La fiscal volvió a enviar oficios al Ministerio de Mujeres y a la gestión de Julio Alak por tres causas de abusos en el Senado bonaerense.
La causa por los presuntos abusos sexuales cometidos en el entorno del Senado bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que genera incomodidad política y tensión institucional en La Plata. Los detalles de dos oficios calientes.
La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI 2 del Departamento Judicial La Plata, reiteró pedidos formales de información al Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, que conduce Estela Díaz, y a la Municipalidad de La Plata, encabezada por el intendente Julio Alak, luego de que ninguno de los dos organismos respondiera el primer oficio enviado el 28 de enero.
De la causa judicial se desprende que cuando Estela Díaz asumió como ministra ya conocía las denuncias contra los militantes detenidos.
La medida fue dictada este lunes por el juez de Garantías. Todos los detalles de una resolución que deja a los acusados por abuso sexual tras las rejas.
La información requerida es considerada clave para el avance de tres investigaciones penales en curso que pesan sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos detenidos con prisión preventiva en la alcaidía Roberto Pettinato de La Plata, imputados por una serie de abusos sexuales gravemente agravados contra varias mujeres, en un contexto que la Justicia ya describió como de manipulación, sometimiento psicológico y rasgos sectarios.
Desde tribunales remarcan que los pedidos no tienen un carácter político ni disciplinario, sino estrictamente judicial: se trata de reconstruir el contexto institucional en el que se movían los imputados, determinar si existieron vínculos formales con organismos del Estado y establecer si hubo conocimiento previo de situaciones de violencia. La reiteración de los oficios deja expuesta la falta de respuesta formal de dos áreas del Estado en una causa de alto impacto público y con víctimas que aún esperan que se esclarezca todo el entramado de responsabilidades.
En el caso de la Municipalidad de La Plata, el oficio apunta a que se informe si Rodríguez y Silva Muñoz son o fueron empleados municipales, en qué períodos, con qué funciones y en qué áreas se desempeñaron. También se solicitó un informe completo de revista administrativa, con detalle de eventuales pases, contratos, designaciones o desvinculaciones.
Además, la fiscalía pidió que el Municipio precise si tomó conocimiento de las denuncias que pesan sobre los imputados o de situaciones previas vinculadas a los hechos investigados, y en ese caso, que se informe de qué manera se enteró y qué medidas adoptó. El requerimiento también busca establecer si existieron reportes internos, comunicaciones informales o intervenciones administrativas previas relacionadas con los acusados.
El oficio fue dirigido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Municipio y menciona de manera específica a la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, que conduce Gastón Castagneto, como una de las áreas que podría aportar información relevante para la reconstrucción del circuito institucional. Para los investigadores, conocer cómo circularon internamente las alertas -si es que existieron- resulta clave para determinar si hubo omisiones estatales frente a denuncias de violencia sexual.
En paralelo, la fiscal Lacki reiteró un pedido de informes al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Estela Díaz. El requerimiento apunta a establecer si esa cartera tomó conocimiento de las denuncias contra Rodríguez y Silva Muñoz o de situaciones previas de violencia vinculadas a los imputados, y si se activaron dispositivos de acompañamiento, contención o intervención para las víctimas.
Para la fiscalía, la información del Ministerio de Mujeres es relevante por el rol específico que cumple el organismo en materia de políticas de género, prevención de violencias y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. En el expediente se busca establecer si las denunciantes llegaron a contactar al organismo, si hubo derivaciones o si se generaron registros internos que puedan aportar contexto a la investigación penal.
En los pasillos judiciales aclaran que el oficio no implica imputaciones ni responsabilidades penales contra la cartera provincial, sino que forma parte de una batería de medidas de prueba orientadas a reconstruir el entramado institucional que rodeó a los acusados durante los períodos investigados. Sin embargo, la falta de respuesta al primer pedido encendió alertas en el Ministerio Público, que ahora espera contar con esos datos para avanzar con la instrucción de las tres causas en curso.
Nicolás Rodríguez está procesado por varios hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados por el grave daño causado en la salud mental de las víctimas, en algunos casos con el empleo de arma y en otros cometidos por más de una persona. Daniela Silva Muñoz, en tanto, fue procesada como partícipe necesaria en parte de esos hechos. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva por decisión del juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien consideró acreditados los riesgos procesales y la gravedad de los delitos imputados.
En su resolución, el magistrado valoró especialmente los relatos coincidentes de las denunciantes, los informes psicológicos que acreditan el daño sufrido y una serie de comunicaciones digitales que exhiben patrones de control, manipulación y amedrentamiento. Entre ese material hay correos electrónicos enviados a las víctimas, de los cuales el juez tomó solo una parte como muestra representativa de un lote mucho mayor —más de 200 mails— que sigue bajo análisis de la fiscalía.
Las mujeres que denunciaron los hechos, cuyas identidades se preservan para proteger su intimidad, describieron situaciones de abuso sexual reiterado, amenazas, coerción psicológica y un progresivo aislamiento de sus entornos familiares y sociales. En varios pasajes del expediente se deja constancia de los padecimientos emocionales posteriores, con cuadros de ansiedad, miedo persistente y dificultades para retomar una vida cotidiana sin temor.
La fiscal Betina Lacki espera ahora que tanto el Ministerio de Mujeres como la Municipalidad de La Plata respondan los oficios reiterados y aporten la información solicitada. Esos datos permitirán establecer con mayor precisión el recorrido institucional de los imputados, posibles alertas previas y eventuales intervenciones del Estado en relación con las denunciantes.
En paralelo, la UFI 2 continúa con el análisis de la documentación digital secuestrada, además de avanzar con pericias psicológicas, ampliaciones testimoniales y otras medidas de prueba. Desde la acusación particular, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly insisten en la necesidad de que la investigación avance también sobre los contextos de poder y las posibles omisiones institucionales que rodearon los hechos.
Mientras la causa sigue su curso en la Justicia penal de La Plata, las víctimas atraviesan procesos de acompañamiento terapéutico y judicial. Para ellas, cada avance procesal implica no solo la expectativa de que se haga justicia, sino también el peso emocional de volver a revivir episodios de violencia extrema. En ese escenario, el silencio institucional frente a los pedidos de información de la fiscalía aparece como una deuda pendiente del Estado frente a quienes se animaron a denunciar.