Por estas horas, el derrotero judicial de César Melazo, exjuez de Garantías de La Plata, ingresó en un capítulo clave. Según confirmaron fuentes judiciales en diálogo con 0221.com.ar, su defensa -a cargo de los abogados Christian Romano y Juan Pesquera- presentó una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que la Suprema Corte bonaerense rechazara el Recurso Extraordinario Federal que buscaba revisar la condena dictada en su contra.
La presentación se apoya en argumentos de alto voltaje institucional y plantea que la instancia provincial habría actuado con una conformación irregular y con jueces que, según la defensa, no podían intervenir por su participación previa en hechos centrales del expediente. Para los defensores, ese cuadro vulnera garantías constitucionales básicas, en especial el derecho a un juez natural e imparcial.
La Corte Suprema deberá ahora analizar si abre su instancia de revisión o si descarta el planteo por vía formal, algo habitual en este tipo de trámites. En cualquier caso, la jugada de Melazo vuelve a tensionar el ya extenso conflicto jurídico que rodea al exmagistrado, quien desde su condena viene señalando una persecución política y judicial que, asegura, distorsionó el proceso.
Una ofensiva que apunta al corazón de la Justicia bonaerense
De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el eje de la presentación radica en cuestionar la forma en que la Suprema Corte de la Provincia conformó el tribunal encargado de revisar el recurso extraordinario. La defensa sostuvo desde un primer momento que los ministros Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan y Sergio Gabriel Torres no podían intervenir, ya que habrían tenido participación en etapas previas vinculadas directamente a la destitución y posterior tratamiento recursivo de Melazo.
Suprema Corte
La desintegrada Suprema Corte provincial, en el ojo de la tormenta rechazó el recurso del exjuez César Melazo
En el análisis de los defensores, la intervención de esos jueces constituye una afectación objetiva de la imparcialidad exigida para revisar un caso penal que, además, cuenta con ramificaciones institucionales relevantes. Fuentes de tribunales explicaron que la defensa considera que esos magistrados ya habían expresado criterios jurídicos sobre cuestiones centrales del expediente y que, por lo tanto, no podían actuar como revisores neutrales de la condena.
El planteo no es menor: se sostiene que la Suprema Corte provincial "se convirtió en juez de su propio fallo", ya que los mismos magistrados que la defensa recusó fueron quienes resolvieron no apartarse y, más tarde, rechazaron el Recurso Extraordinario Federal. Según reconstruyeron fuentes del caso, esa doble intervención es presentada como un punto crítico en la estrategia ante la Corte nacional.
"Para la defensa es un escenario incompatible con la imparcialidad requerida en esta instancia y así se lo expresaron a la Corte Suprema", resumió una fuente vinculada al expediente.
La queja de César Melazo ante la Corte Suprema: instancia clave
El camino elegido por Melazo se ampara en los artículos 14 y 15 de la Ley 48 y en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contemplan la posibilidad de acudir en queja ante la Corte Suprema cuando un recurso extraordinario federal es rechazado en la provincia. La denuncia central es que el fallo que negó ese recurso en la Suprema Corte bonaerense constituye una sentencia equiparable a definitiva, ya que impide discutir en el futuro la validez de la integración del tribunal provincial que intervino en su caso.
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Juan Pesquera y Christian Romano, abogados del exjuez Melazo
Ese argumento es clave para abrir la instancia nacional. La defensa sostiene que la composición que trató la recusación fue irregular por no respetar los procedimientos de sustitución previstos por la normativa bonaerense para conformar tribunales "ad hoc". Fuentes del expediente explicaron que la ley establece un orden de prelación preciso para integrar la Corte cuando sus miembros naturales están impedidos: primero el presidente del Tribunal de Casación Penal, luego los vocales de ese cuerpo y, solo después, los camaristas civiles y comerciales del Departamento Judicial La Plata.
Según la reconstrucción de este medio, la defensa afirma que ese orden fue alterado y que se designó a un camarista cuya participación no surge de un sorteo público ni de una comunicación formal a las partes. Ese punto, de comprobarse, podría constituir una infracción directa a la garantía del juez natural, ya que el artículo 18 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente la existencia de tribunales conformados por fuera de los procedimientos previstos por la ley.
Juicio megabanda César Melazo
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La presentación ante la Corte Suprema recalca, además, que la defensa nunca tuvo la posibilidad de cuestionar esa integración, justamente porque —según plantean— no habría sido debidamente notificada. En ese marco, la queja sostiene que el fallo provincial fue dictado con una mayoría integrada por un juez cuya designación, a criterio de la defensa, carece de respaldo legal.
Un proceso marcado por denuncias de parcialidad
Las fuentes consultadas por este medio indicaron que la estrategia de Romano y Pesquera no se limita a cuestionar la conformación del tribunal provincial. También afirman que los tres ministros recusados tuvieron intervenciones previas que, según el análisis de la defensa, demuestran una pérdida de objetividad respecto del caso Melazo.
Entre esos antecedentes, se mencionan decisiones adoptadas durante el proceso de enjuiciamiento del exjuez ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. De acuerdo con la versión de la defensa, esos fallos habrían sido determinantes para el avance de la destitución de Melazo y configurarían un antecedente incompatible con la imparcialidad requerida para intervenir en su causa penal.
A su vez, se resaltan intervenciones en una causa penal previa donde, según el planteo, los mismos jueces se pronunciaron sobre cuestiones directamente vinculadas al fondo del asunto. Para la defensa, ese accionar demuestra un criterio anticipado que afectaría la neutralidad exigida a quienes deben revisar una condena penal.
"Es un reclamo que se viene haciendo desde hace años en este expediente: la defensa considera que hubo un patrón de decisiones adversas que evidencian una falta de distancia objetiva respecto del caso", contó una fuente allegada al proceso.
El planteo también incluye menciones a supuestas desigualdades en el tratamiento de los recursos interpuestos por la fiscalía y por la defensa. Según reconstruyeron fuentes del caso, la estrategia de Melazo sostiene que la Suprema Corte bonaerense habría admitido recursos fiscales con criterios más flexibles que los aplicados para rechazar los de su defensa. Ese contraste —afirman los letrados— constituye un indicio adicional de la pérdida de imparcialidad del tribunal.
Vulneración al derecho al juez natural
Entre los argumentos presentados a la Corte Suprema, uno de los más relevantes apunta a demostrar que la integración con la que la Suprema Corte provincial resolvió el planteo de recusación configuró una violación a la garantía del juez natural. La defensa afirma que la presencia de un magistrado cuya designación no se ajustó a la normativa vigente convierte al tribunal en una “comisión especial”, una figura prohibida por la Constitución.
Las fuentes judiciales consultadas explicaron que la defensa de Melazo se apoya en jurisprudencia del máximo tribunal nacional para reforzar ese punto. Según esa doctrina, cuando un tribunal es conformado sin respetar el procedimiento legal, queda afectado el concepto mismo de jurisdicción y se desnaturaliza la competencia de los jueces llamados a intervenir.
La presentación ante la Corte nacional insiste en que la irregularidad de la integración no es una mera cuestión formal, sino que tuvo un impacto directo sobre el resultado procesal. La defensa remarca que la resolución adoptada en esa instancia cerró definitivamente la puerta a discutir la validez de la intervención de los ministros recusados y, por lo tanto, dejó al imputado sin posibilidad de obtener un pronunciamiento por parte de un tribunal que considere imparcial.
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La Corte Suprema deberá analizar la admisibilidad del planteo
Lo que viene ahora es un escenario procesal que dependerá de la decisión del máximo tribunal nacional. La Corte Suprema recibe cada año miles de quejas como la presentada por Melazo, pero solo abre unas pocas decenas. Las fuentes especializadas consultadas por este medio advierten que no es sencillo superar ese filtro, aunque reconocen que los planteos vinculados a garantías constitucionales suelen tener mayor probabilidad de análisis.
El exjuez y su defensa confían en que el planteo será considerado, sobre todo porque —según sostienen— se encuentra en juego no solo la validez de una condena penal, sino también un problema institucional más amplio: el funcionamiento de los mecanismos de integración del máximo tribunal bonaerense cuando sus jueces naturales deben excusarse o son recusados.
En caso de que la Corte Suprema abra la instancia, lo más probable es que ordene a la Suprema Corte provincial dictar un nuevo pronunciamiento con una integración distinta. Si, en cambio, decide rechazar la queja, la condena quedará firme en los términos en que fue confirmada en la provincia.
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Un capítulo más en una saga judicial que no se detiene
El caso Melazo sigue acumulando episodios judiciales complejos, donde se combinan discusiones técnicas, disputas institucionales y acusaciones cruzadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia en la Provincia. La presentación de esta queja ante la Corte Suprema representa un paso más en una saga que parece lejos de concluir.
Con este nuevo movimiento, la defensa encabezada por Romano y Pesquera intenta reposicionar el caso en la agenda judicial nacional, poniendo bajo la lupa la actuación de la Suprema Corte bonaerense. En ese sentido, el planteo no solo busca revertir un fallo desfavorable, sino también cuestionar el modo en que fue conformado el tribunal y reclamar la intervención de un cuerpo que —a criterio de los defensores— garantice la distancia objetiva que el caso requiere.
Por ahora, todo queda en manos de la Corte Suprema. Será ese tribunal el que decida si el derrotero judicial de Melazo encuentra un nuevo giro o si el camino iniciado en la Provincia termina consolidándose como el cierre definitivo de su proceso penal. El resultado, cualquiera sea, tendrá consecuencias no solo para el exjuez sino también para la discusión más amplia sobre la imparcialidad y el funcionamiento de la justicia en la Provincia de Buenos Aires.
