Sus abogados presentaron un escrito en el que argumentan que los magistrados ya se pronunciaron en causas previas y fueron parte de su destitución.
En un giro judicial que vuelve a poner el foco sobre el caso de César Melazo, la defensa del exjuez de Garantías de La Plata presentó una recusación formal contra tres integrantes de la Suprema Corte bonaerense. Melazo fue condenado y llevó sus quejas a la máxima instancia.
El planteo, al que accedió en exclusiva 0221.com.ar, apunta directamente contra los ministros Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan y Sergio Gabriel Torres, a quienes se acusa de haber demostrado un "alto grado de parcialidad y enemistad manifiesta" hacia el exmagistrado, actualmente condenado.
Un juez de Menores y otra del fuero Correccional completaron el Tribunal Oral criminal IV de La Plata a cargo de un debate trascendental.
La Cámara Penal otorgó sorpresivamente, y en un día atípico, la morigeración. Sin embargo, la Fiscalía General de La Plata apeló y quedó en suspenso.
El escrito, firmado por los abogados Christian Romano y Juan Pesquera, fue ingresado en el marco de la causa P-143924-Q y se apoya en dos pilares centrales: primero, la participación de esos jueces en decisiones anteriores donde se habrían pronunciado sobre el fondo de los hechos que involucran a Melazo; y segundo, su intervención activa en el proceso de enjuiciamiento que derivó en la destitución del exjuez.
La defensa sostiene que los jueces recusados intervinieron en el expediente S.J. 291/15, conocido como la denuncia "Falbo", donde se investigaba la conducta de Melazo en su rol judicial. En aquel proceso, las resoluciones de Soria, Kogan y Torres habrían contribuido al avance de la destitución. "Quienes llevaron adelante la remoción de Melazo no pueden ahora fallar sobre la inocencia o culpabilidad en una causa penal vinculada a los mismos hechos", plantearon los defensores.
El segundo eje del planteo se centra en la causa P-141087-Q, caratulada "D’Gregorio, María Laura E. s/ Queja en causa N° 125.352 y acumuladas", seguida contra Melazo y otros. Allí, los magistrados recusados firmaron fallos que denegaron recursos extraordinarios federales interpuestos por la defensa, en decisiones que los abogados califican de "arbitrarias e irrazonables".
En ese expediente, los jueces habilitaron recursos de la fiscalía que, según la presentación, representaron un "uso abusivo de la excepcionalidad" y un "trato desigual" respecto a la defensa. Esa conducta, alegan, refleja un "encono" hacia el imputado y pone en cuestión la objetividad del tribunal.
La recusación se articula sobre normas procesales, constitucionales y tratados internacionales que garantizan el derecho a un juez imparcial. Los abogados invocaron los artículos 47 y 50 del Código Procesal Penal bonaerense y el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura el debido proceso y la defensa en juicio. También citaron el artículo 47 inciso 13 del código de rito bonaerense (CPPBA), que contempla la causal de enemistad manifiesta.
En el plano internacional, la presentación alude al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordaron los letrados, el "debido proceso legal" comprende las condiciones necesarias para garantizar la defensa adecuada de los derechos en juego.
En la misma línea, mencionaron jurisprudencia local: el fallo de la Corte Suprema en la causa "Llerena, Horacio Luis", donde se estableció que si un juez ya estuvo persuadido de la culpabilidad de un imputado, resulta dudosa su imparcialidad para la decisión final.
El escrito no se limita a la Suprema Corte bonaerense. Los defensores realizaron una reserva expresa del caso federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48, con la mira puesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según explicaron, está en juego la vigencia de derechos fundamentales como la defensa en juicio, el debido proceso y la garantía de imparcialidad, consagrados tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad federal.
"La omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional", advirtieron los abogados en el documento.
Para sostener sus acusaciones, la defensa acompañó documentación del expediente de enjuiciamiento S.J. 291/15 y pidió oficios para que la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados remita copias completas. Además, solicitó la certificación de todas las actuaciones de la causa P-141087-Q, incluidos recursos, fallos y presentaciones de las partes. El objetivo: demostrar que los mismos jueces ya intervinieron en instancias decisivas contra Melazo.
La presentación de Romano y Pesquera no es un episodio aislado sino un capítulo más en el extenso derrotero judicial de Melazo, cuyo caso ha expuesto la compleja trama entre poder político, sistema judicial y garantías constitucionales. La recusación ahora presentada apunta a desplazar a tres ministros centrales de la Suprema Corte bonaerense, lo que en caso de prosperar obligaría a conformar un nuevo tribunal para resolver la situación procesal del exjuez.
Mientras tanto, la estrategia de la defensa refuerza un mensaje: que la persecución contra Melazo fue política y que la imparcialidad de los jueces que lo destituyeron y lo condenaron está seriamente en cuestión.