De la causa judicial se desprende que cuando Estela Díaz asumió como ministra ya conocía las denuncias contra los militantes detenidos.
La ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, reconoció que antes de asumir en 2019 ya circulaban rumores sobre abusos sexuales cometidos por los militantes kirchneristas en La Plata que fueron detenidos tras las denuncias en el Senado bonaerense.
Como se viene informando, la investigación judicial avanza tras años de denuncias sin respuesta y expone vínculos políticos, fallas estatales y un entramado de encubrimiento.
Estela Díaz dijo conocer rumores previos sobre los acusados y respondió tras la investigación que reveló la tardía actuación del Ministerio de Mujeres.
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El avance de la investigación el accionar de dos militantes kirchneristas acusados de abusar sexualmente de varias mujeres en La Plata —incluso dentro del Senado bonaerense— dejó al descubierto que las sospechas eran conocidas desde hacía años en ámbitos políticos y estatales. Sin embargo, recién en los últimos meses la Justicia activó las causas y avanzó con detenciones.
De acuerdo a una publicación de Infobae, la investigación judicial reconstruyó que Díaz llegó al Ministerio de Mujeres y Diversidad en diciembre de 2019 con conocimiento de las acusaciones que pesaban sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes de la agrupación La Capitana. Ambos acumulaban denuncias desde 2014 y 2019, sin avances significativos durante casi una década.
Según se indica, en ese período de inacción judicial, una de las víctimas decidió abandonar La Plata y mudarse a otra ciudad, a más de 300 kilómetros. La causa volvió a activarse recién más de cinco años después, cuando la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, retomó el expediente tras la aparición de nuevas denunciantes y abrió otro proceso a mediados de 2025.
Al ser consultada por Infobae sobre las fechas en cuestión y su conocimiento de la causa, Díaz confirmó que las acusaciones “circulaban como rumor” cuando asumió su cargo y sostuvo que “es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”. También recordó que los abusos sexuales, cuando involucran a personas adultas, son delitos de instancia privada y no obligan a los funcionarios a denunciar.
La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense se produjo recién en octubre de 2024, tras el pedido de ayuda de una empleada de la Cámara de Senadores. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe que fue elevado a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, área dependiente de la cartera que conduce Díaz.
La víctima fue recibida por funcionarias del Ministerio cuando aún no había presentado la denuncia penal. Desde el organismo le indicaron que debía acudir primero a la Justicia para poder acceder a medidas de protección, como un botón antipánico. Esa decisión fue cuestionada por sectores del feminismo, que advirtieron que el Estado debía acompañar y prevenir antes de exigir una denuncia formal.
Finalmente, la mujer denunció a mediados de 2025. Para ese momento, Rodríguez y Silva Muñoz ya tenían una orden de alejamiento dictada en diciembre de 2024 por otra denunciante. Aunque fueron apartados de sus funciones en el Senado bonaerense, continuaron cobrando sus sueldos hasta el mes pasado, cuando quedaron detenidos.
La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad en los casos de abusos sexuales en el Senado se produjo recién en octubre de 2024
De acuerdo a la reconstrucción que hace el portal de noticias nacional, en agosto de 2025, Estela Díaz inauguró una unidad básica en Ringuelet y dirigentes del peronismo platense aseguraron que la agrupación La Capitana participó de actividades del armado, algo que la ministra negó de manera tajante.
Pese a ello, existen registros fotográficos entre 2020 y 2025 que muestran a Díaz compartiendo actos con Rodríguez y Silva Muñoz. La ministra explicó que los acusados solían acercarse a actividades públicas para sacarse fotos y buscar protección política.
Durante 2025, los imputados incluso coincidieron en al menos cuatro actos públicos con algunas de las víctimas, pese a las restricciones judiciales vigentes. En esas oportunidades –según informa Infobae– testigos aseguran que debieron ser retirados con intervención policial.
El escándalo tras la detención de los dos militantes causó gran conmoción en el ambiente político de La Plata y en las últimas horas desembarcó en el Concejo Deliberante, donde la oposición impulsó la creación de una comisión investigadora que aborde el tema.