La medida fue dictada este lunes por el juez de Garantías. Todos los detalles de una resolución que deja a los acusados por abuso sexual tras las rejas.
La Justicia de La Plata dictó la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los dos empleados legislativos acusados de haber encabezado un esquema de abusos sexuales, privación ilegal de la libertad y amenazas en el ámbito del Senado bonaerense. Con esta resolución, ambos continuarán detenidos mientras avanza la causa y hasta que el caso llegue a juicio oral.
La medida fue adoptada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscal Betina Lacki y los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly (en representación de las víctimas) tras considerar que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y que persisten los riesgos procesales, especialmente en relación con la protección de las víctimas y el normal desarrollo de la investigación.
La fiscal Betina Lacki pidió la prisión preventiva para los acusados de los abusos en el Senado bonaerense y deberá definir el juez de Garantías.
El Concejo Deliberante de La Plata analizará un proyecto para crear una comisión especial que siga las causas por presuntos abusos en el Senado bonaerense.
En su resolución, el magistrado valoró la gravedad de los hechos imputados, el patrón de violencia descripto en los testimonios y la existencia de indicios de coerción, manipulación psicológica y amenazas prolongadas en el tiempo, tal como surge del expediente judicial.
Además de confirmar la prisión preventiva, el juez ordenó iniciar el trámite para un eventual arresto domiciliario una vez que la medida quede firme. Esto implica que, si se cumplen los requisitos legales y procesales, los acusados podrían acceder en el futuro a cumplir la detención bajo esa modalidad, una posibilidad que será evaluada más adelante por la Justicia.
Por el momento, Rodríguez y Silva Muñoz seguirán privados de su libertad en el marco de una causa que investiga nueve hechos documentados, con al menos cuatro mujeres denunciantes, y que incluye acusaciones por abusos sexuales agravados, privación ilegal de la libertad y amenazas.
La decisión judicial representa un paso clave en una investigación que generó fuerte impacto político e institucional en la provincia de Buenos Aires y que ahora avanza hacia la etapa previa al juicio oral.