Solicitaron a la Justicia que declare la nulidad del DNU 179/2025, argumentando conflictos de intereses e incompatibilidades.
Abogados de La Plata presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y otros funcionarios nacionales solicitando la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025.
La acusación radica en la presunta violación de la Constitución Nacional y de leyes que regulan la toma de deuda pública, además de señalar un posible conflicto de intereses en la relación entre el gobierno argentino y el FMI.
El Gobierno de Javier Milei publicó un DNU en el que detalla el acuerdo que se desarrollará. Será sin pagos por los próximos 4 años y medio.
El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad dieron una conferencia en Expoagro y el mandatario convalidó el brutal operativo en el Congreso.
El DNU habilitaría al Poder Ejecutivo a acordar operaciones de crédito público con el FMI sin la debida intervención del Congreso y, según la denuncia, esto contraviene el Artículo N° 75, incisos 4 y 7 de la Constitución, que establecen que es el Congreso el que tiene la potestad exclusiva de aprobar empréstitos y definir el pago de la deuda. También se argumenta que el decreto vulnera la Ley N° 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que prohíbe la toma de deuda con organismos internacionales sin aprobación legislativa.
Los denunciantes sostienen que la supuesta urgencia invocada para justificar el DNU es infundada, ya que las negociaciones con el FMI comenzaron en diciembre de 2024. Afirman que la posterior refrenda por una sola Cámara del Congreso no es suficiente para subsanar esta falta de legalidad y transparencia en la toma de decisiones.
Uno de los puntos centrales de la denuncia radica en la figura de Sturzenegger: los abogados sostienen que su designación como integrante del "Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento" del FMI, por invitación de Georgieva, lo coloca en una posición de conflicto de intereses. En efecto, mientras ejerce un rol clave en la administración de Milei, también asesora al organismo con el que el país negocia su financiamiento.
Este doble rol comprometería su imparcialidad e independencia, ya que se encuentra en ambas partes de la negociación: como ministro del Gobierno argentino y como asesor del FMI. La denuncia se basa en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, que obliga a los funcionarios a privilegiar el interés público sobre el particular y a abstenerse de intervenir en asuntos donde puedan existir conflictos de intereses. Los denunciantes también hacen referencia al Código de Conducta del FMI, que exige a sus funcionarios y asesores evitar cualquier actividad que entre en conflicto con los intereses del organismo o que pueda afectar su reputación. En este sentido, entienden que la participación de Sturzenegger en ambos ámbitos podría vulnerar las normativas del propio FMI y del Estado argentino.
La denuncia penal interpuesta menciona la posible comisión de los siguientes delitos:
Además, los abogados piden que se investigue la posible existencia de un plan sistemático para garantizar condiciones ventajosas al FMI en perjuicio de la economía argentina, lo que podría derivar en acusaciones más graves.
La denuncia fue presentada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta.
Entre los apuntados se encuentran, además de Milei y Sturzenegger, Georgieva, acusada de haber promovido la designación de Sturzenegger en el organismo mientras se llevaban adelante las negociaciones con Argentina; el ministro de Economía Luis Caputo, quien también es mencionado por su rol en la negociación con el organismo; y el propio Fondo que, según los denunciantes, habría facilitado una estructura que favorece la vulneración de la soberanía nacional en la toma de deuda.
La presentación de esta denuncia abre un nuevo capítulo en la disputa judicial y política en torno al endeudamiento argentino y la relación con el FMI, que se suma además al escándalo cripto por la promoción y las estafas vinculadas a $Libra. Si bien el Poder Ejecutivo defiende la necesidad del DNU para garantizar estabilidad financiera, los denunciantes advierten sobre una maniobra que elude los controles democráticos y pone en riesgo la independencia del país en materia económica.
En este escenario, la Justicia deberá determinar si el decreto es constitucional y si existió un accionar indebido por parte de los funcionarios denunciados. De confirmarse las acusaciones, el Gobierno de Milei podría enfrentar un revés significativo en su estrategia económica y en la relación con los organismos financieros internacionales.