A través de un dictamen elevado al Cuerpo legislativo, las organizaciones sociales que integran el organismo señalaron que el Código "no pone en el centro a la sociedad" y que deja sin resguardo instrumentos de planificación conquistados en los últimos años, como la Cuenta Especial de Mejoramiento del Hábitat y el propio funcionamiento del Consejo Local, que –según denuncian– queda "en inanición" dentro del esquema propuesto por el Ejecutivo por la derogación de la ordenanza 11.218.
El Consejo Local de Hábitat fue creado en 2014 y está integrado por representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales, entre ellas la Mesa de Barrios Populares y el Encuentro de Organizaciones por un hábitat justo en La Plata. También forman parte la Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y otras instituciones locales.
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El nuevo COUT fija las reglas respecto a la ocupación y uso de cada metro cuadrado de territorio
El documento critica que el plan proyectado hasta 2082 privilegia definiciones físicas antes que objetivos sociales y no contempla medidas efectivas para reducir la desigualdad territorial. En esta misma línea, cuestiona la ausencia de un plan para la integración socio-urbana de las villas y asentamientos, pese a haber sido anunciado en la primera ordenanza del COUT que se votó en abril de este año. Según se fijó en el artículo 16 de esa ordenanza, el Ejecutivo tenía tiempo hasta el 30 de septiembre para enviar ese programa al deliberativo, algo que no ocurrió.
Otro ítem que critican es la forma de calcular la "contribución por valorización inmobiliaria", más conocida como Plusvalía Urbanística, por considerar que "reduce a valores simbólicos el impacto de la tasa", contraviniendo el espíritu de la Ley N°14.449. También piden que las tasaciones se hagan acorde a los valores de mercado.
En otra parte del dictamen, las organizaciones también rechazan el Presupuesto 2026 elevado por Alak y, en particular, las partidas destinadas a obras públicas por evaluar que "no determina afectaciones específicas" al mejoramiento del hábitat social. "En julio llevamos al Ejecutivo un plan para 2 años para mejoras urgentes en los barrios, sin respuesta. Apuntamos a la crisis sanitaria del agua, las electrocuciones, los puentes, las veredas, la accesibilidad, los mejorados, entre otros temas que no pueden esperar", advirtieron.
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El secretario municipal y electo concejal de La Plata, Sergio Reza, fue en el encargado de defender el COUT en el Concejo Deliberante
Sostienen también que en el nuevo COUT el Programa de Lotes con Servicios "queda diluido" y que el plan desconoce las limitaciones para acceder al techo propio y no incluye incentivos reales para su concreción "en plazos urgentes". Por último, denuncian que el Código "invisibiliza" a los barrios populares ya que, en algunos casos, son considerados como "zona vacía" –reserva urbana– pese a que viven miles de familias.
Las propuestas de las organizaciones sociales
Frente a este diagnóstico, el Consejo Local propone a los concejales una serie de incorporaciones que considera indispensables para que el Código contemple las necesidades del territorio. Entre ellas, plantean que los barrios populares reconocidos sean designados como "zonas de Promoción del Hábitat Social, se los incorpore al plano de distritos y se formule, en un plazo de 180 días, un plan cuatrienal que incluya acciones de mitigación del riesgo hídrico.
En el Consejo Local de Tierra y Hábitat sostienen que el nuevo COUT Código "invisibiliza" a los barrios populares al considerarlos como "zona vacía" y de reserva urbana
Exigen además que se incorpore el Plan de Emergencia presentado por las organizaciones del Consejo al jefe comunal, por intermedio del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, al Presupuesto 2026 y que se incluyan recursos para la asistencia a las familias para emergencia en el estado de sus viviendas. Y, por último, solicitan la creación de mecanismos concretos para producir "suelo con fines sociales" y reclaman que los barrios ARCA y PROCREAR, así como otros proyectos financiados con fondos nacionales, queden encuadrados como "zonas de promoción del hábitat social", con los parámetros urbanísticos originales.
