo de alto impacto. El documento judicial dispuso diez detenciones y siete citaciones a indagatoria. En el centro de la escena quedaron tres hermanos:
A ellos se sumó Nilda Furfaro, mamá de los tres apuntados e histórica directiva administrativa de HLB Pharma, considerada una pieza clave en el engranaje económico y contable. Furfaro era quien manejaba la estructura burocrática de la empresa, mientras los García ocupaban la cúpula ejecutiva y estratégica.
Junto a ellos, la orden de detención incluyó a Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano, Horacio Tallarico, Rodolfo Labrusciano, Víctor Boccaccio y Carolina Ansaldi. Cada uno, desde distintas áreas —producción, distribución, asesoramiento técnico o comercialización—, habría contribuido a que los lotes contaminados llegaran a hospitales sin las advertencias necesarias.
Uno de los puntos más oscuros del expediente es determinar cómo se produjo la contaminación del fentanilo. Las pericias indicaron que las bacterias halladas no eran propias del entorno hospitalario, lo que refuerza la hipótesis de que el problema se originó en el proceso de producción en la planta de Ramallo.
El fentanilo, un opioide de uso hospitalario en anestesia y cuidados críticos, requiere estrictos controles de esterilidad. En este caso, la presencia de bacterias multirresistentes hace presumir que se vulneraron los protocolos de seguridad. La querella sostiene que los directivos conocían los riesgos y, aun así, permitieron la salida de los lotes al mercado. Más aún: la investigación apunta a que se ocultó información a la ANMAT. En lugar de reportar incidentes internos, la empresa habría continuado con la distribución, exponiendo a decenas de pacientes. La figura penal en juego —adulteración de medicamentos— contempla penas severas, que pueden agravarse si se demuestra que hubo dolo o encubrimiento posterior.
Además de los detenidos, Kreplak citó a declarar a siete personas más, entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre: María Victoria García, Eduardo Darchuk, Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío del Cielo Garay y Adriana Iúdica. Estos imputados cumplieron roles secundarios pero estratégicos en la red, formando parte de áreas de logística, control de calidad, producción y administración. El juez considera que sus testimonios serán fundamentales para determinar si hubo responsabilidad compartida o cadenas de mando encubiertas.
La investigación, por ahora, no descarta ninguna hipótesis: desde una grave negligencia empresarial hasta la posibilidad de un delito económico deliberado, motivado por acelerar procesos productivos y recortar gastos en controles sanitarios.
La resolución de Kreplak detalló un plan preciso: allanamientos simultáneos en nueve domicilios de los imputados, entre ellos countries, residencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Rosario y San Nicolás y oficinas en Ramos Mejía y Villa Adelina.
El operativo, realizado el 20 de agosto estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El juez habilitó el uso de la fuerza pública, autorizó detenciones en la vía pública si los acusados no eran hallados en sus domicilios y ordenó el secuestro de celulares, documentos y material digital siguiendo protocolos de preservación de evidencia.
El despliegue no solo buscaba garantizar las detenciones, sino también impedir la destrucción de pruebas. En particular, la Justicia puso el foco en las comunicaciones internas de los ejecutivos, que podrían revelar si hubo coordinación para encubrir el brote de contaminación.
El expediente judicial reconoce hasta ahora al menos ocho pacientes afectados en La Plata, pero las pericias posteriores revelaron que los lotes distribuidos llegaron a otros hospitales del país. En ese sentido, la causa se transformó en un caso de alcance nacional.
El impacto, además, golpea en el ámbito médico. El fentanilo es un insumo básico en quirófanos y terapias intensivas y su retiro masivo obligó a hospitales y clínicas a improvisar alternativas, en un contexto de alta demanda y escasez global de anestésicos.
El caso no solo tiene aristas judiciales y sanitarias. La investigación toca intereses económicos de peso: HLB Pharma es uno de los laboratorios más influyentes en la provisión de medicamentos al sistema de salud pública y privada. Su vínculo con funcionarios, sindicalistas y dirigentes del sector farmacéutico ya comienza a ser relevado por la Justicia.
La investigación amenaza con destapar un entramado que trasciende lo sanitario para meterse de lleno en la relación entre poder político, negocios farmacéuticos y control estatal
Los García Furfaro habían tejido relaciones políticas en distintos niveles del Estado, con aportes de campaña y presencia en cámaras empresariales. La investigación, entonces, amenaza con destapar un entramado que trasciende lo sanitario para meterse de lleno en la relación entre poder político, negocios farmacéuticos y control estatal. En este sentido, la actuación de la ANMAT también será objeto de análisis. ¿Actuó a tiempo? ¿Hubo demoras deliberadas en las alertas? ¿Se frenaron inspecciones previas por presiones empresariales? Son preguntas que comienzan a emerger en un caso que podría derivar en responsabilidades administrativas y políticas.
La investigación recién está en sus primeras etapas. El juez Kreplak deberá tomar las indagatorias a los detenidos, analizar la documentación secuestrada y definir si dicta la prisión preventiva de los principales acusados.
El caso promete convertirse en un juicio emblemático en materia de delitos contra la salud pública, con el potencial de sentar precedentes en la regulación de la industria farmacéutica argentina. La magnitud de las muertes y el alcance nacional de la distribución de fentanilo contaminado obligan a una investigación exhaustiva.
Por ahora, la Justicia avanza con un mensaje claro: detrás de la contaminación hubo nombres, empresas y decisiones, y no se trató de un accidente inevitable. La trama del fentanilo contaminado empieza a develar hasta dónde llegan las conexiones entre el negocio de la salud, el poder económico y las falencias del Estado en el control sanitario.