Un proyecto de ordenanza fija la obligación de tener la cuota alimentaria al día para los trabajadores municipales que ingresen a la Municipalidad de La Plata.
Un proyecto de ordenanza que ingresó en las últimas horas al Concejo Deliberante de La Plata establece la obligatoriedad de estar al día con la cuota alimentaria tanto para trabajadores municipales como para funcionarios que quieran acceder a un cargo en la Municipalidad de La Plata. El requisito también será obligatorio para renovar la licencia de conducir o pedir la habilitación de un comercio.
La iniciativa fue presentada la concejala de La Libertad Avanza, María Belén Muñoz, y es acompañada por sus pares de bloque, Guillermo Bardón, María Florencia Defeo y María Florencia Barcia. El texto busca que se cumpla la ley provincial 26.485 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) y a la que la Comuna adhirió. El próximo jueves tomará estado parlamentario y comenzará su tratamiento en comisiones.
El gremio le pidió por nota al jefe comunal que convoque a los sindicatos y otorgue una recomposición salarial para los empleados comunales.
El articulado establece que toda persona que aspire a un puesto jerárquico o a desempeñarse como empleado municipal deberá acreditar un certificado de libre deuda alimentaria expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. El documento no deberá superar los 30 días de emitido.
El requisito también alcanzará a quienes se postulen a cargos públicos municipales, ya sea por designación directa o contratación; a quienes pidan habilitaciones comerciales, licencias o permisos; y a los beneficiarios de exenciones impositivas, beneficios, becas o programas sociales financiados por el municipio.
En tanto, quienes soliciten la licencia de conducir profesional o su renovación y estén inscriptos en el Registro recibirán una licencia provisoria por 45 días, debiendo regularizar su situación en ese plazo para obtener la definitiva, presentando nuevo certificado de libre deuda o copia de oficio judicial de cancelación de inscripción.
Además, la ordenanza prevé que las transferencias de negocios, industrias o actividades comerciales habilitadas por el municipio también deberán contar también con la certificación de libre deuda tanto del vendedor como del comprador.
El proyecto también establece que el Municipio "no podrá reconocer a todas aquellas personas físicas que se encuentren inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios".
La iniciativa faculta al Ejecutivo municipal a designar la autoridad de aplicación, que deberá monitorear y articular la ordenanza, además de dictar las normas complementarias necesarias para su operatividad. También ordena realizar controles anuales sobre el personal municipal para verificar que tengan la cuota alimentaria al día.
En los fundamentos del proyecto, la concejala señala que el objetivo es "fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, prevenir la violencia económica y garantizar derechos básicos de niños, niñas y adolescentes".
"Resulta fundamental garantizar desde el Estado municipal una política activa de corresponsabilidad en la crianza, prevención de la violencia económica y promoción del deber alimentario como compromiso ético, jurídico y social. El incumplimiento de esta obligación genera perjuicio en niños, niñas y adolescentes", advierte.