Las pruebas de la prisión preventiva en el caso del Senado bonaerense: abusos, manipulación y sometimiento
Según el juez, hay un cuadro probatorio "grave, preciso y concordante" para mantener presos los acusados de cometer abusos sexuales en el Senado Bonaerense.
La resolución con la que el juez de Garantías de La Plata,Juan Pablo Masi, dictó la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz no se limita a describir hechos aislados de abusos sexuales en el interior del Senado bonaerense. A lo largo de decenas de páginas, el magistrado reconstruye un entramado de violencia sexual sostenida en el tiempo, atravesada por relaciones de poder, manipulación psicológica y un sistema de amenazas que, según concluyó, anuló la capacidad de consentimiento de las denunciantes.
Ambos imputados continúan alojados en la alcaidía Roberto Pettinato, mientras avanza una investigación que tiene como eje presuntos abusos cometidos en el marco de vínculos políticos, laborales y personales vinculados al ámbito de la Cámara alta.
Para el juez, el cuadro probatorio reunido hasta el momento es "grave, preciso y concordante", y permite tener por acreditada -con el estándar propio de esta etapa- la materialidad de los delitos y la participación de los acusados. La decisión se apoya en testimonios extensos y coincidentes, informes médicos, declaraciones de testigos del entorno, documentación institucional y una porción significativa de correos electrónicos que reflejan, según la resolución, un mecanismo de sometimiento psicológico.
Relatos que se repiten, aun sin haberse coordinado
Uno de los aspectos que el juez destaca con mayor énfasis es la coincidencia sustancial entre los relatos de las denunciantes. Mujeres jóvenes al momento de los hechos, todas vinculadas de algún modo a espacios de militancia política o actividades institucionales, que describen un proceso similar: acercamiento inicial bajo promesas laborales o afectivas, generación de dependencia emocional, aislamiento progresivo y, finalmente, episodios reiterados de abuso sexual.
Estela Díaz con Santago Rodriguez y Daniela Silva Muñoz
Los detenidos por abusos en el Senado bonaerense junto a la titular del Ministerio de Mujeres, quien admitió estar al tanto del caso
En uno de los hechos investigados, una de las denunciantes relató cómo fue contactada a los 18 años con la promesa de una pasantía en la Legislatura bonaerense. Ese ofrecimiento derivó en un encuentro privado que, según consta en el expediente, terminó en una relación sexual a la que accedió sin poder consentir libremente. El juez remarca que la víctima describió un estado de bloqueo, confusión y sometimiento, que luego se profundizó con el correr del tiempo.
Otro testimonio da cuenta de situaciones aún más violentas: amenazas con armas blancas, imposición de prácticas sexuales, penetraciones forzadas, episodios de asfixia, golpes y mordidas que dejaban marcas visibles. En ese relato, Rodríguez aparece como una figura central de control, mientras que Silva Muñoz cumple un rol activo en la validación y sostenimiento de ese esquema.
Masi subraya que las denunciantes no se conocían entre sí al momento de los hechos, ni denunciaron en simultáneo. Sin embargo, sus declaraciones presentan patrones coincidentes en cuanto a modos de captación, discursos utilizados, amenazas, lugares y dinámicas. Esa reiteración, para el magistrado, refuerza la credibilidad de los relatos.
La Capitana (2)
Los acusados era los referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, un desprendimiento kirchnerista de Unidos y Organizados
El daño psicológico como agravante
Un eje central de la resolución es el grave daño en la salud mental de las víctimas. El juez considera acreditado que los abusos no solo fueron sexuales, sino que estuvieron acompañados por un sistema de violencia psicológica persistente, destinado a quebrar la voluntad de las denunciantes.
En los testimonios se repiten referencias a estados de miedo constante, sensación de vigilancia, dificultades para distinguir la realidad de la manipulación a la que eran sometidas, lagunas de memoria y profundas secuelas emocionales. A eso se suman informes médicos y psicológicos que describen cuadros compatibles con situaciones de abuso prolongado.
Para Masi, este punto resulta determinante: no se trató de episodios aislados ni de vínculos consentidos que luego se tornaron conflictivos, sino de un proceso en el que el consentimiento fue progresivamente anulado mediante amenazas, engaños y coerción.
Nicolas Rodríguez y Daniela Silva Muñoz
Mails, amenazas y control
Dentro del material probatorio, el juez valoró una serie de correos electrónicos enviados a las víctimas, que forman parte de un conjunto mucho mayor -más de 200 mails- que aún se encuentra bajo análisis de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI 2 de La Plata, a cargo de la instrucción.
En esta etapa, el magistrado aclaró que solo se tomaron algunos mensajes como muestra del mecanismo denunciado. En ellos se alude a supuestas batallas espirituales, peligros inminentes, órdenes de comportamiento y advertencias veladas. Para la Justicia, estos correos funcionaban como una herramienta más de intimidación y control, reforzando la dependencia psicológica de las víctimas y su sensación de estar permanentemente vigiladas.
La fiscalía continúa analizando el total del material digital aportado, que podría ampliar el alcance de la causa.
Chiqui y Nacho
Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo, abogados de las mujeres denunciantes
AGLP
Testigos y respaldo externo
La resolución también incorpora declaraciones de testigos del entorno político, social y personal de las denunciantes. Varias personas relataron haber notado cambios abruptos en la conducta de las víctimas, episodios de aislamiento, miedo y presencia de lesiones físicas que eran justificadas de manera evasiva.
Excompañeros de militancia describieron el comportamiento de Rodríguez como controlador y manipulador, así como su forma de vincularse con mujeres jóvenes. Algunos señalaron que dentro de los espacios políticos ya existían alertas informales sobre su conducta mucho antes de que las denuncias llegaran a la Justicia.
En el caso de Silva Muñoz, los testimonios la ubican como una figura clave en la dinámica del grupo, con un rol activo en la contención aparente y, al mismo tiempo, en la validación del sometimiento.
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El contexto institucional en La Plata
Otro elemento valorado por el juez fue un informe oficial del Senado bonaerense, que detalla la situación administrativa de los imputados y las medidas adoptadas una vez que se tomó conocimiento de las denuncias. Para Masi, ese documento permite contextualizar los hechos dentro de un ámbito institucional concreto y descarta que se trate de situaciones completamente ajenas al entorno laboral y político.
Con este cuadro, el juez de Garantías concluyó que existen riesgos procesales claros: posibilidad de influir sobre testigos, entorpecer la investigación y prolongar situaciones de hostigamiento. Por ese motivo, descartó medidas alternativas y dispuso la prisión preventiva de ambos acusados.
Las víctimas son representadas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes solicitaron expresamente que se preserve la identidad de las denunciantes y se evite cualquier forma de revictimización.
La causa continúa en pleno desarrollo. Quedan pericias pendientes, análisis de documentación digital y posibles nuevas medidas. Pero para el juez Masi, hay una conclusión que ya no admite ambigüedades: los relatos se sostienen entre sí, el daño es profundo y el patrón de abuso aparece con una nitidez suficiente como para mantener a los imputados privados de su libertad mientras avanza la investigación.
