La causa iniciada por Julio Alak avanza tras la ratificación judicial. Señalan maniobras de selección de investigadores conocida como “fórum shopping”.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 16 de La Plata, estará a cargo de investigar la denuncia por presunto "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" que pone en foco los vínculos entre gestión pública y desarrolladores inmobiliarios.
Se trata de un expediente que sacude el panorama político local y pone en foco la habilitación presuntamente irregular de 400 barrios que avanzaron en los últimos ocho años en distintas zonas del distrito.
Según fuentes judiciales, la presidenta del Colegio de Abogados y actual secretaría de Justicia de la Municipalidad de La Plata, Marina Mongiardino, presentó formalmente la ratificación de los cargos. El proceso apunta a desentrañar un esquema mediante el cual, durante la gestión municipal de Juntos por el Cambio (2015-2023), se habrían autorizado desarrollos inmobiliarios sin el visto bueno legal necesario, lo que podría haber derivado en un perjuicio económico estimado en 1.500 millones.
Varios abogados consultados por 0221.com.ar confirmaron que fueron buscados por potenciales imputados. Uno de ellos, ya comenzó a trabajar para que la causa pase a otro departamento judicial de la provincia de Buenos Aires. “Un fiscal de La Plata no puede investigar a un exintendente de la capital bonaerense, está condicionado” señaló Marcelo Peña.
Con el objetivo de buscar la "objetividad" en la investigación ya se está preparando el pedido de declinación. “Nos vamos a presentar con una ONG como Amicus Curiae para ser parte en el expediente”, confirmó Peña a 0221.com.ar.
La idea es llevar la causa ante la Procuración General y que su titular Julio Conte Grand (nombrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal) designe en qué departamento judicial seguirá el trámite de la denuncia.
Conte Grand llegó a ese cargo con la ayuda de un sector del peronismo provincial. La génesis política del funcionario es el PRO, fundado por Mauricio Macri, el mismo espacio que cobija alex intendente Julio Garro y la mayoría de los posibles citados a indagatoria.
El núcleo de la acusación se centra en la presunta creación de barrios cerrados mediante ordenanzas que no cumplían con los requisitos de validación provincial. Estas maniobras habrían servido de base para que desarrolladores avancen en la comercialización de terrenos bajo la apariencia de legalidad. De acuerdo con las declaraciones, dichas ordenanzas fueron clave para permitir urbanizaciones que no cumplieran con la normativa vigente, perjudicando tanto al erario público como a los futuros habitantes de estos barrios.
El actual secretario de Infraestructura de La Plata, Sergio Ressa, también fue llamado a declarar y detalló cómo se gestó el proceso de denuncia y el entramado administrativo que posibilitó la autorización de estos proyectos. Ressa subrayó las irregularidades que, según la investigación, violaron expresamente la normativa que regula el uso del suelo en la provincia.
En octubre, en un intento por frenar las consecuencias de estas presuntas irregularidades, el actual intendente Julio Alak suspendió la ejecución de obras en más de 400 barrios nuevos de La Plata, muchos de ellos cerrados. Esta medida, formalizada mediante decreto, afectó más de 1.200 expedientes relacionados con desarrollos inmobiliarios y detuvo la presentación de nuevos proyectos por un período de 180 días.
Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, apoyó la decisión y alertó sobre las implicancias de las prácticas de algunos desarrolladores. “El problema es que estaban fuera de regla”, señaló Bianco en una conferencia de prensa, y agregó que la falta de convalidación provocaba situaciones que calificó como “una estafa”.
El ministro explicó que, para legalizar desarrollos de barrios cerrados, es fundamental que los códigos de ordenamiento territorial sean aprobados por el Concejo Deliberante y luego por la Provincia. Solo después de este proceso, y con la validación formal, se puede iniciar la construcción o venta de lotes. “Sin esa convalidación, todo lo demás es ilegal”, afirmó Bianco, subrayando la importancia de respetar los procesos para proteger a los compradores.
La denuncia y sus avances han dejado al descubierto un entramado complejo que involucra no solo al exintendente Garro, sino también a empresarios y actores vinculados al desarrollo inmobiliario. Los investigadores buscan establecer cuántas de estas ordenanzas se aprobaron sin pasar por el proceso debido y qué beneficios económicos se generaron a partir de estas prácticas. Las proyecciones apuntan a un posible impacto de millas de millones en
Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en las gestiones municipales, en especial cuando se trata de urbanizaciones que implican cambios significativos en la ciudad y afectan tanto a los ciudadanos como al patrimonio público. La suspensión de las obras ha generado incertidumbre en los desarrolladores y residentes, pero también ha sido vista como un paso.
El avance de esta causa será determinante para sentar precedentes sobre la responsabilidad de los funcionarios en la aprobación de proyectos inmobiliarios y el papel de las empresas en la planificación y desarrollo urbano. Se espera que las próximas etapas de la investigación revelen más detalles y nombres involucrados, reforzando la importancia de que la justicia actúe con celeridad y precisión.