Tres agentes de la Policía Bonaerense fueron detenidos por torturas y humillaciones sexuales en la comisaría Segunda de Ensenada. Fue tras un motín en octubre.
Tres efectivos de la Policía Bonaerense fueron detenidos por su participación en actos de torturas y humillaciones sexuales durante el motín ocurrido en la comisaría Segunda de Ensenada en octubre de 2024. Los imputados, entre ellos la subcomisaria Adriana Ponce y el sargento Leandro Altamiranda, fueron arrestados por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata.
La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino tras los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2024 en Punta Lara. Los efectivos fueron acusados de aplicar medidas excesivas y desproporcionadas para controlar el levantamiento de los detenidos, lo que resultó en actos de violencia física y humillación.
El robo ocurrió durante la madrugada del jueves en Ensenada. Los ladrones huyeron con impunidad, ya que no sonó la alarma del negocio ni había personas cerca.
Mario Secco reapareció en público tras haber recibido el alta por la operación de su hombro. "La esperanza es nuestro gobernador Axel Kicillof", dijo.
Además, se falsificaron los informes oficiales para justificar la represión, lo que incluyó acusaciones falsas contra los detenidos.
Según la denuncia, entre 30 y 40 agentes de la Policía Bonaerense ingresaron a los calabozos durante la madrugada del motín, utilizando armas no letales y otros medios coercitivos como gases lacrimógenos y chorros de agua con gas pimienta.
La represión se desarrolló bajo condiciones de oscuridad total, tras interrumpir el suministro eléctrico en la zona de los calabozos.
Los detenidos fueron trasladados a una celda, donde sufrieron golpes y humillaciones. En este proceso, los policías aplicaron una técnica conocida como "puente chino" y realizaron agresiones sexuales, como frotar tonfas en las partes íntimas de los internos y simular penetraciones, lo que constituye una violación de los derechos humanos.
La CPM, que documentó los testimonios de las víctimas, afirmó que estos hechos no son un caso aislado. Desde 2019, el organismo ha documentado varias denuncias de torturas y maltratos en dependencias policiales de la provincia, incluida la comisaría de Berisso, donde uno de los imputados, Ángel Daniel Barrientos, ya tenía antecedentes por hechos similares.