Este martes se cumple un mes del crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió al ser arrastrada durante varias cuadras por dos menores que robaron el auto en el que viajaba junto a su mamá. El caso, que ocurrió en Altos de San Lorenzo, conmovió al país y fue la gota que hizo estallar una nueva crisis política por la inseguridad en el arranque del año electoral.
En estos 30 días hubo repercusiones políticas a nivel nacional, provincial y local. El debate por la baja en la edad de imputabilidad y por la problemática del narcotráfico volvieron al tope de la agenda pública y se reavivó el enfrentamiento político que mantienen Nación y Provincia desde el año pasado.
El embate más fuerte fue el que protagonizó el presidente Javier Milei cuando 3 días después del caso, el 28 de febrero, le pidió por X al gobernador Axel Kicillof que renuncie para poder intervenir la provincia y resolver así la inseguridad. "Dado que la provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo (...), si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la provincia", le dijo el jefe de Estado al mandatario bonaerense.
El posteo de Milei llegó como respuesta a Kicillof, quien un día antes le había pedido trabajar "en conjunto" seriamente por la seguridad al hablar por primera vez de Kim.
El pedido de renuncia generó un amplio repudio y se transformó en un boomerang para el presidente ya que terminó en un apoyo a Kicillof de parte de la mayoría de la clase política, tanto del oficialismo como de la oposición. El gobernador brindó una respuesta institucional y ordenó a Fiscalía de Estado denunciarlo penalmente por posibles delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la Provincia.
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El crimen de Kim Gómez reavivó las disputas entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei.
Foto: AGLP
La disputa siguió en los días siguientes cuando Milei dejó inauguradas las sesiones del Congreso y Kicillof hizo lo propio ante la Legislatura bonaerense. Los dos hablaron de la inseguridad y dispararon fuego cruzado. Se reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad, las estadísticas oficiales de los delitos en la provincia y la problemática del narcotráfico en el país.
Luego de las marchas que se realizaron en la ciudad en reclamo de seguridad y justicia, la Provincia realizó un recambio en la cúpula de las comisarías, con varios relevos y reasignaciones de comisarios en distintos puntos de la ciudad. Según anunció el Ministerio de Seguridad bonaerense, la reestructuración tuvo como objetivo mejorar la operatividad y distribución de los efectivos policiales en distintas zonas de La Plata.
Alak y el pedido de interpelación a funcionario clave
El caso tuvo fuertes repercusiones políticas también a nivel local que oscilaron entre el silencio del oficialismo y el bombardeo de críticas opositoras reclamando una mayor presencia y un plan de seguridad al intendente Julio Alak. El jefe comunal, sin embargo, se mantuvo en silencio y al margen de la polémica hasta el 6 de marzo, el día en que abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de La Plata.
"Los conmocionantes crímenes de la pequeña Kim Gómez y el joven Mateo Yagame, que se suman a otras víctimas de homicidios, nos producen un profundo dolor que nos compromete cada vez más a poner todo nuestro esfuerzo institucional y personal para fortalecer la seguridad de nuestros vecinos", aseguró el intendente de cara a los 24 concejales de todas las fuerzas políticas e invitados especiales que estaban en el recinto. Y agregó: "Si bien los gobiernos municipales son auxiliares del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad, seguiremos invirtiendo, como nunca, en equipamiento para la prevención y esclarecimiento del delito".
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El intendente Julio Alak al brindar su discurso ante el Concejo Deliberante.
Foto: Marcos Gómez | AGLP
Alak repasó además la inversión realizada en 2024 en móviles y cámaras y anunció la compra de 1.200 cámaras nuevas y la creación de un anillo digital para controlar los accesos a la ciudad.
La oposición lo criticó duro por la breve referencia a la niña y también por los anuncios. Tras el caso, tanto La Libertad Avanza como el PRO Libertad, el PRO y la UCR + PRO presentaron una batería de proyectos sobre la inseguridad en la ciudad. El primero: un pedido para que el secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, fuera interpelado en el recinto. El proyecto fue rechazado en la primera sesión ordinaria del cuerpo, pero se acordó que el funcionario fuera a la comisión de Seguridad del cuerpo a brindar un informe. El 17 de este mes, Pepe expuso ante los concejales, admitió que la situación es crítica y también que falta "más coordinación" con el gobierno provincial.
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El secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, al exponer en la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante.
Foto: AGLP
Los concejales opositores propusieron que se declare la emergencia en seguridad pública por un año en la ciudad para que Alak pueda agilizar la toma de medidas y pidieron informes sobre el dinero que recaudó el municipio en concepto de "Contribución para seguridad", que se abona junto a la Tasa de Servicios Municipales (SUM) y cómo se gastó.