Denuncian que transfirieron $1.100.000 para alquilar una casa en La Plata, pero la operación nunca se concretó y el dinero no fue reintegrado.
Una familia de Mar del Plata que proyectaba instalarse en La Plata por motivos de salud y trabajo denunció haber sido víctima de una estafa inmobiliaria que le generó pérdidas millonarias y graves consecuencias personales. El traslado nunca se concretó y el dinero entregado no fue devuelto.
Según relató Gabriela, todo comenzó cuando se contactaron con un martillero y corredor de bienes raíces que operaba en la capital bonaerense, pareja de una conocida, con el objetivo de alquilar una vivienda en la ciudad.
El Municipio difundió recomendaciones para buscar alquileres en La Plata, evitar estafas, conocer los costos legales y firmar contratos sin irregularidades.
En los últimos días se registraron episodios similares en Barrio Norte y El Mondongo, que reavivaron la preocupación por el estado edilicio en La Plata.
La mudanza respondía a una situación delicada. "Mi padre reside en La Plata y está enfermo, es una persona mayor con problemas de motricidad, insulinodependiente e hipertenso. Junto a mi esposo trabajamos en el Servicio Penitenciario, por lo que iniciamos gestiones para obtener un traslado a dicha ciudad", explicó en diálogo con 0223.com.ar.
En ese marco, les ofrecieron una casa ubicada en la zona de 8 bis y 75, en Villa Elvira. "Nos ofreció el inmueble y nos indicó que debíamos comunicarnos con su pareja. También propuso realizar una reserva si enviábamos garantías y documentación respaldatoria", detalló.
Debido a la confianza previa y a que el supuesto corredor aseguraba contar con una inmobiliaria en ambas ciudades, avanzaron con una oferta ad referéndum que contemplaba las condiciones del traslado, ya que debían entregar una vivienda otorgada por el Estado en el barrio Penitenciario y coordinar una mudanza a otro municipio.
En una de las cláusulas se establecía que la operación quedaba sin efecto si la mudanza no se concretaba antes del 31 de enero o si la propietaria rechazaba la propuesta. Aun así, les solicitaron un anticipo y un mes adelantado, bajo el argumento de que la dueña necesitaba ese dinero para alquilar otro departamento.
El primer indicio de irregularidad apareció cuando descubrieron que la propietaria no estaba informada sobre una eventual desocupación. Sin embargo, ya habían transferido 1.100.000 pesos al supuesto corredor. "El dinero fue enviado al supuesto corredor, quien afirmó que era necesario para que la dueña alquilara un departamento. Realizamos la transferencia en el momento por un total de 1.100.000 pesos, de la cual conservo todos los comprobantes. A partir de entonces, dejaron de responder llamadas y mensajes", denunció.
Cuando Gabriela se presentó en la vivienda, nadie de la inmobiliaria acudió a mostrarla. Tras hablar con la madre de la propietaria y regresar a Mar del Plata, intentó nuevamente comunicarse sin éxito. Más tarde, la dueña le confirmó que desconocía por completo la operación y que no había firmado ningún documento ni recibido dinero.
Según lo acordado, si la propietaria no aceptaba la oferta, el contrato quedaba sin efecto y el dinero debía ser reintegrado. No obstante, eso nunca ocurrió. "En su lugar, recibimos respuestas evasivas y amenazas. El supuesto corredor de bienes raíces me gritó y me prohibió volver a comunicarme con la propietaria, ya que al hacerlo quedaban en evidencia los chanchullos que estaba cometiendo", reveló.
La denuncia fue radicada en el área de Delitos Económicos. Como consecuencia directa, la familia debió postergar tratamientos y reorganizar la rutina de su hijo, que asiste a neurólogo, psicólogo y psiquiatra, y concurre a una escuela especial. "La mudanza debía realizarse a fines de enero para poder organizar su escolaridad, la integración educativa y los tratamientos correspondientes", señaló.
Actualmente ambos viajan semanalmente entre Mar del Plata y La Plata para cumplir con sus obligaciones laborales, mientras intentan estabilizar la situación habitacional. Además, solicitaron un préstamo y afrontaron un nuevo alquiler que implicó un gasto cercano al millón y medio de pesos. "Nos provocaron un perjuicio económico, emocional y laboral", concluyó Gabriela, quien espera que la investigación avance.