Familiares de dos los pacientes que murieron por el fentanilo adulterado en el Hospital Italiano de La Plata cuentan sus historias y reclaman justicia.
A un año de que se destapara la tragedia del fentanilo adulterado en La Plata, las familias de las víctimas vuelven a alzar la voz para exigir justicia y sostienen una lucha que nunca se detuvo. Denuncian responsabilidades, cuestionan al Estado y reclaman medidas concretas para que no se repita.
El caso, que salió a la luz el 13 de mayo de 2025, dejó al descubierto una de las crisis sanitarias más graves de las últimas décadas. Lo que comenzó como un brote infeccioso en el Hospital Italiano derivó en una investigación judicial de alcance nacional.
Con el avance de la causa, la dimensión del drama creció. En los meses que van de 2026, la Justicia Federal confirmó que las muertes vinculadas al fentanilo adulterado son hasta ahora 114 de las cuales al menos 18 se registraron en el Hospital Italiano de La Plata. Además unos 49 pacientes fueron dadas de alta y quedaron con secuelas, en dos de ellas graves.
En paralelo al expediente judicial, los familiares de las víctimas comenzaron a movilizarse para que el caso no cayera en el olvido y visibilizar un reclamo que acompañe los avances en la Justicia. Así primero se juntaron para salir a marchar en las calles de La Plata y después comenzaron a brindar testimonio contando las historias personales detrás de cada caso.
En ese universo de víctimas, hay historias que sintetizan el dolor y la incertidumbre. Una de ellas es la de Daniel Oviedo, músico platense de 44 años, cuyo caso fue reconstruido por su hermana Gisele. "Dani estaba atravesando un estado de pánico. Fuimos al hospital, entramos por guardia, la persona que lo atiende le dice que tenía una neumonía", recordó en diálogo con 0221.com.ar. Ingresó el 25 de abril y, a partir de ahí, su cuadro se agravó rápidamente hasta su muerte el 17 de mayo, cuando el escándalo ya había tomado dimensión nacional y la causa judicial ya estaba abierta.
Daniel era paciente renal crónico y llevaba 16 años de tratamiento de diálisis. Había ingresado por complicaciones respiratorias, pero en terapia intensiva su evolución tomó un giro inesperado. "A los dos días recibe la primera la primera ampolla con fentanilo adulterado, algo que me entero después", contó Gisele sobre un dato clave que conoció tiempo más tarde.
Durante la internación, el deterioro fue evidente. "Vi 12 muertes", relató sobre lo que ocurría a su alrededor en terapia intensiva, mientras también empezaba a notar síntomas similares en su hermano. "Me daba cuenta que hacía shock de dolor, hizo un paro adelante mío", agregó, en un testimonio que expone la crudeza de aquellos días en el hospital.
La confirmación llegó después de la muerte. "A Dani lo velamos y al mes más o menos nos llaman del hospital para decirnos que había sido víctima de un envenenamiento", explicó. Sin embargo, cuestionó la forma en que se comunicó el caso. "Lo que nos dijo el director del hospital es que no murió por el fentanilo, sino con el fentanilo", señaló, marcando una diferencia que para la familia es central ya que determinaría si el fentanilo fue o no causa del desenlace fatal.
Otra de las historias que expone la falta de respuestas es la de Héctor Padín, de 49 años y señalero del Ferrocarril Roca, cuya muerte fue relatada por su pareja, Natalia Rivero. Ingresó al Hospital Italiano el 15 de abril, luego de llegar del trabajo con un cuadro de somnolencia. Era hipertenso y, tras ser evaluado en la guardia, los médicos decidieron su internación en terapia intensiva por una neumonía.
A los dos días fue entubado y, aunque en un primer momento mostró signos de mejoría, con el correr de los días su estado volvió a deteriorarse. Empezó a presentar presión baja y su cuadro se volvió cada vez más crítico. Finalmente, el 25 de abril a la madrugada falleció. En ese momento, su entorno no tenía indicios de que su muerte pudiera estar vinculada al fentanilo adulterado que luego sería eje de la investigación judicial.
La revelación llegó mucho después y de la peor manera. "Me tuve que enterar por un diario digital que mi marido estaba en una causa que yo no sabía", contó Natalia, al recordar cómo accedió por primera vez a esa información el día 20 de agosto, a través de 0221.com.ar, casi tres meses después del fallecimiento de su marido.
El impacto de todo el proceso todavía la atraviesa. "¿Sabés lo que es el dolor de leer? Como si te quedara poco con lo que viste", agregó, en referencia al momento en que tuvo que volver al hospital para pedir la historia clínica y enfrentarse a los registros médicos con las prácticas y la medicación que recibió su marido.
Los peritos concluyeron que, en el caso de Padín, "la infección constituyó un factor desencadenante o agravante significativo instalado en un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades, que contribuyó en el desenlace fatal”.
Ese patrón de desinformación también aparece en el caso de Oviedo. Ambas familias coinciden en que la búsqueda de justicia se volvió una necesidad urgente. En el caso de Gisele, además, el proceso la llevó a interiorizarse en aspectos técnicos de la producción del fármaco.
"Es un producto que es muy cuidado y se elabora con el maquinista, que es un operario calificado especial que maneja una máquina automática, no entra gente", explicó, al describir los controles que deberían haberse aplicado. En ese sentido, sostuvo que la presencia de bacterias detectadas en los estudios es un indicador claro de fallas graves. "El hecho de que haya una Ralstonia pickettii significa que no trataron al agua como corresponde", remarcó.
Para las familias, lo ocurrido no puede explicarse como un accidente. "Es una masacre que está en manos de responsables políticos que no están dando la cara", afirmaron Gisele y Natalia, al tiempo que apuntaron contra el rol del Estado en los controles y dirigieron sus críticas a figuras como Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. "La desregulación y el desfinanciamiento del Estado es lo que dio como consecuencia la masacre", señalaron.
En esa línea, remarcaron una serie de irregularidades que, aseguran, fueron determinantes. Entre ellas, una auditoría de ANMAT realizada en noviembre de 2024 a Laboratorios Ramallo que detectó un total de 24 fallas críticas, sin que se detuviera la producción. Según detallaron, entre el 16 y el 18 de diciembre de 2024 se elaboraron los lotes que luego salieron al mercado el 4 de enero de 2025 sin respetar la cuarentena reglamentaria, e incluso se continuó produciendo pese a pedidos de clausura.
A ese escenario se suma otro dato que genera fuerte preocupación entre los familiares: la desaparición de cinco kilos de citrato de fentanilo del laboratorio, una sustancia altamente sensible cuyo destino, aseguran, "no se sabe dónde está" y que sospechan pudo haber sido desviada al mercado ilegal, una de las líneas de investigación que tiene el Juzgado Federal que lleva adelante la causa.
En paralelo destacaron el rol del juez federal Ernesto Kreplak al frente de la investigación, quien centraliza la causa. Las familias valoran su intervención y remarcan la importancia de que la causa siga avanzando para determinar responsabilidades en toda la cadena de producción y control. Vale recordar que Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y otros 12 imputados fueron convocados a declaración indagatoria en el marco de la causa. Una vez concluida esa etapa y tras el análisis de los planteos que puedan presentar las defensas, el juez quedará en condiciones de definir los próximos pasos procesales: lo siguiente sería el pedido de elevación a juicio, posiblemente antes la feria judicial de invierno.
Mientras tanto, el reclamo se trasladó al ámbito legislativo. A lo largo de 2025, los familiares participaron de la comisión investigadora en el Congreso, impulsando un proyecto de ley de trazabilidad integral que busca garantizar que cada medicamento de alto riesgo sea monitoreado desde su origen hasta su aplicación al paciente, con el objetivo de prevenir situaciones como la del fentanilo adulterado.
"Es ir, golpear puertas y tratar de que cada vez más se unan a nosotros para que se haga visible", expresaron sobre el camino que vienen recorriendo para impulsar verdaderos cambios, pese a la falta de acompañamiento de gran parte del arco político. La ley propone un seguimiento detallado en cada etapa de la cadena de suministro, desde la producción y distribución hasta la administración en los centros de salud. De esta manera, se busca asegurar la transparencia y la seguridad de los medicamentos, evitando que episodios como este se repitan en el futuro.
A un año del escándalo sanitario que conmocionó a La Plata y al país, las familias sostienen un reclamo que todavía no encontró respuestas suficientes. Entre el dolor, la falta de acompañamiento político y la pelea por avanzar hacia una ley de trazabilidad de medicamentos, mantienen viva una misma exigencia: que la tragedia del fentanilo adulterado no quede impune.
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